En la última reunión del G-20, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Nicolas Sarkozy acentuaron una postura ampliamente extendida hoy en gran número de gobiernos de los países miembros de la Unión Europea (UE) que sostiene que tales gobiernos no tienen que aumentar el gasto público para estimular la economía (tal como […]
En la última reunión del G-20, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Nicolas Sarkozy acentuaron una postura ampliamente extendida hoy en gran número de gobiernos de los países miembros de la Unión Europea (UE) que sostiene que tales gobiernos no tienen que aumentar el gasto público para estimular la economía (tal como les proponía el presidente de EEUU, Barack Obama) más de lo que ya hacen, pues -según ellos- se gastan en tal estímulo cantidades semejantes a las propuestas por el Gobierno federal de EEUU. Tal postura apareció también en las declaraciones del presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, quien indicó que los países de la UE están ya gastando, como promedio, un 3,3% del PIB de su país en estimular sus economías, un porcentaje semejante al de EEUU, que dijo ser un 4% del PIB. Según Barroso, tales cantidades serán suficientes para evitar el aumento del desempleo en la UE.
Los datos, sin embargo, no confirman esta lectura optimista de la realidad económica en la Unión Europea. La Organización Internacional del Trabajo (The International Labor Organization, ILO) acaba de publicar un informe en el que analiza cómo los países están estimulando sus economías a partir de nuevas intervenciones públicas. Una de ellas es en ayudas a los bancos con el objetivo de resolver el problema de escasez de crédito. Sorprenderá al lector saber que muchos de los países de la Unión Europea (incluyendo España) se gastan, en términos proporcionales, cantidades mayores en ayudar a la banca que EEUU (Alemania se gasta el equivalente a un 19,8% de su PIB en tal capítulo; Francia un 19%; Gran Bretaña un 28,6% y España un 14,3%, cantidades mayores que lo que se gasta EEUU, donde tales ayudas representan el 5,1% del PIB).
De estos datos podría deducirse que la banca tiene incluso más influencia política en la UE que en EEUU, lo cual aparece también en otros dos indicadores: los intereses bancarios son seis veces más altos en la UE (1,5%) que en EEUU (0,25%), y un objetivo prioritario del Banco Central Estadounidense (el Federal Reserve Board) es el de estimular la economía y crear empleo, en contraste con el objetivo prioritario del Banco Central Europeo, que es controlar la inflación.
El informe ILO señala que otra manera de estimular la economía es mediante la reducción de impuestos o la transferencia de fondos públicos a la ciudadanía. La primera de estas medidas es preferida, en general, por los partidos de sensibilidad liberal, y tiene un impacto estimulante menor, pues la gran mayoría de la población (que está profundamente endeudada) utiliza estos fondos más para pagar sus deudas que para consumir y así estimular la demanda, la cual está muy reducida como consecuencia del descenso de la masa salarial en la mayoría de los países ricos (OCDE).
En realidad, una de las medidas más potentes para estimular la economía es aumentar los salarios. Ya el presidente Roosevelt aprobó la Wagner Act (que estableció los sindicatos en EEUU) a fin de facilitar el incremento salarial que su Administración consideró como un requisito para salir de la Gran Depresión. Siguiendo la misma lógica, el presidente Obama apoya ahora una nueva ley propuesta por los sindicatos estadounidenses que les reforzaría en su petición de incrementar los salarios. En la Unión Europea, por el contrario, la propuesta más común de los estados miembros de la UE (hoy gobernada en su mayoría por partidos conservadores y liberales) ha sido la de pedir la congelación salarial.
Además de tales medidas, ILO analiza las intervenciones públicas de creación de empleo público y/o privado mediante la inversión en infraestructura física y productiva y en servicios del Estado del bienestar -no sólo en educación, sino también en sanidad, servicios sociales y otros-, que aumentan la protección y cohesión social (y la productividad, punto que ha escapado hasta ahora a los economistas del Gobierno español). Según el informe ILO, la inversión que estimula la creación de empleo a base de aumentar tal tipo de inversión es menor en los países de la Unión Europea que en EEUU. Alemania ha invertido un 2,8% de su PIB en tal tipo de inversiones; Francia un 1,1%; Gran Bretaña un 1,3% y España sólo un 0,8%. En EEUU el gasto hecho y propuesto es mucho mayor: un 5,6% del PIB. Este tipo de estímulo es el más efectivo para crear empleo. Esta medida, junto con la ayuda a las empresas (como las automovilísticas y las de energías renovables), son aportaciones más bajas en la UE que en EEUU.
Esta desagregación de los distintos componentes del llamado estímulo económico es importante para no mezclar peras con manzanas y venderlas todas como si fueran nueces. Como bien dijo Poul Nyrup Rasmussen, presidente del Partido Socialista Europeo, en su crítica a Barroso, «la Unión Europea, bajo el dominio de fuerzas conservadoras y liberales, no se gasta, frente a la crisis, un 3,3% para crear empleo. Sólo un 1,1%».
El consenso de Bruselas, que es la versión europea del consenso liberal de Washington, ha seguido unas políticas de freno del gasto público con disminución de impuestos y limitaciones en el tamaño del déficit fiscal del Estado, que han sido responsables de que el desempleo en Europa (que había sido más bajo que en EEUU desde la II Guerra Mundial) incrementara (siendo hoy mayor que en EEUU) a partir del desarrollo de tales políticas que ahora obstaculizan la resolución de la crisis.
En EEUU, el consenso de Washington se ha debilitado con las políticas domésticas de la nueva Administración que, aún siendo insuficientes e incluso erróneas en algunas áreas (como en las ayudas a la banca), significan un paso progresista importante. La Unión Europea debería distanciarse también del consenso de Bruselas, que todavía domina las políticas económicas de nuestro continente.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra