El Fondo Monetario Internacional (FMI) se lanza nuevamente a reconquistar el terreno que había perdido en Honduras cuando el gobierno de Manuel Zelaya dejó a un lado al organismo financiero y se acercó a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) con la esperanza de mejorar las condiciones de vida de su […]
El Fondo Monetario Internacional (FMI) se lanza nuevamente a reconquistar el terreno que había perdido en Honduras cuando el gobierno de Manuel Zelaya dejó a un lado al organismo financiero y se acercó a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) con la esperanza de mejorar las condiciones de vida de su población que ha vivido durante décadas entre la miseria y la pobreza.
El último compromiso con el FMI venció en marzo de 2007 y Zelaya no lo renovó debido a las políticas de recortes sociales, libre comercio y privatizaciones que esa institución impone a sus deudores.
Tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y la imposición del régimen de facto de Roberto Micheletti, que contó con el apoyo de Estados Unidos, la burguesía nacional y los organismos financieros internacionales, el país centroamericano se convirtió en un caos y cayó en un profundo declive económico, el cual ha continuado tras el «triunfo» del mandatario Porfirio Lobo, con solo el 30 % del electorado.
La entrada de Honduras al ALBA a mediados de 2008 puso en tensión a todas las fuerzas de ultraderecha y a las transnacionales como la estadounidense Chiquita, antigua United Fruit, que exporta desde esa nación 8 000 000 de cajas de piña y 22 millones de cajas de plátanos; o a las farmacéuticas que proveen el 80 % de las medicinas que se comercian en el país.
Con el ALBA, Honduras recibió millones de dólares para diferentes proyectos económicos y sociales que fueron puestos en ejecución, así como 20.000 barriles diarios de crudo venezolano que le permitía resolver la grave crisis energética del país.
Los servicios de salud y educación comenzaron a brindarse gratuitamente en muchas dependencias del Estado, mientras se mejoraban los sistemas de acueducto y alcantarillado y la alfabetización se realizaban por toda la nación.
Zelaya, con la mira puesta en el mejoramiento de la población, decretó en enero de 2009 un aumento del salario mínimo de 184 a 289 dólares mensuales. La vida de la población más necesitada comenzaba a cambiar para bien de la mayoría.
Estados Unidos y las transnacionales no podían permitir que en Centroamérica, otro país (antes lo había hecho Nicaragua) se uniera al ALBA en completa contradicción a los Tratados de Libre Comercio con los cuales Washington intenta mantener controlada económica y políticamente a toda la región.
Honduras, con un PIB de 14 000 millones de dólares y unos 8 200 000 habitantes clasifica como el segundo país más pobre de América Latina detrás de Haití, pues Nicaragua pese a tener un PIB menor, en los últimos años ha llevado a cabo políticas socio-económicas que han ayudado a disminuir ese índice entre su población.
Cifras de organizaciones internacionales indican que el 80 % de la población, es decir, 6 500 000 ciudadanos son considerados pobres y se estima que después del golpe, otros 150 000 han pasado a integrar esa categoría.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pese a que ofrece cifras ligeramente inferiores, comunicó que la pobreza sigue siendo más aguda en las zonas rurales.
Según la Encuesta de Hogares, la población pobre del país asciende a 71.7 %, de los cuales el 72.2 % se halla en un estado de pobreza extrema, dice el informe.
En las zonas urbanas, agrega, de las 65.8 % que vive en condiciones de pobreza, un 36.7 % vive en pobreza extrema; a nivel rural el 77.7 % de la población se considera pobre, de los cuales 67.9 % está en la condición de pobreza extrema.
La desigualdad ha ido creciendo inconmensurablemente con las políticas neoliberales y de privatizaciones aplicadas pues 15 familias controlan el 80 % de las riquezas, mientras que el 80 % de la población recibe menos del 10 %.
Micheletti y Lobo, con solo 14 meses en el poder, han revertido el 99 % de las leyes en beneficio de la mayoría de la población que tomó el gobierno de Zelaya durante tres años y medio.
Entre las más perjudiciales están la congelación de la Ley del Salario Mínimo, fragmentación de las jornadas laborales, derogación de los acuerdos con el ALBA, restitución de privilegios a las compañías transnacionales en todos los sectores, impulso de las privatizaciones, entre éstas la estatal Hondutel en la cual Micheletti era consejero.
El jefe del oficialista Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH), Leonel Bendeck, admitió que desde junio de 2009 (fecha del golpe), se han perdido 230 000 empleos, pero se lo achacó a la inseguridad en el país y a la crisis económica.
El único sector que ha mantenido los puestos laborales es el de las maquilas donde según denuncias de los sindicatos y de Organizaciones No Gubernamentales, la explotación de los obreros alcanza grados extremos.
La tensa situación que se vive en el país continúa aumentando y en los últimos meses sectores estudiantiles y obreros han protagonizado numerosas huelgas para exigir la disminución en el costo de los estudios, así como demandas de un nuevo salario mínimo, estabilidad laboral y cese de las privatizaciones.
No importa que la mayoritaria población este imposibilitada de acceder a la educación, a la salud, a beneficios por maternidad o jubilaciones, lo importante parece ser que el FMI regrese por sus anchas a Honduras donde nuevamente impartirá órdenes para que no aumente la inflación y se congelen los gastos en la seguridad social.
La ministra de la presidencia María Antonieta de Bográn informó que el país firmará en los próximos meses un acuerdo Stand By con el FMI.
De esa forma se elevará el Producto Interno Bruto y Tegucigalpa podrá entonces restituir el capital recibido del organismo junto con los altos impuestos agregados.
Como dice el viejo refrán: Ayudas que matan.
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