Pongamos que se ha demostrado que una persona es culpable de quemar miles de hectáreas de bosque, y que cómo recompensa por ello las autoridades le nombran responsable del equipo de guardabosques, al cargo de evitar futuros fuegos. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Quizás las autoridades se hayan vuelto locas? Bueno, quizás las autoridades saben algo que […]
Pongamos que se ha demostrado que una persona es culpable de quemar miles de hectáreas de bosque, y que cómo recompensa por ello las autoridades le nombran responsable del equipo de guardabosques, al cargo de evitar futuros fuegos. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Quizás las autoridades se hayan vuelto locas?
Bueno, quizás las autoridades saben algo que el resto de los humanos ignoramos, pero eso es lo que acaban de ratificar los jefes de estado de la Unión Europea al respaldar unánimemente la propuesta de ampliar los fondos del FMI, para que éste esté a la cabeza de las medidas de recuperación de la crisis. Lo que la UE, el G20 y otras autoridades expertas en finanzas internacionales ignoran, o prefieren ignorar, es el papel que el FMI ha jugado en la explosión de la crisis financiera. El FMI ha impuesto durante años, a través de las condiciones que siempre adjunta a sus préstamos, políticas de liberalización financiera a todos sus «clientes». Estas políticas, junto a otras de liberalización comercial y ajuste económico, han ido destruyendo la capacidad de los estados del Sur de controlar lo que las entidades financieras (generalmente extranjeras) hacían en sus países, al promover un esquema de libre-mercado y auto-regulación también en el sector financiero; han dejado sin capacidad a los gobiernos de definir sus políticas monetarias, al promover la privatización total del sector bancario, incluyendo los bancos centrales de numerosos países; han permitido, e incluso fomentado, el fraude fiscal y la proliferación de paraísos fiscales; han promovido la extrema dependencia de los países del Sur, al promover un sistema productivo (agrícola e industrial) basado casi únicamente en la exportación, de manera que en el momento en que los clientes del Norte han entrado en recesión y han dejado de comprar, la caída de los ingresos en el Sur ha sido mayúscula. Este tipo de medidas han sido impuestas por el FMI tanto a economías emergentes como Brasil o Sud-África, a países en transición como los de Europa del Este, a países de rentas medias como Ecuador o Indonesia, o a países altamente empobrecidos como Haití o Malí.
En definitiva, el FMI es uno de los principales responsables de dejar a los países del Sur en una situación de extrema debilidad ante los altibajos del sistema capitalista. Una situación que ahora se releva dramática, pues estos países están sufriendo ahora las consecuencias de una crisis que no han generado. Pero también es uno de los principales responsables de que, en los últimos 60 años, los países del Norte hayan podido definir a su gusto las economías del Sur, allanando el camino para que las empresas transnacionales de los países ricos expoliaran recursos, explotaran trabajadores y acumularan suculentos beneficios con sus inversiones y negocios en el Sur. Y quizá es esto último, y no la nula capacidad del FMI para velar por la estabilidad del sistema financiero o los graves impactos económicos, sociales y ambientales que el FMI y sus «recomendaciones» han provocado en los países el Sur y sus ciudadanos, lo que ha hecho que los países de la Unión Europea hayan acordado reforzar ahora ésta deslegitimada y antidemocrática institución. Quizás es más provechoso que el pirómano siga quemando bosques, que perder la posibilidad de seguir acumulando beneficios a costa de los más pobres.
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