Justicia Global presentó, el pasado día cuatro, en la 42ª Sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, el informe «La Criminalización de la Pobreza – Un Informe sobre las Causas Económicas, Sociales y Culturales de la Tortura y de Otras Formas de Violencia […]
Justicia Global presentó, el pasado día cuatro, en la 42ª Sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, el informe «La Criminalización de la Pobreza – Un Informe sobre las Causas Económicas, Sociales y Culturales de la Tortura y de Otras Formas de Violencia en Brasil».
Realizada en cooperación con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Movimiento Nacional de Niños y Niñas de la Calle (MNMMR, por su sigla en portugués), la publicación aborda las causas estructurales de la violencia en Brasil. Entre las cuestiones abordadas por el documento, se destacan: violencia policial y milicias; violencia contra las mujeres; situación del sistema penitenciario brasilero; y persecución a los defensores de derechos humanos y movimientos sociales.
Según Rafael Dias, investigador de Justicia Global, el documento hace un análisis nacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, enfocándose principalmente en los estados de Pernambuco y Río de Janeiro. Para él, el documento presenta una visión más rica de la actual situación en Brasil.
De acuerdo con el investigador, el objetivo de la presentación del informe en Ginebra es hacer que a las autoridades brasileras se les reclame por esas violaciones de esos derechos. «El informe pretende conseguir que al Estado se le reclame internacionalmente por esas prácticas [de violación de derechos]», afirma.
Rafael Dias explica que, además de avaluar en forma general las violaciones de derechos, el informe muestra cómo el Estado utiliza la violencia. Según el investigador, uno de los principales problemas en Brasil es la seguridad pública. Para él, el proceso de violencia parte del Estado al criminalizar a los pobres.
Rafael cita como ejemplos de esa criminalización a las milicias de Río de Janeiro, la persecución de los movimientos sociales y el accionar de la policía brasilera. «La policía actúa en forma diferente en relación con ricos y pobres. Con los pobres es más violenta», destaca.
Además de los análisis, el documento presenta una serie de recomendaciones para el Gobierno Brasilero propuestas por especialistas y víctimas de la violencia, tales como: la promoción y la protección de todos los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales; igualdad para las mujeres; y la no discriminación.
Las organizaciones brasileras que están en Ginebra se reúnen hoy con miembros del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para discutir sobre la situación de Brasil presentada en el informe. En los próximos días 6 y 7 de mayo, el Comité de la ONU evaluará el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) por parte del gobierno brasilero. En la ocasión, autoridades y representantes del Estado divulgarán un documento oficial y expresarán sus aclaraciones sobre el informe presentado por Justicia Global.
La publicación «La Criminalización de la Pobreza – Un Informe sobre las Causas Económicas, Sociales y Culturales de la Tortura y de Otras Formas de Violencia en Brasil» está disponible en el sitio web: www.global.org.br.