Este domingo pasado el periódico El País publicaba una entrevista a la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, de esas que no tienen desperdicio. De entre todas las respuestas que podrían extraerse de esa entrevista me quedo con una que creo que resulta muy expresiva de la continuidad en las posiciones ideológicas mantenidas por […]
Este domingo pasado el periódico El País publicaba una entrevista a la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, de esas que no tienen desperdicio.
De entre todas las respuestas que podrían extraerse de esa entrevista me quedo con una que creo que resulta muy expresiva de la continuidad en las posiciones ideológicas mantenidas por los sucesivos ministros que han ocupado esa cartera durante los últimos gobiernos del partido socialista.
Y es que a la pregunta concreta del periodista de si «¿Vuelve a ser de izquierdas subir los impuestos?», la ministra responde con dos perlas de esas de las que gusta recopilar mi amigo Pascual Serrano.
De entrada responde que «lo que es de izquierdas es tener los recursos suficientes para mantener la protección social». Y se queda tan pancha. No parece darse cuenta de que con esa declaración está dejando al desnudo los fundamentos de la política fiscal de su gobierno durante los últimos años. Una política que, precisamente, no puede ser catalogada de izquierdas.
Y no puede serlo porque se trata de una política que se ha centrado en convencer a la ciudadanía de su carácter progresista aludiendo básicamente a la preservación del gasto social pero que, sin embargo, en la vertiente de los ingresos públicos es cada vez más regresiva. De forma que, mientras que defiende su condición socialista aludiendo a la relativa importancia del gasto social, calla que esos recursos los ha allegado realizando reformas fiscales conservadoras que gravan proporcionalmente más a las rentas medias y bajas que a las altas.
Así, aunque no puedo negarle a la ministra que mantener e incrementar el gasto social no sea una política de izquierdas, lo que sí puedo rebatirle es que financiar ese gasto mediante un incremento de la imposición indirecta a costa de reducir la directa (vía reformas en el IRPF o supresión del Impuesto sobre el Patrimonio) sea una política de izquierdas.
Pero es que, además, aún centrándonos en el capítulo de los gastos sociales, siempre se le puede reprochar a este gobierno el limitado esfuerzo realizado durante los años de crecimiento económico que han precedido a esta crisis al no aplicar políticas fiscales de la suficiente potencia redistributiva como para alterar significativamente la distribución de la renta y la riqueza en este país. Por el contrario, optó por reformas impositivas que implicaban disminuciones de los recursos públicos disponibles y, con ello, eliminaba el margen de maniobra para promover incrementos del gasto social que permitieran reducir el diferencial que nos distanciaba de Europa en esa materia.
De esa forma, la apuesta por una política fiscal que buscaba incrementar la renta disponible para los ciudadanos vía reducciones impositivas en detrimento de los ingresos públicos, justificada sobre el eslogan simplista de que «reducir impuestos era de izquierda», se encuentra en la base de que, según los datos de Eurostat más recientes (para el año 2006), España dedicara 5.163 estándars de poder adquisitivo per cápita mientras que la media de la Unión Europea a 15 era de 7.278 estándars, por no hablar de los casi 9.100 que dedica Holanda, los casi 9.000 de Suecia o los 8.200 de nuestros vecinos galos.
Y es que no debemos ocultar que, durante estos años, el gasto en protección social en España, aunque ha crecido en términos absolutos, no lo ha hecho si se valora en términos de porcentaje del PIB. Así, en el año 2000 el porcentaje del gasto social en el PIB era del 20,3%; en 2004, cuando inicia su primer mandato Rodríguez Zapatero, ese porcentaje era del 20,7% y, dos años después, a pesar del intenso crecimiento del producto, el gasto social sólo se había incrementado hasta el 20,9%.
Si comparamos el porcentaje que, por término medio, dedican a gasto social como porcentaje del PIB los países de la UE-15 durante esos mismos años de referencia, nos encontramos con el sorprendente dato de que, mientras que en el año 2000 la diferencia era de 6,5 puntos (el porcentaje medio en la UE-15 era de 26,8%), en el año 2006 esa diferencia era de 6,6 puntos (con un porcentaje medio de 27,5%), esto es, una décima más.
Creo que es evidente que no se puede seguir manteniendo, sobre la base del planteamiento simplista de que ser de izquierdas es aumentar el gasto social, que nuestro gobierno socialista es más de izquierdas que la media de los gobiernos europeos que integran la Unión Europea a 15 miembros dado que estos han aumentado en mayor medida su gasto social en porcentaje del PIB que España.
¿Será disléxica la ministra de Economía?
Pero, además, no contenta con lo que acababa de decir, la ministra continuaba su respuesta con esta reveladora afirmación: «Y tenemos un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que no sé si es de izquierdas o de derechas pero que hay que cumplir». Eso se llama tener las cosas claras.
Resulta revelador que nuestra ministra no sepa si el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, impuesto como complemento en materia de política fiscal a la cesión de soberanía sobre la política monetaria a un banco central independiente en el proceso de creación del euro, es o no una política de izquierdas.
Sin embargo, yo no creo que haya que tener una formación especialmente avanzada en materia económica ni un excesivo criterio político-ideológico (bastaría, creo, con el que se le debe suponer a quien ocupa una cartera ministerial) para saber que ese Pacto es profundamente conservador.
Y es que una regla de política fiscal de esa naturaleza, que limita la capacidad de los gobiernos para incurrir en déficit fiscal o para incrementar su nivel de deuda pública en relación al PIB para financiar ese déficit, es conservadora, en primer lugar, porque impide la aplicación de políticas fiscales contracíclicas en momentos de recesión económica, como el que estamos viviendo. Incurriendo, además, en la contradicción de sancionar monetariamente -o, al menos, así está establecido y debería aplicarse- a aquellos Estados que mantengan esos desequilibrios precisamente cuando su situación económica se encuentra debilitada.
Pero, sobre todo, es profundamente conservadora porque trata de expulsar a la política del ámbito de las decisiones económicas, negando a los gobiernos la posibilidad de gestionar políticamente las finanzas públicas y sustituyendo la discrecionalidad por el automatismo y la política por la tecnocracia.
De esa forma, en el mismo sentido de lo que se consiguió con la concesión generalizada de independencia para los bancos centrales, este tipo de medidas limitadoras de la capacidad discrecional de aplicar políticas por parte de los gobiernos viene a consolidar la expulsión de la política del ámbito de la economía; una expulsión muy querida en los planteamientos neoliberales cuyos fundamentos ha conseguido sepultar esta crisis. Se consigue, así, restringir la capacidad de decisión y gestión política en una materia tan sensible, desde el punto de vista del ejercicio de la soberanía popular, como es la fiscal: la capacidad para establecer y recaudar impuestos y decidir políticamente el uso y destino de los mismos.
Pues bien, parece que la nueva ministra de Economía de este gobierno socialista no sabe distinguir si una medida que cortocircuita la toma de decisiones democrática como fundamento de la política económica y que se ha revelado, además, como tremendamente inoperante es de izquierda o de derechas. Al menos Solbes lo tenía claro y no lo ocultaba.
Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.