Los firmantes recuerdan en la carta que los informes y las investigaciones de las organizaciones de la sociedad civil, deben ser independientes, no partidistas y de carácter no políticos, resalta la falta de pruebas en las que sustentas las acusaciones y exigen que HRW se retracte y revise el informe a fin de emitir un documento creíble.
En una carta abierta enviada a la junta de Directores de Human Rights Watch, más de 100 expertos de América Latina criticaron el reciente informe sobre Venezuela intitulado Una Década en virtud de Chávez: la intolerancia política y la pérdida de oportunidades para la Promoción de los Derechos Humanos en Venezuela, acusando que dicho documento «no cumple con las mínimas normas de imparcialidad».
Todos los firmantes son especialistas académicos de las universidades en los Estados Unidos, incluyendo Harvard, Johns Hopkins, y un número de universidades estatales, e instituciones académicas en Argentina, Alemania, Australia, Brasil, México, el Reino Unido, Venezuela y otros países.
A continuación el texto de la carta y la lista de firmantes:
December 16, 2008
Human Rights Watch
350 Fifth Avenue, 34th floor
New York, NY 10118-3299 USA
A la Mesa Directiva de Human Rights Watch,
Nos dirigimos a Ustedes para llamar su atención sobre un informe publicado por Human Rights Watch que no cumple ni siquiera con los más mínimos criterios académicos y de imparcialidad, certeza o credibilidad. El documento, Una Década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela , parece ser un ensayo políticamente motivado y no un informe sobre derechos humanos. Efectivamente, el autor principal del informe, José Miguel Vivanco, parece haber confirmado esto en sus declaraciones a la prensa unos días después de la publicación del informe: «Hicimos el informe porque queríamos demostrarle al mundo que Venezuela no es un modelo para nadie…» 1 .
Evidentemente, el Sr. Vivanco tiene derecho a tener su propia perspectiva sobre Venezuela, pero declaraciones como la anterior van en contra de la misión de Human Rights Watch y efectivamente, de cualquier organización dedicada a defender los derechos humanos. Al publicar un informe extremadamente erróneo, y al reconocer una motivación política para realizarlo, el Sr. Vivanco ha minado la credibilidad de una importante organización de derechos humanos.
Estas acusaciones no las hacemos ligeramente y esperamos que Ustedes entiendan la seriedad de estos graves errores de juicio. Como académicos que nos especializamos en América Latina, dependemos de lo que supuestamente son organizaciones independientes y no partidarias como Human Rights Watch para obtener información veraz sobre los abusos a los derechos humanos cometidos por los gobiernos y algunas veces por entes no gubernamentales. Lo mismo ocurre también con otros grupos que buscan información veraz, incluyendo a la prensa, funcionarios gubernamentales y el público en general. Es una gran pérdida para la sociedad civil cuando no podemos confiar más en que una fuente como Human Rights Watch conduzca investigaciones parciales y llegue a conclusiones basadas en hechos verificables.
En el informe se hacen dramáticas acusaciones sin el respaldo de pruebas que las justifiquen y en algunos, hasta sin argumentos lógicos. Por ejemplo, la acusación más importante y prominente del informe es que la «discriminación política ha sido una característica definitoria de la presidencia de Chávez» (p. 1). Sin embargo, el informe no muestra, o incluso intenta mostrar, que la discriminación ya sea se incrementó bajo el gobierno actual (en comparación con gobiernos anteriores), o es un problema más grave en Venezuela que en cualquier otro país del mundo.
¿Cuál es la evidencia que se ofrece en el informe para tan amplia generalización?
«En la mayoría de los casos, fue imposible probar que hubiera existido discriminación política-salvo raras excepciones, no se informaba a los ciudadanos los motivos por los cuales se tomaban las medidas-, si bien a muchas personas se les decía informalmente que perdían sus trabajos, contratos o servicios por haber firmado la petición de referendo [para revocar a Chávez]. Por ejemplo, en un caso denunciado a Human Rights Watch, se le negaron a una mujer de 98 años las medicinas que desde hacía tiempo recibía de una agencia de desarrollo estatal debido a que había firmado la petición de referendo, según le dijo a su familia el secretario del programa» (p. 23) (énfasis propio).
Considerando la parte de servicios primero, el párrafo anterior se refiere a una acusación sobre la negación de medicinas a una ciudadana venezolana por razones políticas. Sorprendentemente, ésta es la única instancia de supuesta discriminación en los servicios públicos citada en todo el informe de 230 páginas. En otras palabras, el programa Barrio Adentro les ha brindado servicios de saludo a millones de venezolanos pobres cada año desde 2003 y los autores encontraron una denuncia (según se le hizo a los autores en una conversación telefónica con el sobrino de la supuesta víctima) de discriminación que involucraba a una persona . En base a esto, los autores hacen la exagerada generalización de que los «ciudadanos que ejercieron su derecho de convocar a referendo-sobre la base de uno de los nuevos mecanismos de participación que Chávez defendió durante la redacción de la Constitución de 1999-fueron amenazados con sufrir represalias y con ser incluidos en listas negras para impedirles el acceso a empleos y servicios del gobierno» (p. 11, énfasis propio).
Esto es ultrajante y absolutamente indefendible. No esperamos que un informe de esta naturaleza se adhiera a las normas académicas más estrictas, pero tienen que haber ciertos criterios.
En relación a los empleos, no hay duda que se dieron casos en los que funcionarios gubernamentales individuales discriminaron en base a las creencias políticas de los empleados. (Se dieron también casos de discriminación y de despidos de empleados pro gobierno en el sector privado, que se mencionan en el informe en un paréntesis (p. 10 en la versión en inglés, omitida en la versión en español del informe) pero que no se investigan). Sin embargo, el informe no muestra que hubo cualquier esfuerzo organizado o sistemático para purgar al gobierno de empleados contrarios al gobierno. Efectivamente, como lo sabe cualquier persona familiarizada con el gobierno de Venezuela, después de casi diez años desde la elección del Presidente Hugo Chávez, la administración pública se encuentra llena de empleados que están en contra del gobierno.
El informe no demuestra si los despidos que ocurrieron, en ambos sectores privado y público, fueron simplemente resultado de acciones individuales en una sociedad altamente polarizada en la que la oposición se pasó al menos cuatro años (según el líder de oposición Teodoro Petkoff) 2 intentando desplazar al gobierno a través de un derrocamiento militar. Efectivamente, no es difícil imaginar que muchos de los funcionarios públicos, en un clima como ése, tomaran una actitud aprensiva en cuando a contratar individuos que estaban en contra del gobierno. El informe no considera esta probable causa de la discriminación observada. Es claro que esto no justificaría este tipo de discriminación, pero tampoco respaldaría las exageradas acusaciones de este informe, el cual intenta argumentar que el gobierno está utilizando su control sobre el empleo en el sector público para reprimir a la oposición política.
Efectivamente, la acusación más seria de discriminación en el empleo que el informe hace se refiere al caso en que la discriminación no fue basada en partidismo político, sino en relación a una subversión ilegal que ningún gobierno hubiese, ni debiese haber tolerado :
«Después del paro petrolero, PDVSA depuró su plantel de miles de trabajadores que habían participado en la huelga» (p. 32). Pero como cualquiera que estuvo en Venezuela en esos momentos puede atestiguar, ésta fue una huelga, de manera muy abierta, para derrocar al gobierno, lo cual había logrado la oposición menos de ocho meses atrás. El paro petrolero causó daños devastadores a la economía, la que perdió 24 por ciento del PIB en la recesión que surgió como resultado, y estuvo cerca de lograr sus objetivo una segunda vez.
El informe implica que los funcionarios públicos, en este caso los trabajadores en el sector petrolero, deben tener el derecho a organizar una huelga con el propósito de derrocar a un gobierno electo; nosotros no respaldamos esa perspectiva. Es particularmente dudoso cuando ese grupo de empleados representa menos del uno por ciento de la fuerza laboral y utiliza su control sobre un recurso estratégico – los ingresos petroleros representaban casi la mitad de los ingresos fiscales y el 80 por ciento de los ingresos por exportaciones – para paralizar la economía y revertir así el resultado de unas elecciones democráticas. La opinión de que una huelga como ésta es «legítima» no es compartida, según nuestros conocimientos, por cualquier gobierno democrático en el mundo 3 .
Pero más importante aún en cuanto a la credibilidad del informe de HRW, es profundamente engañoso por parte de los autores, argumentar que la «discriminación política es una característica definitoria» de un gobierno que no está dispuesto a arriesgarse a continuar empleando a individuos que han llevado a cabo un paro como éste.
La abrumadora dependencia del informe en fuentes de oposición de fiabilidad dudosa para material fáctico también debilita la credibilidad y le dificulta a la mayoría de lectores saber qué partes del informe son ciertas y cuáles no lo son. La fuente más citada en relación a la discriminación política es el periódico El Universal 4 . Dicha publicación no solamente es un periódico enérgicamente de oposición, sino que también ha fabricado repetidamente noticias, para los años en que es citado. Por ejemplo, en una típica fabricación del tipo utilizado para difamar a funcionarios públicos, El Universal reportó que el ministro de Interior y Justicia en ese entonces, Jessie Chacón, había obtenido una pintura por 140 mil dólares 5 . Esto resultó ser completamente falso. Existen muchos ejemplos de fabricaciones en El Universal , así como en otras fuentes de oposición citadas en el informe 6 .
Es preocupante que un informe sobre derechos humanos confíe excesivamente en fuentes de poca imparcialidad. ¿Sería tomado en serio un informe sobre derechos humanos en Estados Unidos si tuviera como fuente principal Noticias Fox o peor el periódico, The National Enquirer ? Efectivamente, este informe se adentra aún más en la zona de fuentes de poca fiabilidad y cita a un escritor de blogs con inestabilidad mental como una fuente (p. 22, pie de página 30). Ésta es una persona que gusta no solamente de generar fabricaciones frecuentemente y aboga por derrocar al gobierno de forma violenta, sino que también ha fantaseado públicamente sobre asesinar a sus enemigos políticos y arrojar sus cuerpos desde helicópteros sobre los barrios pobres y torturar a otros «vertiendo plata derretida en sus ojos» 7 .
Algo que resulta preocupante sobre la utilización de estas fuentes en el informe es que indica una falta de familiaridad con el tema, o aún peor, un prejuicio profundamente político que permite que los autores no vean ningún problema con estas fuentes. Efectivamente, solo se menciona brevemente que los periódicos El Universal y El Nacional , son periódicos de oposición y además, es una referencia al pasado 8 , la cual el lector podría entonces juzgar, con razón, ser irrelevante. Por otro lado, el informe se refiere al diario Últimas Noticias como uno que ha «apoyado, en gran medida, a Chávez y a su gobierno» (p. 81) y como un periódico popular «que es afín al gobierno» (p. 103). Éste es un periódico que a diario publica artículos que critican duramente al gobierno y según datos de encuestas en Venezuela, es visto como un periódico mucho más independiente que cualquier otro periódico importante. La perspectiva de los autores sobre los medios venezolanos parece reflejar la de la oposición venezolana de derecha, o la de la derecha estadounidense sobre los «medios liberales» en Estados Unidos.
Un prejuicio tan profundo como éste, en el que los eventos son interpretados más que todo a través de la visión de la oposición venezolana de derecha, es evidente a lo largo del documento: por ejemplo, cuando los autores describen a los grupos que contribuyeron a organizar y a apoyar el golpe de abril de 2002 como «nuevas organizaciones dedicadas a la defensa de la democracia y el estado de derecho» (p. 236).
Pero lo peor de utilizar en el informe fuentes de oposición como El Universal , El Nacional o Súmate, es que dichas fuentes se han dedicado a crear tantas fabricaciones que se han convertido en fuentes de poco fiables de información veraz.
En la discusión sobre los medios, el informe también pinta un panorama extremadamente exagerado de la realidad, al mismo tiempo que presenta algunas críticas válidas de las leyes y prácticas actuales. Se reconoce en pies de página bien enterrados entre el texto que la oposición aún domina en ambos tipos de medios, de televisión y prensa (pie de página 184, p. 86; pie de página 181, p. 84). Sin embargo, se le reprocha al gobierno de haber «logrado que la balanza de los medios de comunicación se incline, en forma significativa, a favor del gobierno» al crear canales de televisión pro gobierno desde el golpe en 2002, cuando «Chávez enfrentaba a casi
una totalidad de medios privados hostiles». Esta es una posición muy extraña para una organización de derechos humanos. Mientras que sería bueno si el gobierno pudiera crear canales de televisión que no tuviesen prejuicio alguno, ¿no es preferible tener algo de competencia entre los medios – proveniente de unos medios pro gobierno y con tendencias izquierdistas – que tener un monopolio privado de derecha y antidemocrático? Especialmente cuando dicho monopolio organizó, como nunca antes visto en la historia mundial, un golpe militar en contra de un gobierno democráticamente electo y lideró una huelga petrolera que casi derroca al gobierno por segunda vez? ¿Consideran los autores que ese tipo de monopolio mediático conlleva a una mayor protección de los derechos humanos en comparación a unos medios que son aún dominados por la oposición, pero que incluyen también a algunas otras fuentes de información?
El informe menciona repetidamente el peligro de la «autocensura», pero no muestra ningún ejemplo de que esto haya de hecho ocurrido. Ésa es una debilidad importante en su argumento, ya que no es tan difícil encontrar ejemplos de autocensura en respuesta a la presión del gobierno en, por ejemplo, los medios estadounidenses.
En las elecciones presidenciales de 2004, la corporación Sinclar Broadcast Group de Maryland, dueña de la cadena de televisión más grande de Estados Unidos, planeaba mostrar un documental que acusaba al candidato John Kerry de traicionar a prisioneros estadounidenses durante la guerra de Vietnam. La compañía les ordenó a sus 62 canales que mostraran el documental durante las horas de mayor audiencia justamente dos semanas antes de las elecciones. Diecinueve senadores demócratas enviaron una carta a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. ( http://leahy.senate.gov/press/200410/101504.html ) convocando a que se investigara esta propuesta de intervenir en la campaña por parte de Sinclair y algunos de ellos hicieron declaraciones públicas en las que afirmaban que la licencia para transmitir de la compañía estaba en riesgo de ser revocada si llevaba a cabo sus planes. Como resultado de esta presión, Sinclair se echó atrás y no transmitió el documental.
Este ejemplo es directamente relevante al informe de HRW sobre Venezuela porque muestra que para tener una licencia de transmisión en Estados Unidos y otros países democráticos, se espera que quien reciba dicha licencia siga ciertas reglas y no se convierta en un importante actor político al por ejemplo, intervenir en las elecciones. Como el mismo Vivanco ha señalado, «el no haber renovado el contrato [la licencia para transmitir], por si mismo, no es un asunto de libertad de expresión». Sin embargo, este informe cita la no renovación de la licencia de RCTV como un simple, y de hecho el más importante, ejemplo de los supuestos ataques del gobierno venezolano a la libertad de expresión. Para los autores, no parece ser importante que el canal haya participado en un golpe militar y otros intentos de derrocar al gobierno y que no recibiría una licencia para transmitir en cualquier país democrático.
El informe incluso insinúa que el gobierno es el culpable por ataques a periodistas, que han ocurrido en contra de periodistas opositores y pro gobierno. Los autores afirman que el canal de televisión, Globovisión, «ha recibido cartas de advertencia de CONATEL por el tono político de sus reportajes, se les ha negado frecuentemente la entrada a conferencias de prensa del gobierno y sus reporteros y camarógrafos han sido físicamente atacados y amenazados por simpatizantes de Chávez» (p. 117). Los autores no brindan evidencia alguna de que el gobierno ha justificado o apoyado en cualquier forma estos supuestos ataques.
No existen, prácticamente, medios en este hemisferio, y de hecho en la mayoría del mundo, que se asemejen a los medios en Venezuela por sus ataques vehementes, sin restricciones y hasta malintencionados, difamadores e incitadores de violencia, en contra del gobierno 9 . Mientras que el informe de HRW presenta algunas críticas válidas de las actuales leyes y de algunos casos de intervención injustificada por parte de funcionarios públicos, no sirve ningún propósito legítimo el esconder o distorsionar el estado verdadero de los medios venezolanos.
Lo mismo puede decirse del resto del informe, incluyendo cómo trata el tema del poder judicial 10 . HRW tiene la obligación de criticar cualquier ley o práctica del gobierno venezolano que perciba como peligrosa para los derechos humanos y les damos la bienvenida a las críticas válidas que formula en su informe. Pero el Sr. Vivanco ha minado gravemente la credibilidad de Human Rights Watch al producir un informe que, según él mismo lo admite, tiene motivaciones políticas, así como extremadamente exagerado, basado en fuentes de poca fiabilidad y formula acusaciones generalizadas y abrumadoras que no son respaldadas por la evidencia.
Es por eso que solicitamos que HRW retire y revise su informe para producir un documento con credibilidad. El Sr. Vivanco también debería retirar sus comentarios en relación a las motivaciones políticas del informe.
Sería un gusto para nosotros reunirnos con Ustedes para discutir más sobre este tema y le daríamos la bienvenida a un debate con el Sr. Vivanco en cualquier foro público que él desee, en caso esté dispuesto a defender su informe en público.
Esperamos que consideren estas solicitudes con la seriedad que ameritan. Nuestra carta no tiene la intención de justificar la decisión del gobierno venezolano de expulsar a los autores del informe de HRW del país. Los derechos humanos son muy importantes como para ser utilizados con intenciones políticas, como frecuentemente ha ocurrido cuando Washington señala a un gobierno como enemigo de estado. Es por eso que dependemos de organizaciones de la sociedad civil para información e investigaciones independientes, no partidarias y no políticas.
Atentamente,
1 «Venezuela no es modelo para nadie,» 21 de septiembre, 2008, El Universal. Dado que El Universal no es necesariamente una fuente confiable (ver más adelante), confirmamos que éstas son, de hecho, las palabras utilizadas por el Sr. Vivanco.
2 Petkoff describe la estrategia de la oposición como una que «abiertamente buscó una toma militar del poder» entre 1999 y 2003 y también escribe sobre cómo la oposición utilizó su control sobre la industria petrolera para derrocar al gobierno. «A Watershed Moment in Venezuela.» Inter-American Dialogue Working Paper (julio 2008).
3 Estados Unidos tiene varias leyes que hubiesen prevenido que una huelga como ésta se hubiese llevado a cabo en primer lugar y que hubiesen permitido el despido de los participantes e incluso el encarcelamiento de los organizadores.
4 Además de este periódico de oposición, la sección sobre la discriminación política cita extensivamente otras publicaciones de oposición (El Nacional, Tal Cual) y al grupo opositor Súmate.
5 http://www.eluniversal.com/2004/09/27/pol_art_chacon.shtml .
6 Algunos ejemplos adicionales: El 4 de agosto de 2004, El Universal publicó una noticia en primera página sobre una encuesta reciente que mostraba que el voto por el «Sí» en contra de Chávez estaba ganando y que habían «evidencias que indicaban la salida de Hugo Chávez de la presidencia». La encuesta resultó nunca haber existido.
7 Véase, http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/sep/01/friendsinlowplaces .
8 «Dos antiguos periódicos diarios-El Universal y El Nacional-realizaban críticas en forma constante, …» (p. 79).
9 Un ejemplo reciente es cuando el editor del diario El Nuevo País , Rafael Poleo, señaló en el programa de Globovisión, Aló Ciudadano , que «Hugo va a terminar como Mussolini, colgado y con la cabeza pa’bajo». Veáse http://www.youtube.com/watch?v=UeotfcwBLqI .
10 Para un recuento más detallado, pero aún no completamente exhaustivo, de las exageraciones, errores y omisiones del informe de HRW, véase Gregory Wilpert, «Smoke and Mirrors: An Analysis of Human Rights Watch’s Report on Venezuela». Venezuelanalysis.com , 17 de octubre, 2008. http://www.venezuelanalysis.com/analysis/3882.
Los firmantes de la misiva son:
1. Rodolfo Acuña, Professor, Chicano/a Studies, California State University, Northridge
2.Federico Álvarez, Professor Universidad Nacional Autónoma de México
3.Tim Anderson, Senior Lecturer in Political Economy, University of Sydney, Australia
4.Miguel Angel Herrera, Historia, Universidad de Costa Rica
5.Robert Austin, Ph.D, Honorary Fellow, School of Historical Studies, University of Melbourne
6.Márgara Averbach, Professor of Literatura, Universidad de Buenos Aires, Argentina
7.William Aviles, Associate Professor, Political Science University of Nebraska, Kearney
8.Mario Ayala, Programa de Historia Oral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
9.David Barkin, Profesor de Economía, Universidad Autonoma Metropolitana-Xochimilco
10.Carlos Beas, Activista Movimiento Indígena, Oaxaca-MEXICO
11.Alejandro Alvarez Béjar, Professor Economics Universidad Autónoma Nacional de México
12. Donald W, Bray, Professor Emeritus, California State University, Los Angeles
13. Marjorie Woodford Bray, Professor, Latin American Studies, California State University, Los Angeles
14. Charles Bergquist, Professor of History, University of Washington
15. Atilio A. Boron Director del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina
16. Chesa Boudin, Yale Law School
17. Clara Mantini Briggs, Associate Researcher, Demography, University of California, Berkeley
18. Charles Briggs, Professor Anthropology, University of California, Berkeley
19. Julia Buxton, Senior Research Fellow, Centre for International Cooperation and Security, Department of Peace Studies, Bradford University
20. Maria Emilia Caballero, Comité ’68 Pro Libertades Democráticas en México
21. Marisol de la Cadena, Associate Professor of Anthropology, UC-Davis, CA
22. José Calderon, Professor Sociology and Chicano/a Studies, Pitzer College
23. Hernán Camarero, Professor, Universidad de Buenos Aires, Argentina
24. Cristina Castello, Poeta y Periodista, Buenos Aires, Argentina
25. Ana Esther Ceceña, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
26. Eleonora Quijada Cervoni, School of Language Studies, The Australian National University
27. Julie A. Charlip, Professor, Department of History, Whitman College
28. Norma Stoltz Chinchilla, Professor of Sociology and Women’s Studies, California State University Long Beach
29. Christopher Clement, Visiting Professor Politics, Pomona College
30. Ron Chilcote, Professor Economics, University of California Riverside
31. Noam Chomsky, Professor of Linguistics, Massachusetts Institute of Technology
32. Antonia Darder, Professor Educational Policy and Latino Studies, University of Illinois, Urbana-Champaign
33. Michael Derham, University of Northumbria, School of Arts and Social Sciences
34. Monica Dias Martins, Professor Political Science, State University of Ceara, Brazil
35. Héctor Díaz-Polanco, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología (CIESAS)
36.Luis Duno, Associate Professor of Hispanic Studies, Rice University, Houston, TX
37. Steve Ellner, Professor Political Science, University of Oriente, Venezuela
38. Arturo Escobar, Kenan Distinguished Professor of Anthropology, UNC-Chapel Hill, NC
39. Raul Fernandez, Professor, School of Social Science, University of California Irvine
40. Sujatha Fernandes, Queens College, City University of New York
41. Bill Fletcher, Jr., Executive Editor, BlackCommentator.com
42. Gabrielle Foreman, Visiting Distinguished Professor of Africana Studies, Bowdoin College
43. Cindy Forster, Associate Professor History, Scripps College
44. Félix Hernández Gamundi, Comité ’68 Pro Libertades Democráticas en México
45. Raúl Alvarez Garín, Comité ’68 Pro Libertades Democráticas en México
46. José Francisco Gallardo Rodríguez, General Brigadier y Doctor en Administración Pública
47. Marco A. Gandásegui, (h) Professor, University of Panama
48. Lesley Gill, Professor and Chair of Anthropology, Vanderbilt University, Nashville, TN
49. Magdalena Gómez, Columnist, La Jornada
50. Gilbert Gonzalez, Professor School of Social Science, University of California, Irvine
51. Armando Gonzalez-Caban, Latin American Perspective
52. Jeffrey Gould, Professor of History, Indiana University.
53. Greg Grandin, Professor of History, Director of Graduate Studies, New York University
54. Angel Guerra, Journalist, La Jornada
55. Maria Guerra, Universidad Nacional Autónoma de México
56. Peter Hallward, Professor of Modern European Philosophy, Middlesex University, UK
57. Daniel Hellinger, Professor Political Science, Webster University
58. Ramona Hernandez, Director, CUNY Dominican Studies Institute & Professor of Sociology, The City College of New York
59. Derrick Hindery, Assistant Professor of International Studies and Geography, University of Oregon
60. Forrest Hylton, Ph.D. Candidate, History, NYU
61. Robin D. G. Kelley, Professor of History and American Studies
62. Misha Kokotovic, Associate Professor Department of Literature, UC San Diego
63. Maria Lagos, Associate Professor Emerita, Dept. of Anthropology, Lehman College, CUNY.
64. Sidney Lemelle, Professor of History, Pomona College
65. Deborah Levenson, Professor of History, Boston College
66. Nayar López Castellanos, Universidad Autónoma de la Ciudad de Mexico
67. Gilberto López y Rivas, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Regional Morelos
68. Florencia E. Mallon, Julieta Kirkwood Professor of History, University of Wisconsin-Madison, WI
69. Luis Martin-Cabrera, Assistant Professor, UCSD
70. Jorge Mariscal, Professor, Literature, University of California, San Diego
71. Peter McLaren, Professor, Graduate School of Education and Information Studies, University of California, Los Angeles
72. Frida Modak, Chilean Journalist
73. Daniel Molina, Comité ’68 Pro Libertades Democráticas en México
74. José Mollet, Profesor Asistente y escritor, Director del Centro de Investigaciones Socioculturales, Instituto de Cultura del Estado Falcón, Venezuela
75. Carlos Montemayor, Writer
76. Maricarmen Montes, Nuestra América
77. Josefina Morales, Investigadora UNAM, México
78. Luis Hernández Navarro, Journalist
79. Fabio Gabriel Nigra, Assistant Professor of History, Universidad de Buenos Aires, Argentina
80. Enrique Ochoa, Professor, Latin American Studies, California State University, Los Angeles
81. Elizabeth Oglesby, Department of Geography, University of Arizona
82. Jocelyn Olcott, Department of History, Duke University Press
83. Mercedes Olivera, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
84. Mark Overmyer -Velazquez, Associate Professor of History, University of Connecticut
85. José Herrera Peña Centro de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
86. Rebeca Peralta, Nuestra América
87. Salvador E. Morales Pérez, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
88. Hector Perla, Assistant Professor Latin American and Latino Studies, University of California, Santa Cruz
89. John Pilger, journalist and documentary film maker
90. Deborah Poole, Professor, Anthropology, Johns Hopkins
91. Carlos Walter Porto Goncalves Professor do Programa de Pós-graduacáo em Geografia da
Universidade Federal Fluminense
92. Pablo A. Pozzi, Professor of History, Universidad de Buenos Aires, Argentina
93. Vijay Prashad, Professor, International Studies, Trinity College
94. Gerardo Renique, City College, City University of New York
95. William Robinson, Professor Sociology, University of California, Santa Barbara
96. Victor Rodriguez, Professor, Chicano Latino Studies, California State University, Long Beach
97. René Patricio Cardoso Ruiz, Director en Estudios Latinoamericanos, Investigador Nacional I del SIN, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de México
98. Jan Rus, Latin American Perspectives
99. Emir Sader, Secretario Ejecutivo de CLACSO, Sociólogo, Argentina
100. Miguel Tinker Salas, Professor of History, Pomona College
101. Rosaura Sanchez, Professor, Literature, University of California, San Diego
102. John Saxe-Fernández, Essayist, México
103. Alejandro M. Schneider, Assistant Professor of History, Universidad Nacional de La Plata, Argentina
104.Enrique Semo, Professor of Economics, Universidad Nacional Autónoma de México
105.T.M. Scruggs, Associate Professor, Ethnomusicology
106. Jose Steinsleger, Mexican Writer and Journalist
107. Beatriz Stolowicz, Universidad Autónoma Xochimilco
108.Oliver Stone, Filmmaker
109. Sinclair Thomson, Professor History, New York University
110.Steven Topik, Professor, History, University of California, Irvine
111. Jorge Turner, Universidad Nacional Autónoma de México
112. Carolina Verduzco, Comité ’68 Pro Libertades Democráticas en México
113.William H. Watkins, Professor, College of Education, Univ. of Illinois, Chicago
114. Mark Weisbrot, Co-Director, Center for Economic and Policy Research
115.Dr Stephen Wilkinson Assistant Director International Institute for the Study of Cuba London Metropolitan University
116.Gregory Wilpert, Ph.D, Adjunct Professor of Political Science, Brooklyn College
117. John Womack, Professor, History, Harvard
118. Nahirana Zambrano, Professor of American Studies, University of the Andes, Venezuela