Los más de cuatro millones de parados; 800.000 personas en sólo tres meses; según datos de la última Encuesta de Población Activa, muestran cómo la crisis económica se está cebando con los más desprotegidos; y cómo en España el mercado laboral se caracteriza precisamente por su flexibilidad, y no por lo contrario. En nuestro país […]
Los más de cuatro millones de parados; 800.000 personas en sólo tres meses; según datos de la última Encuesta de Población Activa, muestran cómo la crisis económica se está cebando con los más desprotegidos; y cómo en España el mercado laboral se caracteriza precisamente por su flexibilidad, y no por lo contrario. En nuestro país es sumamente sencillo despedir a los trabajadores. Para ello basta con no renovar sus contratos porque más de un treinta por ciento son de carácter temporal. Y ese fenómeno de destrucción de empleo ya se está produciendo a toda velocidad. La propia ministra de Economía, Elena Salgado, reconocía recientemente que con estos datos sobre la mesa no se puede decir en ningún caso que el despido sea caro o complicado en España.
Con todo, y a pesar de que el presidente Rodríguez Zapatero ha reiterado su negativa a acometer cualquier reforma laboral en este momento, argumentando que los trabajadores están pagando ya las consecuencias de la crisis, continúan las presiones de quienes persiguen flexibilizar todavía más el mercado laboral. Así, la CEOE propone ahora como receta una modalidad de contratos, denominados eufemísticamente «indefinidos no fijos», que permitirían despedir a los empleados con sólo siete días de antelación y una indemnización exigua, después de dos años. También los ideólogos, disfrazados de técnicos, del Fondo Monetario Internacional han pedido ya la consabida moderación salarial (en épocas de bonanza también lo hacen), echar freno el gasto público, así como rebajar y unificar los costes del despido, porque «de esta forma se reduciría la segmentación del mercado laboral entre fijos y temporales»; igualando por debajo, añado yo. Y así hasta llegar a David Taguas, vergonzosamente conocido por la increíble velocidad alcanzada en trasladarse desde la Oficina Económica de Moncloa hasta SEOPAN (la patronal de las grandes constructoras), y que también quiere aportar sus «novedosas» ideas al debate. Además de incrementar los impuestos indirectos (todo sea por no subírselos a quienes más tienen), «hay que acabar con un modelo laboral en el que los empleados fijos tienen mucha seguridad y los eventuales, ninguna»; sentencia, o lo que es lo mismo: su plan se basa en empeorar las condiciones laborales de los trabajadores con contrato estable, en lugar de mejorar la situación de aquellos que son temporales, en su mayoría jóvenes.
Estas recetas, que parecen salir de un mismo molde; como bizcochones fabricados en serie, todos de igual tamaño, olor y sabor, contrastan con las planteadas en un recomendable artículo, publicado en Rebelión, por el catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, Vicenç Navarro, quien pide al Gobierno español la aplicación de políticas de expansión del gasto público, porque ahora es el momento de acometer cambios económicos de difícil aplicación en una situación normal. Navarro recomienda parecidas recetas a las que está ejecutando el presidente Obama en EE.UU, invirtiendo en infraestructuras, en estimular nuevas industrias y expandir el estado de bienestar, destinando más fondos a servicios sociales, sanidad o educación, porque es la manera de generar empleo en sectores en los que nuestro país nunca ha alcanzado la media de gasto público de la UE. Obama ya ha aumentado los impuestos a los más ricos, y anulado algunas de las exenciones fiscales de las que disfrutaban. Y, para evitar que la crisis la paguen los más desfavorecidos, no le ha importado alcanzar un déficit fiscal del 12%. Pero no es el único: también los socialdemócratas alemanes proponen incrementos de la carga fiscal a los más ricos, rebajas a las personas con menores ingresos y tasas sobre las operaciones especulativas, entre otras medidas que no hacen recaer el coste de la situación económica sobre los trabajadores, sino sobre las capas sociales más favorecidas. Evidentemente no hay una única receta para mitigar los efectos de la crisis; de lo que se trata sencillamente es de priorizar los sectores de población a quienes se quiere defender.