Una comisión de la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), presionaron este lunes al Gobierno de Grecia a que acelere sus reformas para implementar el segundo paquete de ayudas financieras por un valor de 9 mil millones de euros (11.530 millones de dólares), informa la prensa económica […]
Una comisión de la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), presionaron este lunes al Gobierno de Grecia a que acelere sus reformas para implementar el segundo paquete de ayudas financieras por un valor de 9 mil millones de euros (11.530 millones de dólares), informa la prensa económica griega.
Los expertos de las mencionadas entidades financieras constataron el progreso en el cumplimiento del programa de ajuste de tres años, reconociendo la voluntad de cambios.
Los expertos están satisfechos con las reformas logradas desde mayo y dan por seguro que Grecia recibirá el segundo tramo de ayuda -de 9.000 millones de euros el 13 de septiembre- procedente de los socios la zona del euro y del FMI, según los detalles del documento filtrado a la prensa económica helena.
Grecia ya obtuvo en mayo 20.000 millones de euros, en el primer tramo crediticio del paquete de 110.000 millones euros acordado por el FMI y la eurozona para salvar al país de la bancarrota.
Sin embargo, para recibir el tercer tramo de ayuda en diciembre, también de 9.000 millones, Grecia tendrá que aplicar aún mayores subidas de impuestos con el fin de recaudar unos 4.600 millones de euros adicionales para 2011.
Este año el IVA ya ha subido cuatro puntos, del 19 al 23%, además del incremento de los gravámenes sobre el tabaco, el alcohol y los combustibles.
Según los medios griegos, entre las 13 recomendaciones hechas a Atenas, Grecia debe de acelerar también en lo que resta del año la liberalización de las profesiones «cerradas» para reducir las presiones inflacionistas, entre ellas se incluyen a abogados, taxistas, transportistas, arquitectos, ingenieros, notarios y farmacéuticos.
El primer ministro, Yorgos Papandréu, se atribuye una cuestionable victoria con la conclusión de una huelga de transportistas, después de una semana, que tuvo graves consecuencias en el abastecimiento de combustible y en el sector turístico.
También se recomienda que el país liberalice el sector energético y privatice el 40% de las centrales eléctricas, lo que prevé un choque con el poderoso sindicato del sector, que ya amenazó en el pasado con «apagar el interruptor» si se aplicaban reformas que incidiesen en las condiciones laborales.
Entre las reformas elogiadas se encuentra el reciente censo de funcionarios que cobran del Estado, alrededor de 800.000, que ahora recibirán su paga de forma centralizada y de este modo se evitan fraudes.
Gracias a esta medida se prevé que los gastos anuales por los sueldos públicos se rebajen en unos 6.500 millones de euros a partir de 2014, desde los 29.460 millones de euros que se dedicaron en 2009 a ese concepto.
Los sindicatos también han lanzado el grito al cielo contra posibles incrementos de impuestos, lo que unido a los recortes en la inversión del Estado y las bajadas de sueldos de los funcionarios puede impactar muy negativamente en la economía helena.
El paquete de medidas aplicado hasta ahora empeoró la recesión griega, con una contracción de la economía del 4% en lo que va de año, el doble de lo inicialmente previsto, y se calcula que habrá una caída adicional del 2,6% en 2011 y sólo en 2012 se volvería a la senda del crecimiento con un modesto 1,1% del PIB, según datos oficiales.
El experto laboral de la Confederación de Trabajadores de Grecia (GSEE), Savas Robolis, subrayó hoy que el paro en el país puede subir hasta el 20% el año que viene desde el 11% actual debido a la contracción económica.
El Ejecutivo de Papandréu está aplicando a contrarreloj más reformas en Grecia en los últimos meses que en el conjunto de la última década, algo que va a pasar factura a la economía y augura más protestas laborales.
Grecia se comprometió a cumplir con un plan de austeridad con el que espera ahorrar 30.000 millones de euros en los próximos tres años dentro de las medidas para sanear la economía.
Los severos recortes han aumentado el descontento social y el Ejecutivo deberá prepararse para unas elecciones municipales en noviembre que servirán para medir el apoyo popular con el que aún cuenta Papandreu, que tiene una cómoda mayoría absoluta en el Parlamento.