Al manifiesto de hace pocas semanas en el que cien economistas pedían al Gobierno una nueva modalidad de contrato único con un despido más barato, le han contestado ahora quinientos profesores y catedráticos de Economía, Derecho y Sociología del Trabajo, quienes en otro manifiesto (mucho menos reproducido) rebaten el anterior desde la lógica y la […]
Al manifiesto de hace pocas semanas en el que cien economistas pedían al Gobierno una nueva modalidad de contrato único con un despido más barato, le han contestado ahora quinientos profesores y catedráticos de Economía, Derecho y Sociología del Trabajo, quienes en otro manifiesto (mucho menos reproducido) rebaten el anterior desde la lógica y la ética. Y no se trata de una simple cuestión numérica: quinientos suman más que cien (aunque junto a los cien se posicionen como un solo hombre los empresarios, los partidos políticos defensores de sus intereses y sus repetidores mediáticos), sino cualitativo. Porque, si la crisis es financiera, producto de la especulación y la avaricia, ¿por qué su coste va a recaer sobre quiénes no la han provocado, esto es, sobre los trabajadores?
En este Manifiesto se aboga por extender la protección por desempleo y por destinar recursos públicos al cambio de modelo productivo antes que recurrir a los despidos. Los profesores consideran «indecente pretender desplazar a los trabajadores una parte sustancial de los costes de la crisis». Porque esta simplificación del régimen de contratación, que la CEOE promueve con contratos para «indefinidos no fijos» (algo tan contradictorio como la «flexi-seguridad»), provocaría una «precariedad generalizada»; aunque más bien -creo yo- la ahondaría, porque los estudios demuestran que en España se ha instalado ya el fenómeno del trabajador pobre. Así, el «6º Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2008» de la Fundación Foessa revela que «por primera vez en las últimas cuatro décadas ni la desigualdad ni la pobreza se han reducido en un contexto de crecimiento económico». Y añade: «frente a la idea extendida de que la mejor forma de favorecer el bienestar es mediante el crecimiento económico y la creación de empleo, la experiencia española desdice tal estereotipo».
La Fundación alerta sobre el alto número de pobres transitorios o trabajadores en condiciones de precariedad. Porque la flexibilidad laboral, tan elevada a los altares, incide directamente en el bienestar de las familias. Algo sobre lo que también habla el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, Juan Torres, en Rebelión, quien sostiene que el empleo ya no garantiza condiciones que permitan la plena inclusión de los trabajadores en la vida social, porque hay un elevado número de éstos que forman parte del colectivo de población pobre, en un proceso de empobrecimiento que se muestra en la constante pérdida de peso de los salarios en la distribución de la renta en España. Entre 1996 y 2006 la participación de los salarios en el PIB ha pasado del 56,4% al 46,4%, a pesar de incrementarse el número de trabajadores; en casi igual periodo, las empresas españolas aumentaron sus beneficios un 73% y los costes laborales lo hicieron sólo un 3,7%. Es fácil deducir, pues, hacia dónde se ha trasvasado la renta.
En el manifiesto se pide un cambio profundo del modelo productivo frente al actual, apoyado en el trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado. «Es ahora -insisten- cuando la innovación y la formación tienen la posibilidad de convertirse en el auténtico motor de la economía». Y en esta línea incidía hace poco en «El País» la profesora de Política Económica de la Universidad de Barcelona, Carme Massana, quien explicaba cómo el excedente empresarial no se ha utilizado en la modernización de la estructura productiva, y así igualar la competitividad española a la de la Unión. Los países europeos con salarios más altos tienen tasas de competitividad más elevadas, pues son un acicate para la innovación y la obtención de productos con mayor valor añadido. En España, los empresarios han destinado el excedente a inversiones especulativas y a reestructurar plantillas (jubilaciones anticipadas y despidos), recurriendo a contratos temporales por resultar menos costosos y flexibles, haciendo desaparecer la formación dentro de las empresas. Entonces, pregunto: ¿hacia dónde debemos caminar?, ¿quiénes deberían pagar los platos rotos?
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