Existe un principio básico cuando un Estado solicita la extradición de una persona a otros Estado: los nacionales del país solicitado no se extraditan al país solicitante. Colombia durante muchos años, en un alarde de servilismo y miedo, rompió este principio y empezó a enviar a Estados Unidos a ciudadanos colombianos por tráfico de drogas. […]
Existe un principio básico cuando un Estado solicita la extradición de una persona a otros Estado: los nacionales del país solicitado no se extraditan al país solicitante.
Colombia durante muchos años, en un alarde de servilismo y miedo, rompió este principio y empezó a enviar a Estados Unidos a ciudadanos colombianos por tráfico de drogas. Se inició así un movimiento que se dio en llamar el de los «extraditables» que le plantaron cara las pretensiones del gobierno colombiano de colaborar con la «Justicia» estadounidense.
Por supuesto que todas estas medidas, en Colombia, tenían sus excepciones. Una de ellas fue la del padre del ex presidente Álvaro Uribe, Álvaro Uribe Sierra, que estuvo detenido y listo para ser extraditado y nunca fue entregado a EUA.
El 13 de octubre fue detenido en Madrid el ex ministro del interior guatemalteco, Carlos Vielman, a solicitud de un pedido de extradición de Guatemala por delitos de ejecución extrajudicial y asociación ilícita. Vielman que tiene la ciudadanía española, por su abuelo, no será extraditado a Guatemala aunque sí será juzgado en el Estado español por esos delitos.
Venezuela solicitó durante muchos años al Estado español la extradición de los altos directivos venezolanos que en 1994-1995 robaron los ahorros de millones, falsificaron balances, y se llevaron el equivalente a 6.500 millones de euros. Gustavo Gómez López, Bouza Izquierdo, Juan Domingo Cordero… sólo en España residían cerca de 50 banqueros prófugos venezolanos y el Estado español no concedió la extradición de ninguno, alegando desde la inexistencia del delito por el que solicitaba la extradición en la legislación española hasta el carácter de nacional, español, de la persona solicitada por Venezuela (Bouza Izquierdo, Gómez López etc.).
A la lista deberíamos agregar delincuentes de la talla de Juan Fernández y el ex almirante Molina Tamayo que tienen entrevistas en páginas enteras en la prensa española y que jamás se preocuparon o pensaron en ser extraditados.
¿Entonces de qué habla la prensa española y la Justicia española cuando habla de extradiciones? ¿Tal vez de la «justicia de ricos» que pretenden con la Corte Internacional de La Haya en la que sólo sientan a ex presidentes del tercer mundo para ser juzgados por jueces del primero?