Muchos son los rumores que han surgido desde los sectores de la oposición sobre la supuesta legalización de la censura en Venezuela, de aprobarse la creación de un punto único de acceso a internet, tal y como lo plantea la reforma del artículo 212 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Pero la realidad indica que […]
Muchos son los rumores que han surgido desde los sectores de la oposición sobre la supuesta legalización de la censura en Venezuela, de aprobarse la creación de un punto único de acceso a internet, tal y como lo plantea la reforma del artículo 212 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Pero la realidad indica que su instalación y puesta en marcha no implica el bloqueo automático o la filtración en el acceso a los contenidos que ofrecen las páginas web.
Pablo Romero, especialista en el área informática, explicó que la instalación de un punto único de interconexión o del Network Access Point (NAP, por sus siglas en inglés) no genera censura en los contenidos que se encuentran disponibles en la red.
Contrario a los argumentos de la derecha, Romero indicó que los NAP tienen como objetivo proteger a los países, debido a que la transmisión de datos vía web no tendrá que pasar necesariamente por plataformas tecnológicas internacionales, lo que generará un servicio más eficiente, pues con su implementación los tiempos de respuestas serán más rápidos.
El punto de acceso a internet con el que cuenta Venezuela está ubicado en los Estados Unidos, lo que implica que el proceso de conexión sea lento, porque las comunicaciones de red tienen que pasar por las plataformas estadounidenses y luego devolverse a nuestro país.
«Esto hace que el servicio sea menos eficiente, tiene que pasar primero al exterior y luego es que llega a Venezuela. Además existe la posibilidad de que Estados Unidos, país que es nuestro distribuidor y el controlador de nuestra conexión, sea quien nos filtre la información», detalló.
Romero aclaró que internet se podría regular bien sea a través de los puntos únicos o los múltiples, lo que dependerá de las leyes de cada país. No obstante, destacó la importancia de crear mayor responsabilidad sobre las informaciones que se publican, más allá de controlar el contenido de las páginas web.
Otro aspecto a considerar es el gasto económico que le genera al país no contar con el Network Access Point. Con su implantación se abaratarían los costos y las empresas nacionales, tanto privadas como públicas, se verían sumamente beneficiadas, gracias a que reducirían las pérdidas que actualmente destinan a la obtención de tecnologías extranjeras.
«El NAP que dispone es como un alquiler, pagamos altas cifras de dinero en dólares por ese servicio. Si tuviésemos uno propio sólo tendríamos que negociar en bolívares y disminuirían los gastos».
Romero especificó que en el país la empresa que maneja el mayor flujo de conexión es la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), quien ostenta 85% de participación en el mercado de internet.
«Cantv ya casi es una red única. La mayoría de los venezolanos tenemos conexión a través del servidor estatal», aseveró el especialista.
En el caso de aquellas compañías privadas que también ofrecen la conexión a la red, Romero descartó que estas empresas dejen de promocionar sus servicios, pues ellas también podrán disfrutar de los beneficios de la instalación de un punto único de acceso a internet.
Varios países de Suramérica cuentan con un punto de único de acceso a internet (NAP): Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Perú (desde 2009) y en estas naciones los contenidos de la web no han sido bloqueados.
Campaña de manipulación
La presentación de una propuesta de reforma tanto de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, así como de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones ha llevado a los representantes de la oposición venezolana a emprender una nueva campaña mediática para manipular y engañar a la población, al difundir las supuestas «graves» consecuencias que acarreará la modificación de estas normas jurídicas.
En su maniobra, la derecha criolla insiste en las «limitantes» que el Gobierno Nacional le impondrá a la libertad de expresión.
El director del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, ha sido uno de los activistas de la oposición que se ha prestado a esta campaña de manipulación y miedo, al afirmar que con las reformas a los instrumentos legislativos «se busca controlar» la información.
«El Gobierno va a cerrar y a bloquear para todos los venezolanos Twitter y Facebook, las páginas y los portales web».
El diario que hoy dirige Miguel Henrique Otero fue efectivamente objeto de censura el 10 de febrero de 1992, cuando Carlos Andrés Pérez envió a El Nacional a Pedro Pablo Alcántara para «eliminar informaciones inconvenientes».
«Ese día el diario El Nuevo País, así como El Nacional y otros, circulan con páginas en blanco que fueron de informaciones previamente censuradas», reseña el libro Cronología de una implosión al referirse a lo ocurrido tras la «evaluación» de Alcantara.
De manera contradictoria, el diario El Nacional que dice «defender la libertad de prensa», apoyó plenamente la candidatura de Alcántara como diputado en los comicios del 26 de septiembre.
Por su parte, Guillermo Aveledo, integrante de la «mesa de la unidad», también demostró su desconocimiento sobre los beneficios que obtendría Venezuela con la aplicación de un punto único de acceso a internet.
El militante derechista, quien impuso la candidatura a legislador del censor Pedro Pablo Alcántara, indicó que la»intención gubernamental es establecer mayores controles para impedir el libre flujo de informaciones y opiniones en Venezuela (…) y reducir el derecho a una comunicación libre y plural».