El 18 de marzo de 2010 concluyó en Cuba, La Habana, el IV E NCUENTRO INTERNACIONAL DE ABOGADOS LABORALISTAS Y DEL MOVIMIENTO SINDICAL EN DEFENSA DEL DERECHO LABORAL Y LASEGURIDAD SOCIAL, realizado en el Hotel Nacional, con representación de toda América Latina.El plenario reafirmó el ideario de la construcción de una sociedad planetaria de inclusión social, […]
El plenario reafirmó el ideario de la construcción de una sociedad planetaria de inclusión social, bien como los principios fundantes constitutivos de la Carta Sociolaobral de ALAL – Asociación Latinoamericana de Abogados laboralistas, visando la libre circulación de los trabajadores en un mundo sin fronteras, con la elaboración de una legislación supranacional y de jurisdicción internacional, garantizándose los derechos laborales y asistenciales, de reciprocidad.
El Manifiesto de apoyo a la Carta fue leído y aprobado por unanimidad en la sesión de cierre del Congreso de cuño internacional con la presencia de 250 participantes de 16 países (120 personas de 15 países): Inglaterra, España, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, Puerto Rico, Ecuador, Panamá, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, además de las representaciones diplomáticas que se hicieron presentes al evento, Ecuador y Noruega]. Lea la íntegra del Manifesto de apoyo a la Carta Sociolaboral Latinoamericana.
MANIFIESTO DE LA HABANA
LA CARTA SOCIOLABORAL LATINOAMERICANA
COMO RESPUESTA A LA GLOBALIZACIÓN Y A LA CRISIS CAPITALISTA
El 23 de octubre del año 2009, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), aprobó la llamada «Declaración de México», proponiendo al movimiento obrero organizado y a los gobiernos de la región, la sanción de una «Carta Sociolaboral Latinoamericana».
En ese documento se describe con crudeza la crisis del sistema capitalista, no por el intento de salvataje de bancos y empresas mediante la transferencia de billones de dólares de las arcas estatales a los grupos financieros, sino, entre otras cosas por los más de mil millones de seres humanos que padecen hambre y desnutrición en el mundo, según la FAO.
Decíamos en esa oportunidad que la verdadera crisis del actual orden social y económico mundial es la tremenda desigualdad social que ha generado, empujando a la pobreza y a la marginación a enormes sectores sociales, e incluso a países y regiones enteras del planeta, situación que se ve agravada por la impúdica ostentación de riqueza que hacen las minorías privilegiadas. Conforme a las pautas de una sociedad materialista, consumista e insolidaria.
Efectivamente la humanidad está pasando por una crisis planetaria, pero no como consecuencia de hechos inevitables de la naturaleza, sino como resultado de una situación catastrófica provocada por la ciencia al servicio del capitalismo, en un camino que nos está llevando a un callejón sin salida. A la degradación humana de la dominación y a la explotación, hay que agregarle la degradación ecológica del planeta.
Por eso esta crisis no es otra crisis cíclica del capitalismo. No, es una crisis de civilización que pone en cuestión los pilares mismos del sistema. Mientras los sectores sociales dominantes pretenden avanzar por el mismo camino, con la misma lógica y la misma racionalidad, los laboralistas proponen pensar lo alternativo.
Esta cruda descripción de la realidad no es producto del pesimismo, o de la desesperanza de los excluidos, ni de la tristeza de los dominados, sino el punto de partida para plantear a nuestros pueblos la imperiosa necesidad de construir un proyecto emancipador.
El reconocimiento de la existencia de un proceso globalizador sin precedentes, que provoca profundas tensiones en el mundo del trabajo, es la base necesaria para poder elaborar una respuesta desde los intereses populares. Ya que es evidente que a un capitalismo global sólo se lo puede enfrentar con una lucha a escala también global. El internacionalismo que planteaba en sus albores el movimiento sindical, deja de ser una consigna solidaria para transformarse en una dramática necesidad estratégica de esta coyuntura histórica, donde reviste especial importancia mantener la memoria histórica como instrumento de combate de la sociedad civilizada a favor de los derechos humanos y en rechazo a la impunidad y la criminalización de las luchas sociales y sindicales.
Desde su lugar, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (A.L.A.L.) propuso en la Declaración de México pasar del plano de la retórica y la declamación, al de la adopción de los cursos de acción necesarios para alcanzar una efectiva integración latinoamericana, apoyada en dos pilares fundamentales: a) los trabajadores y su absoluta identidad de intereses, y b) una región del planeta que presenta características únicas para concretarla. América Latina tiene:
• Un común origen ibérico;
• Lenguas idénticas o semejantes;
• Predominio de una misma religión;
• Idénticas corrientes migratorias; y
• Una historia política similar.
A ello debe sumarse, en la coyuntura, un escenario político que difícilmente pueda repetirse, con la presencia de gobiernos populares y progresistas en muchos de los países de la región.
La integración no se puede reducir a la creación de un bloque económico regional, sino debe ser tal integración que logre superar esa visión mercantilista que se limita a discutir aranceles o la eliminación de barreras aduaneras.
Es una integración que se haga cargo de todo lo que identifica y une a los pueblos de Latinoamérica, cuyo destino común es indiscutible. Lo que está en debate, en todo caso, es quienes diseñarán ese destino. Lo harán los intereses vinculados al capital transnacional, como históricamente ha ocurrido, o nosotros. Así de simple.
Se trata, entonces, de rechazar cualquier proyecto de una mera unidad regional económica, que seguramente nos llevará a un capitalismo dependiente, y proponer una auténtica integración social, política y cultural, cuyo diseño y ejecución sea realizado con la participación de todos los sectores sociales y, en particular, de los trabajadores.
En consecuencia, los abogados laboralistas latinoamericanos y demás participantes en el XIV Congreso Centroamericano y del Caribe de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y IV Encuentro Internacional de Abogados Laboralistas y del Movimiento Sindical postulamos que el primer paso de ese proceso de integración sea la aprobación y promoción de una Carta Sociolaboral Latinoamericana, que establezca un piso común e inderogable de derechos laborales, el cual debería ser como una valla infranqueable para los permanentes intentos del neoliberalismo de destruir los derechos y las conquistas sociales de los trabajadores.
La Carta Sociolaboral Latinoamericana actuará como legislación supranacional, a la que deberá ajustarse el derecho interno de cada país, contendrá normas plenamente operativas y directamente aplicables, bajando a la realidad muchos derechos y garantías que ya existen en nuestras Constituciones, pero que carecen de efectividad. Además desalentará el dumping social y la especulación de los capitales que buscan ventajas competitivas, trasladándose a aquellos países que ofrecen una mano de obra barata.
Pero no se trata solamente de establecer una trinchera defensiva. Los abogados laboralistas plantean algo mucho más ambicioso: la construcción de un nuevo paradigma de relaciones laborales de cara al siglo XXI. La integración antes mencionada debe tener como objetivo evitar que el neoliberalismo extremo que se ha impuesto en Chile, Perú, Colombia y otros países de la región latinoamericana siga arrasando con el trabajo por lo que aunaremos nuestros esfuerzos para orientar a los trabajadores de los estados con gobiernos neoliberales en la ruta hacia la defensa del derecho del trabajo, especialmente del derecho colectivo, única manera de hacer contención al neoliberalismo que constituye la transición del estado al mercado.
La Declaración de México de la A.L.A.L. desarrolla en veinte puntos los principales derechos y garantías que debería contener la Carta Sociolaboral Latinoamericana, los que podríamos resumir en los siguientes principios fundamentales:
• Libre circulación y radicación de los trabajadores en el espacio comunitario, con igualdad de derechos y sin discriminación en razón de la nacionalidad.
• Derecho a un trabajo decente considerado como jornada laboral uniforme, derecho al descanso diario, semanal y anual, remuneración justa, seguridad social y con estabilidad, o sea con efectiva protección contra el despido sin justa causa.
• Democratización de las relaciones laborales, de forma tal que el trabajador, ciudadano en la sociedad, también lo sea en la empresa.
• La Seguridad Social debe ser responsabilidad indelegable del Estado, prohibiéndose la participación de operadores que actúen con fin de lucro.
• Derecho a la organización sindical libre y democrática.
• Derecho a la negociación colectiva y a la huelga, sin restricciones reglamentarias.
• Derecho a una Justicia Laboral especializada que, con celeridad, permita hacer efectivos los derechos de los trabajadores.
Siendo todos estos derechos y garantías muy importantes, debemos destacar que consideramos el derecho al trabajo como el fundamental, porque es un derecho sin el cual los demás pasan a ser letra muerta. Es uno de los derechos que integran la base misma de una especie de Pacto Social, no escrito pero claramente asumido por los actores sociales.
Podemos afirmar que un derecho de semejante importancia, que constituye una de las bases del Contrato Social que sostiene al sistema capitalista, debió ser reconocido con un marco de continuidad y seguridad. En otras palabras, de estabilidad. La incorporación de este derecho en los textos constitucionales sólo puede interpretarse como una respuesta a esa demanda.
Si la estabilidad laboral es, de hecho, una condición para el ejercicio de los demás derechos laborales, ya que quien tiene una inserción precaria en la empresa tiene escasas posibilidades de defenderlos, arribamos entonces a la conclusión que aquel Contrato Social debió garantizar a los trabajadores, no solo derecho a un empleo, sino derecho a un empleo estable.
En el orden social y económico vigente, la estabilidad laboral es una exigencia de la naturaleza humana. Representa para el trabajador la única posibilidad de tener un proyecto de vida, o sea poder pensar en el futuro a partir de un piso estable, de manera tal que la satisfacción de necesidades aún no cumplidas esté referida a un mañana sentido como esperanza.
Por ello el derecho al trabajo, reconocido por innumerables tratados internacionales, es un derecho humano fundamental y debe ser intensamente tutelado. Protección que debe funcionar tanto frente al Estado, como frente a los particulares. Esta garantía significa que el Estado debe generar políticas que permitan alcanzar el pleno empleo. Pero los empleadores, a su vez, deben abstenerse de privar al trabajador de su empleo, si no existe causa justa.
Esta nueva crisis del sistema capitalista, que otra vez hace recaer sus consecuencias sobre las espaldas de los trabajadores, con la destrucción masiva de empleo y la eliminación de derechos, nos hace pensar que ha llegado el momento de establecer en Latinoamérica una auténtica protección contra el despido sin causa.
Hay que salir definitivamente de los sistemas vigentes en nuestros países que sancionan el despido arbitrario con el pago de una indemnización. Esta visión puramente mercantil del valor del trabajo, que mide el despido en términos de costos, es incompatible con el reconocimiento de que el trabajo es, en la sociedad moderna, condición de ciudadanía. Por lo tanto su pérdida constituye una inadmisible degradación de la condición de ciudadano del trabajador.
El derecho al trabajo está directamente vinculado con la subsistencia del trabajador y su familia. En consecuencia, está emparentado con el derecho a la vida, que es el primero de los derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, proteger este derecho implica, necesariamente, reconocer que el trabajador tiene el derecho a no ser privado de él injustamente.
El reconocimiento de este derecho podría entrar en colisión con otros derechos consagrados en nuestras Constituciones, como el derecho de propiedad y el de libertad de contratación del empleador. Sin embargo, no hay la menor duda que tienen diferente jerarquía, y que la contradicción entre derechos de contenido patrimonial y derechos humanos fundamentales, debe resolverse a favor de estos últimos.
Resumiendo: no podemos continuar denunciando las lacras y miserias del sistema capitalista, sin ofrecerle a nuestros pueblos un proyecto alternativo. Un paso en esa dirección es comenzar el proceso de integración latinoamericana, que es un imperativo que emana de nuestras propias raíces. Es el mandato incumplido de los próceres de las luchas por la Independencia.
Desde el mundo del trabajo un buen comienzo sería establecer para todos los trabajadores latinoamericanos un cuerpo de derechos laborales fundamentales, plenamente operativo y directamente aplicable, como la Carta Sociolaboral Latinoamericana que propone la A.L.A.L.
Parece una utopía, un sueño, pero bien ha dicho el Quijote de la Mancha que «el sueño de uno es apenas un sueño. El sueño de muchos es el comienzo de una realidad».
La ALAL y demás organizaciones internacionales y nacionales reunidos en la Ciudad de La Habana los días 16, 17 y 18 de marzo de 2010, invitan a soñar con la construcción de la Patria Grande, a través de este Manifiesto que se aprueba como culminación de los Congresos antes mencionados.
La Habana, 18 de marzo de 2010.
[Publicados na página web da ABRAT – Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (www.abrat.adv.br)].
*********
Lea también la Carta Sociolaboral Latinoamericana aprobada en México en octubre del 2009, com SUS principios fundantes a una sociedad sin fronteras, con libre circulación de los trabajadores, com derechos recíprocos asegurados, por una legislación supranacional regida por una jurisdicción internacional.
DECLARACIÓN DE MÉXICO
CARTA SOCIOLABORAL LATINOAMERICANA
HACIA UNA SOCIEDAD PLANETARIA CON INCLUSIÓN SOCIAL
Los abogados laboralistas latinoamericanos, representantes de las asociaciones y agrupaciones adheridas a la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS (ALAL), reunidos en la Asamblea General Ordinaria celebrada en la ciudad de México el 23 de octubre de 2009, aprueban por unanimidad la siguiente declaración:
El sistema capitalista está pasando por una de sus peores crisis, ya que los coletazos de la debacle financiera se han trasladado al resto de la economía mundial. Una de sus peores consecuencias es el flagelo del desempleo, que rompe varios récords en muchos países. La propia Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) ha reconocido que la crisis ha barrido con millones de puestos de trabajo. Durante el corriente año 61 millones de personas fueron empujadas hacia la desocupación, y en el mundo hay 241 millones de desempleados, lo que representa la mayor cifra de la historia. En Estados Unidos, por ejemplo, el desempleo ha llegado casi al diez por ciento, la cifra más alta en varias décadas.
En su resolución «Para recuperarse de la crisis: un Pacto Mundial para el Empleo», la O.I.T. dice que la crisis económica mundial «ha puesto al mundo ante una perspectiva prolongada de aumento de desempleo y agudización de la pobreza y la desigualdad», a la vez que pronostica que, según enseñan experiencias anteriores, la recuperación del empleo sólo se alcanzará «varios años después de la recuperación económica». Este organismo internacional reconoce en su documento que «El mundo debería ser diferente después de la crisis», y mejor, agregamos nosotros.
Pero pecaríamos de ingenuos si pensáramos que la crisis del orden social y económico que está vigente en la inmensa mayoría de los países del planeta, se soluciona salvando a los bancos de la ruina, mediante la transferencia de billones de dólares aportados, en definitiva, por los contribuyentes de cada país. Más ingenuo aún es pensar que la solución pasa por una mayor regulación de los mercados financieros mundiales, medida absolutamente necesaria, pero también absolutamente insuficiente para alcanzar ese «mundo diferente» que propone la OIT.
La verdadera crisis del sistema capitalista son los más de mil millones de seres humanos que, según la FAO, padecen hambre y desnutrición. La crisis es el cuarenta por ciento de la población mundial que sobrevive con menos de dos dólares por día. Es el trece por ciento que no tiene acceso a fuentes de agua limpia y el treinta y nueve por ciento que no tiene agua corriente ni baño en su casa. El sistema está en crisis por la tremenda desigualdad social que ha generado, permitiendo que el veinte por ciento de los habitantes del planeta se queden con el setenta y cinco por ciento de la riqueza, mientras que el cuarenta por ciento que ocupa la base de la pirámide social sólo posee el cinco por ciento. Está en crisis porque, por ejemplo, mas de la mitad de la población del mundo no tiene acceso a un sistema de salud adecuado.
Está en crisis, en definitiva, porque produce ricos cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más pobres, no como una consecuencia no querida, sino como resultado natural y lógico de los principios y valores en los que se apoya. Esta tremenda desigualdad social se ve agravada por la impúdica ostentación de riqueza y poder que hacen las minorías privilegiadas. Sectores sociales dedicados al consumismo y al disfrute y que viven en la abundancia, que no tienen el menor pudor de exhibir su afán inmoderado de placeres frente a los que sufren miseria, indigencia y exclusión social.
El capitalismo ha generado una sociedad materialista e insolidaria, que no se conmueve frente a las situaciones radicalmente injustas que ella misma promueve de manera vergonzosa e inhumana. Un individualismo abyecto que todo lo ordena y subordina al provecho propio, avasallando sin culpa los derechos de los demás. Una clase social, particularmente en Latinoamérica, que es minoritaria pero rica y poderosa, y que monopoliza la producción, el comercio y las finanzas, aprovechando en su propia comodidad y beneficio todas las riquezas. Que goza de una enorme influencia en todos los poderes del Estado, y que la utiliza para mantener sus privilegios y reprimir toda amenaza a ellos. No en pocos países latinoamericanos un puñado de familias son propietarias de todos los bienes y riquezas, empujando a la pobreza y a la marginación a la inmensa mayoría del pueblo.
Es claro, entonces, que el capitalismo, en cuanto a la pretensión de todo orden social de ser justo, ha fracasado. Pero la caída del muro de Berlín y el colapso del llamado «socialismo real» ha dejado un vacío que aún no ha podido ser ocupado: la ausencia de un modelo social alternativo, apoyado en principios y valores diferentes. Y en esto somos nosotros, los abogados y abogadas laboralistas, los que estamos en mora con nuestros pueblos.
Sin lugar a dudas ha llegado el momento de dejar a un lado las actitudes defensivas y de decir lo que no queremos, para pasar a la etapa de comenzar a diseñar ese nuevo orden social, justo y solidario que nuestros pueblos merecen. Para ello es preciso convencernos que no hay nada que autorice a pensar que el sistema social vigente ha alcanzado una hegemonía total y definitiva. La ideología dominante nos ha querido convencer de que con el neoliberalismo la historia había llegado a su fin, y que cualquier cuestionamiento a ella era absurdo e irracional. La crisis actual del sistema capitalista prueba la falsedad de este slogan.
Pero es claro que entre el fracaso de un modelo social y su reemplazo por otro hay un largo trecho. Una cosa es tomar conciencia del agotamiento del modelo neoliberal, y otra muy distinta es ofrecer una alternativa creíble y convocante. Para ello tenemos que establecer con claridad los principios fundantes del nuevo orden social que anhelamos, elaborando una agenda concreta y realista de políticas e iniciativas. Un proyecto de cara al siglo XXI, que coloque al trabajador en el centro del escenario, que acabe con el flagelo del desempleo, que proponga una equitativa distribución del ingreso, que profundice la democracia y que baje a la realidad la justicia social.
A tal efecto, la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS hace tiempo que viene proponiendo la construcción de un nuevo paradigma de relaciones laborales, que constituya un piso inderogable para todos los trabajadores latinoamericanos. Una respuesta global a una crisis global del sistema capitalista. Una Carta Sociolaboral para Latinoamérica, como paso previo a una Constitución Social planetaria.
No hay otra región del mundo en la que existan mejores condiciones para un efectivo proceso de integración social, económica y política. Sin embargo, estamos en mora en el cumplimiento de algo que es un imperativo que emana de nuestras propias raíces históricas y culturales, con el que soñaron todos nuestros próceres. Poderosos intereses económicos internacionales, y la colonización cultural de nuestras clases dirigentes, explican este fenómeno.
Pero Latinoamérica tiene un destino común, tal como lo demuestran los similares procesos históricos vividos desde hace seis siglos. La feroz ofensiva neoliberal contra los derechos de los trabajadores, que todos nuestro países sufrieron en la década del ’90, debería ser una prueba mas que suficiente de la necesidad imperiosa de integrarnos para establecer una estrategia de resistencia a nuevos intentos de dominación y explotación que seguramente se avecinan, y para construir un modelo alternativo al vigente.
Hay un escenario político en Latinoamérica excepcional. Con sus distintas realidades y contradicciones, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, viven procesos políticos que con mayor o menor intensidad apuntan a reemplazar el modelo social de los `90.
La Carta Sociolaboral para Latinoamérica deberá establecer, en primer lugar, la libre circulación de personas, eliminando cualquier discriminación por razones de nacionalidad. Y debe fijar un denominador común en el nivel de protección de los derechos de los trabajadores, que actuará como un dique de contención frente a nuevos ataques que contra ellos intentará el neoliberalismo, quizás vestido con nuevos ropajes con los que pretenda disimular sus lacras y miserias.
Proponemos una legislación laboral supranacional, que contenga normas plenamente operativas e inmediatamente aplicables, para no repetir la triste experiencia de nuestros pueblos, de derechos y garantías constitucionales que se enuncian clamorosamente pero que jamás se bajan a la realidad.
La Carta Sociolaboral Latinoamericana deberá consagrar el derecho a un empleo digno como un derecho humano fundamental. Un sistema de economía capitalista de acumulación privada ofrece un solo camino, a quienes no son titulares de los medios de producción, para acceder al consumo de supervivencia: el alquiler de su fuerza de trabajo para obtener una remuneración, que posteriormente pueda trocar por bienes y servicios. Esto significa que, por un lado, el trabajador se encuentra cautivo del sistema y, por otro lado, que éste sólo puede aspirar a un mínimo de legitimidad social si les garantiza a todos los trabajadores un empleo con una remuneración digna.
El ordenamiento jurídico, que pretende ser un sistema de organización social justo y de convivencia en paz, deberá, en consecuencia, garantizar a los trabajadores un empleo estable que les posibilite tener un proyecto vital, o sea la posibilidad de construir un plan de vida que les permita pensar, a partir de un piso firme, en un futuro sentido como esperanza.
De esta premisa se desprenden varios derechos laborales que, repetimos, son derechos humanos fundamentales. En primer lugar el derecho al trabajo, que comprende el derecho a no ser privado de él sin justa causa. En segundo lugar la garantía de percepción de la remuneración, de la que se deriva la obligación de todos los que en la cadena productiva se benefician con el trabajo ajeno, de responder solidariamente ante la falta de pago. Ello sin perjuicio de la obligación de los Estados de crear fondos especiales para cubrir una eventual insolvencia patronal. Una remuneración digna, por otra parte, no es sólo aquella que le permite al trabajador cubrir sus necesidades y las de su familia, sino la que también contempla una creciente participación en la riqueza que el trabajo humano genera.
Pero todos estos derechos serían una mera fantasía si no se garantizara a los trabajadores la posibilidad de organizarse para defenderlos. Para ello la legislación debe asegurarles la libertad de asociación y la democracia interna. Sindicatos fuertes y dirigentes gremiales auténticamente representativos, democráticamente elegidos, y que sean la correa de transmisión de las demandas de sus bases y no voceros de los poderes constituidos, son la única garantía de la efectividad de los derechos laborales.
Los representantes sindicales deberán gozar de la tutela necesaria para el ejercicio de sus mandatos, sin temor a represalias que puedan afectar su empleo o sus condiciones de trabajo. Además, deberá descalificarse todo tipo de discriminación o sanción contra cualquier trabajador o activista sindical, con motivo del ejercicio legítimo de sus derechos gremiales.
Lamentablemente observamos que en muchos de los países latinoamericanos se violan sistemáticamente los Convenios 87, 98 y 102 de la OIT, sobre Libertad Sindical, Contratación Colectiva y Seguridad Social. México es un claro ejemplo de ello. El poder político y el poder económico, mediante prácticas que podemos calificar de mafiosas, intentan evitar que los trabajadores puedan constituir libremente sus organizaciones y elegir dirigentes auténticamente representativos. En Colombia la situación es aún peor, y la vida y la libertad de los activistas gremiales no vale nada.
Es en este marco que la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS propone al movimiento obrero y a todos los gobiernos latinoamericanos la aprobación de una CARTA SOCIOLABORAL LATINOAMERICANA, que contenga, entre otros, los siguientes derechos y garantías:
1) Libre circulación de personas en el espacio comunitario, sin discriminación en razón de la nacionalidad y con igualdad de derechos;
2) Relaciones laborales democráticas y sin discriminación de cualquier tipo, de manera tal que el trabajador, ciudadano en la sociedad, también lo sea en la empresa;
3) Derechos de información y veraz y de consulta, en todos los temas relativos a la vida de la empresa que puedan afectar a los trabajadores;
4) Derecho a un empleo estable, y prohibición y nulidad del despido arbitrario o sin causa;
5) Derecho a un trabajo digno y de calidad que, como mínimo, responda a las pautas de la Organización Internacional del Trabajo;
6) Derecho a una retribución digna, que cubra todas las necesidades del trabajador y de su familia y que, además, tenga en cuenta los beneficios obtenidos por el empleador;
7) Derecho a una real y efectiva jornada limitada de trabajo. Los Estados deberán ejercer con la energía necesaria y con los medios adecuados su Poder de Policía Laboral, para evitar toda trasgresión a los límites horarios máximos de labor;
8) Derecho a la formación y capacitación profesional;
9) Derecho a la Seguridad Social, que cubra las necesidades vitales del trabajador y de su familia, frente a las contingencias sociales que puedan afectar sus ingresos económicos. La Seguridad Social debe ser función indelegable del Estado, por lo que deberá revertirse el proceso de privatización que sufrieron nuestros países en la década del ´90;
10) Institucionalización de una Renta Básica Ciudadana, como derecho de cada persona, sin importar su raza, sexo, edad, condición civil o social, de recibir una renta para atender sus necesidades vitales;
11) Derecho a la efectiva protección de la salud y la vida del trabajador, frente a los riesgos del trabajo. La gestión del sistema de prevención y reparación de los daños causados por los siniestro laborales, no podrá estar en manos de operadores privados que actúen con fin de lucro;
12) Derecho a la organización sindical libre y democrática;
13) Derecho a la negociación colectiva, nacional y transnacional;
14) Derecho de huelga, comprensivo de las diversas formas de presión y protesta, y sin restricciones reglamentarias que lo limiten o anulen;
15) Protección laboral real y efectiva para los trabajadores afectados al servicio doméstico y al trabajo agrario;
16) Garantía del cobro de los créditos laborales, estableciéndose la responsabilidad solidaria de todos los que en la cadena productiva se aprovechan o benefician de la fuerza de trabajo asalariada;
17) Creación de Fondos que cubran los casos de insolvencia patronal;
18) Garantía de una Justicia especializada en Derecho del Trabajo, con un procedimiento que recepte el principio de protección;
19) Tutela para los representantes y activistas sindicales contra cualquier represalia que pueda afectar su empleo o sus condiciones laborales;
20) Principio de progresividad, que significa no sólo la prohibición de retroceso social, sino el compromiso de los Estados de alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos laborales.
Nuestra propuesta no es una utopía. Es el desafío de navegar con esperanza, aún en medio de un mar tormentoso, hacia la integración latinoamericana; hacia la Patria Grande con la que soñaron los héroes de las luchas por la independencia. Lucha que no ha terminado y que nos encuentra en la primera línea del frente, de la batalla por la emancipación de nuestros pueblos.
Ciudad de México, 23 de octubre de 2009.