Pese a que Colombia tiene un Producto Interno Bruto de 150.000 millones de dólares y cuenta con enormes riquezas minerales, más de 22 millones de los 41 millones de sus habitantes viven en la pobreza lo cual se ha agudizado con la crisis económica mundial y la política neoliberal llevada adelante por el gobierno de […]
Pese a que Colombia tiene un Producto Interno Bruto de 150.000 millones de dólares y cuenta con enormes riquezas minerales, más de 22 millones de los 41 millones de sus habitantes viven en la pobreza lo cual se ha agudizado con la crisis económica mundial y la política neoliberal llevada adelante por el gobierno de Álvaro Uribe.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) anunció a mediados de 2009 que la economía del país había entrado en recesión y que pese a los diez años anteriores de crecimiento, los resultados no beneficiaron a la mayoría de la población.
La crisis económica mundial, la profunda política neoliberal impulsada por el gobierno y las agresivas acciones contra Venezuela al permitir la instalación de bases norteamericanas en el territorio, han acrecentado las dificultades de los colombianos.
Ante las tensiones provocadas, Venezuela optó por reducir los pasos por la frontera con Colombia lo que ha reducido el comercio entre las dos naciones que se situaba entre los 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales.
Congresistas y senadores estadounidenses se han opuesto a sancionar el Tratado de Libre Comercio con Colombia debido a los asesinatos de sindicalistas y líderes opositores, así como las constantes violaciones de los derechos humanos en la nación andina.
Con el anhelo de convencer a los opositores al TLC, el presidente Uribe, sus ministros y empresarios han viajado en múltiples ocasiones a Washington, mientras el gobierno de Bogotá impulsó la privatización en todos los sectores y por último abrió su territorio a las tropas y aviación norteamericana.
En junio pasado, Álvaro Uribe expuso en Washington las bondades del TLC para ambos países, en una entrevista sostenida con el presidente Barack Obama, quien antes de llegar al poder se oponía al Tratado.
Un informe de la UNICEF reveló que en Colombia, 5 000 niños mueren cada año por causas relacionadas con la desnutrición y agrega que el problema del hambre va más allá pues se evidencia un bajo nivel de efectividad en términos de romper las tendencias crecientes de pobreza e inseguridad alimentaria.
Esta situación, añade, pone de relieve la incapacidad política y técnica del gobierno para utilizar los recursos jurídicos, humanos y financieros de manera efectiva.
Otro documento de Naciones Unidas emitido en septiembre de 2009, indica que unos 22 millones de colombianos padecen hambre y que ese flagelo crece más rápido en ese país que en algunas regiones de África.
Datos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) señalan que en poblados como Nabusimake, la anemia afecta al 75% de los niños.
Durante el gobierno de Uribe, los desplazamientos obligatorios de campesinos y trabajadores del campo de las denominadas zonas de guerra, alcanzan a más de un millón de personas, las cuales se convierten en nuevos indigentes en diferentes urbes.
La situación en el campo se agudiza por la abismal desigualdad social existente pues el 1% de la población controla más del 50% de la tierra.
Mientras 3 de 4 campesinos se encuentran en la pobreza, en la ciudad se extreman las privatizaciones, una de las exigencias de Estados Unidos para llegar a concretar el TLC.
El Estado concluyó o está en negociaciones para la venta de las empresas eléctricas de Boyacán, Pereira, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Meta y Termocandelaria.
Ya se negociaron las acciones estatales financieras en el Banco Popular y el Colpatria. En este último la Estadounidense General Electric adquirió gran parte de las acciones.
Las privatizaciones se extienden no solo a las industrias, minería e inmobiliaria, sino también a los servicios de agua potable, alcantarillado, la salud, los seguros y la educación.
Recientemente, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz alertó sobre los riesgos que entrañan los TLC al considerar que aumentan las desigualdades sociales y agudizan la pobreza.
Stiglitz refirió que después de suscribirse en 1994 el Tratado firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, los salarios de los aztecas son más bajos, la pobreza rural aumento en esa nación y la desigualdad en general creció.
Para tratar de contrarrestar los cantos de Sirena con respecto a esos convenios, el premio Nobel enfatizó que «un TLC no es un TLC. Es sólo una denominación y en Washington hay costumbre de poner el nombre contrario a las cosas».
Con la economía estancada, el país envuelto en un conflicto armado que al parecer no tiene fin, con alto grado de inseguridad por las acciones del narcotráfico y los paramilitares, el presidente Uribe y su gabinete solo piensan en concluir el TLC con Estados Unidos y para ello también han entregado su territorio a las tropas norteamericanas.
No cabe dudas que más temprano que tarde, el TLC entre Bogotá y Washington será una realidad.
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