Uno de los principales sectores sociales que han sido mas golpeados por la crisis económica mundial y las políticas globalización neoliberal y privatizaciones que tomaron auge en los últimos años impuestas por las naciones más ricas y los organismos financieros internacionales, ha sido el de la niñez. Tres de estos países que en América Latina […]
Uno de los principales sectores sociales que han sido mas golpeados por la crisis económica mundial y las políticas globalización neoliberal y privatizaciones que tomaron auge en los últimos años impuestas por las naciones más ricas y los organismos financieros internacionales, ha sido el de la niñez.
Tres de estos países que en América Latina han sido consecuentes con la aplicación de esas medidas y que a la par han motivado el incremento del trabajo infantil, son México, Perú y Colombia, los dos primeros con Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y el último que ha hecho todo lo posible para alcanzarlo lo antes posible.
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denunció que más de 130 millones de niños y niñas trabajan en plantaciones de todo el mundo, pero otras actividades como el servicio doméstico, los talleres textiles, los puestos de comida o la prostitución se nutren de esa mano de obra.
En los últimos años debido a la crisis económica mundial, compañías manufactureras y dueños de latifundios están utilizando más niños en esas actividades a los cuales les pagan menos salarios que a las personas mayores. Además de ser mano de obra clandestina, los menores no tienen ningún respaldo social ni perciben subsidios sociales en caso de enfermedad o accidente.
En Perú, más de 3.000.000 de niños laboran en las más disímiles tareas como son el comercio ambulante, los servicios domésticos, minas, producción de ladrillos y producciones agropecuarias. Por las mismas necesidades económicas, están impedidos de estudiar o desarrollar actividades propias de su edad.
Datos del Ministerio de Trabajo indican que el 70% de esos niños y adolescentes que laboran en el sector agrícola lo hacen bajo condiciones de explotación y su salud se encuentra en alto riesgo debido a que se mantienen en constante contacto con químicos para abono y fumigación.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó de que 50.000 menores peruanos trabajan en minas artesanales en ínfimas condiciones de protección y cifras oficiales aseguran que al menos 10.000 niños y adolescentes son explotados sexualmente en el país. La OIT y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) colocan a esa nación andina entre las de mayor tasa de trabajo infantil de Latinoamérica, en oficios «considerados como peligrosos».
Guillermo Dema, especialista de la OIT, significó que en los últimos tiempos las cifras han ido aumentando pues se contabilizan 3,3 millones de muchachos entre los 5 y 17 años, que realizan una actividad económica, lo cual equivale al 42% de la población nacional en esa edad (que asciende a 7,9 millones).
El informe del INEI especificó que ese fenómeno ha crecido significativamente en los departamentos de Amazonas (noroccidental), Ucayali (centro-oriental), Madre de Dios (suroriente), Junín (central) y Huánuco (nor-central), así como en Lima, la capital.
Para el investigador de la Pontificia Universidad Católica de Perú, José Rodríguez, entre las causas aparecen el nivel de pobreza que afecta la mitad de la población y los altos índices de desempleo general.
Rodríguez señaló que el gobierno «no ha hecho nada» para revertir esa situación y tampoco ha desarrollado un sistema que ofrezca oportunidades para «romper los círculos viciosos de la pobreza».
Colombia es otro lamentable caso pues el 14,3% de la población ocupada es menor de 17 años y donde 1.628.300 niños laboran permanentemente debido al elevado nivel de pobreza y bajos ingresos que reciben las familias, especialmente en el área rural.
La Escuela Nacional Sindical de Colombia (ENS) puntualizó que el 37,6% de esos muchachos no recibe remuneración o ganancias; el 56% sólo obtiene la cuarta parte o la mitad del salario mínimo, y solo el 5,4% gana el salario mínimo.
Según el ENS, el desempleo de los padres o sus precarias condiciones laborales, el limitado acceso a programas de educación, salud, alimentación y recreación, sumados a la inseguridad en los barrios y la pobreza producida por la desigual distribución de la riqueza nacional, siguen siendo las causas principales del trabajo infantil en Colombia, cuyos infantes deben salir a trabajar para complementar los ingresos de sus hogares.
En cuanto a México, estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), indicaron en un reciente estudio que 3,5 millones de menores de 14 años se ven obligados a trabajar «un desafío que va más allá del ámbito laboral, que requiere de políticas económicas y sociales para el fomento del crecimiento y empleo y para el combate de la pobreza en el largo plazo».
Desde 1994 cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (TLCAN) se incrementó la pobreza en las zonas rurales y se profundizaron las precarias laborales en el campo con el consecuente incremento de la explotación infantil.
Organizaciones no Gubernamentales puntualizan que la pobreza alimentaria y la falta de atención médica en el ámbito rural mexicano afectan cada año a más de dos millones de personas en una espiral que parece indetenible.
Resulta incuestionable que sin una voluntad gubernamental, pese a tiempos de crisis económica mundial, se hace imposible llevar adelante políticas sociales que no sólo eliminen el trabajo infantil, sino que además creen condiciones para que las familias accedan a labores decentes y se les garanticen las mínimas condiciones de alimentación, salud y educación.
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