A cuatro años de la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, los resultados son negativos para la economía del país y especialmente para el sector rural, según la Coordinadora de ONG y Cooperativas (COONGCOP). Una publicación de la organización titulada Impactos de la Imposición del TLC-CAUSA y […]
A cuatro años de la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, los resultados son negativos para la economía del país y especialmente para el sector rural, según la Coordinadora de ONG y Cooperativas (COONGCOP).
Una publicación de la organización titulada Impactos de la Imposición del TLC-CAUSA y el modelo económico Neoliberal, señala que la balanza comercial con EEUU sumó un saldo negativo de 406 millones de dólares en el 2006, año en que entró en vigencia y el crecimiento de las importaciones fue más sostenido que el de las exportaciones.
El país también perdió soberanía alimentaria como resultado de la liberalización arancelaria de los granos básicos, tanto por DR-CAFTA como por los convenios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
De acuerdo con cálculos del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales (IDEAR) en los últimos años un 90 por ciento del consumo de arroz nacional proviene de las importaciones y un 70 de maíz amarillo; para el consumo de trigo se depende casi de un 100 por ciento.
Como resultado la economía nacional se vio afectada con la crisis de los precios internacionales de alimentos, que tuvieron su más alto crecimiento a mediados de 2008 y aunque a partir de esa fecha comenzaron a bajar, el consumidor no percibió una diferencia en los precios.
La producción campesina no sólo ha sufrido la liberalización comercial sino la falta de apoyo estatal; las cifras de las últimas encuestas agropecuarias muestran muy bajo crecimiento del número de productores a partir de la entrada en vigencia del DR-CAFTA.
El número de mujeres productoras también se ha reducido del 5.3 por ciento entre 2006 y 2007, lo que lleva a pensar que las nuevas dinámicas agrícolas están excluyendo a un grupo de la población.
De cara a esta realidad se hace esencial cumplir los acuerdos que se han venido consensuando en el diálogo por el desarrollo rural que incluye una revisión de los Tratados y Acuerdos Comerciales, Internacionales señaló la organización.
Según la CONGCOP uno de los aspectos fundamentales, es que los alimentos básicos, como insumo principal de la canasta básica alimentaria, son bienes públicos y no deben someterse a las normas del mercado, para evitar que sean vulnerables a los impactos de las crisis mundiales y pongan en riesgo el derecho a la alimentación de la población guatemalteca.