El artículo 31.1 de la Constitución española dice «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad». Las políticas fiscales desarrolladas tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista (Rato, Solbes, Sochaga, Boyer….) apenas […]
El artículo 31.1 de la Constitución española dice «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad».
Las políticas fiscales desarrolladas tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista (Rato, Solbes, Sochaga, Boyer….) apenas se han diferenciado. Su objetivo siempre ha sido bajar el mayor número de impuestos directos y aumentar los indirectos y mantener nuestro sistema social entre los últimos de Europa. Con la creencia de que esto aumenta la competitividad siguiendo el modelo norteamericano, lo cual es un error, pues las economías más competitivas son las que mayores impuestos tienen y las que más desarrollado es el estado del bienestar. Cuando quieran señores de la CEOE lo analizamos y comprobamos y dejen de decir tonterías, cual verdades absolutas, como cuando su presidente Ferrán dice que no debería haber ningún impuesto.
Esta disminución de impuestos directos, va unida a una mayor regresividad marcada por la bajada de los tramos altos de las rentas del IRPF y del capital que han permitido en España unos niveles de riqueza en las clases pudientes jamás vistos, mientras que las más desfavorecidos cada vez pagan más. En este sentido, son esclarecedoras los palabras el presidente norteamericano Roosvelt cuando dijo «Hasta ahora sabíamos que la excesiva acumulación de riquezas, resultado de la avaricia, era un mal moral. Ahora ya sabemos que es también un mal económico»
La consecuencia de esta política practicada tanto por el PP como por el PSOE ha provocado que por ejemplo en la década de 1996-2006, los beneficios empresariales aumentaron un 37% en la Unión Europea de los Quince, mientras que los beneficios empresariales en España en esta década fueron del 73%.
Otros aspectos llamativos de esta política ha sido que la masa salarial de la zona euro era del 71% en el año 1992 y pasó al 62% en el año 2005. En España, en el año 1992 la masa salarial significaba el 72% y en el año 2005 era del 61% con la pérdida que esto representa para los trabajadores, teniendo en cuenta que el número de los mismos ha aumentado en estos años en cinco millones.
La CEOE siempre emplea de forma equivocada y malintencionada la carestía de los costes empresariales españoles para pedir reformas laborales y así ganar en competitividad. Los datos del periodo 1999-2005 lo desmienten, los costes laborales crecieron en la zona euro un 18,2%, mientras que en España fue del 3,7%.
¿Es esto justo?
El pensamiento neoliberal ha trabajado durante años a través de su prensa en hacer una valoración negativa de los IMPUESTOS, haciendo ver que estos son una cargada pesada. Para los progresistas los impuestos son un instrumento de redistribución de la riqueza de un país y permite crear sociedades más justas socialmente. Los neoliberales plantean cuanto menos Estado mejor y los progresistas cuanto más Estado social mejor. Si queremos una sociedad justa e igualitaria, dentro de la división social que genera el capitalismo, debemos defender sin matices la necesidad de unos fuertes impuestos directos y sobre todo que haya una intensa progresividad.
El sistema fiscal español es pues totalmente regresivo y alejado de cualquier justicia social, lo que hace que la función redistributiva del Estado este a la cola de Europa.
Si la política fiscal de Zapatero busca favorecer a los ricos lo esta haciendo muy bien. El problema de Zapatero es que éstos ni siquiera se lo agradecen. Si su planteamiento fuera hacer una política fiscal progresista y de izquierdas para así potenciar el estado del bienestar, lo hace muy mal pues obtiene únicamente el dinero de las clases medias y populares.
La subida del IVA (impuesto indirecto) grava a las clases medias y populares y no a la ricas. La retirada de los 400 euros perjudica a las clases populares y fue una medida electoral sin ninguna justificación económica, ocurrencia del ingenioso ministro Sebastián de conocida incompetencia y neoliberal. El gravamen sobre los ahorros y dividendos perjudica a las clases medias. Sr Zapatero si esto es una política fiscal de izquierdas entonces estamos con el mundo al revés. Como dice Harry Frankfurt «los políticos no mienten, sólo que la verdad no forma parte de su horizonte mental».
¿Qué debería ser una política fiscal progresista?
La primera medida fiscal importante a tomar es la lucha contra el FRAUDE. Se calcula que esté asciende continuamente y ronda el 25% y se produce en las clases ricas siendo esto una de las mayores injusticias fiscales.
Se debería conseguir que la Iglesia tribute como un organismo más, como reclama la Unión Europea y terminar de una vez con los privilegios que tiene. Acabar con la llamada ley Beckam, para que todos los deportistas y otros entes paguen al mismo nivel que otros países y que España deje de ser el paraíso fiscal que tanto el PP como el PSOE han conseguido para determinados grupos.
Modificar la actual regulación fiscal de las SICAV, que mueven 27.000 millones de euros. En primer lugar, que las SICAV vuelvan a estar controladas por la Inspección de Hacienda y no por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues esto genera una impunidad fiscal escandalosa. En segundo lugar, modificar el nivel del gravamen del actual 1% y que tenga el mismo nivel que las retenciones de dividendos. No hay derecho que las grandes fortunas de los Florentinos, Botines…….. paguen el 1% y los trabajadores el 23%.
Volver a restaurar el impuesto del patrimonio que absurdamente elimino Zapatero en una de sus numerosas estupideces económicas. Debe tener una nueva regulación para evitar que quien deba pagar se escape por rendijas legales como sucedía anteriormente.
Una reforma del IRPF donde aumenten los gravámenes superiores y en la misma medida bajen los inferiores. Conseguiríamos así una mayor progresividad y justicia social con el principio de que pague el que más tiene.
Reducir al mínimo el gasto superfluo e innecesario es un principio positivo y que comparte la mayoría social. En los presupuestos generales hay casi 30.000 millones de euros que se dedican a subvencionar actividades empresariales, que no aportan nada a nuestra economía. Sirva como ejemplo los 2.800 millones de euros dedicados a políticas activas de empleo y que tanto empresarios como sindicatos reconocen su nula utilidad. Cuando los empresarios hablan de austeridad presupuestaria lo que quieren es que disminuya el estado del bienestar pero no los 150.000 millones dedicados a la banca para que después paguen sueldos millonarios y encima nos dan lecciones de ética.
Desde el pensamiento progresista se ve necesario que la presión fiscal aumente, pero en la línea anteriormente marcada, con el objetivo de conseguir un mejor estado social (se debería invertir más de 70.000 millones de euros anuales para estar al nivel de la Unión Europea), poder incrementar el gasto público y estimular la economía.
Debemos oponernos a la política y al discurso de Zapatero que tiene una retórica de izquierdas y una práctica de derechas. Debemos oponernos con la misma energía a los planteamientos ultramontanos de la política económica del PP de Rajoy que solo busca favorecer a los ricos a los cuales sirve humildemente.