La transformación económica del país va por mal camino: el de la acentuación de la desigualdad y con ella del estancamiento. Resulta muy difícil una política de defensa del capital social, de estímulo a una economía sostenible y redistributiva al estar atrapados por el euro y la especulación financiera. La política económica de la Unión […]
La transformación económica del país va por mal camino: el de la acentuación de la desigualdad y con ella del estancamiento. Resulta muy difícil una política de defensa del capital social, de estímulo a una economía sostenible y redistributiva al estar atrapados por el euro y la especulación financiera.
La política económica de la Unión Europea, definida por una mayoría de gobiernos de la derecha social, impide a los estados endeudarse más allá de límites estrechos. ¿Qué se está haciendo? Sacrificar al mercado cantidades ingentes de capital social, de acumulación pasada de los trabajadores, de bienes públicos, y también exigir sacrificios enormes a la población: prestarle menos o peores servicios, obligarla a trabajar por más tiempo en la precariedad y con bajos salarios. Pero todo se sacrifica en vano: la especulación succiona todo eso. Ante el hundimiento de los activos financieros que llevaron a la crisis, los agentes de la especulación buscan alternativas: hoy, las primas de riesgo de los países intermedios sustituyen a las securitizaciones-basura hipotecarias de hace tres o cuatro años.
La fijación a la moneda única impide abaratar las exportaciones, ajustar vía devaluación. Y como el euro es de todos, pero sobre todo de los grandes, se demoniza cualquier política tímidamente neokeynesiana: La UE prefiere el estancamiento al déficit. Con el neoliberalismo, el estímulo del crecimiento fue el crédito desbordado; antes de él, el keynesianismo estimulaba la economía a través de la demanda. Ahora ya no hay ni lo uno ni lo otro: queda la acumulación clásica, consistente en trabajar más por menos y en la destrucción del fruto del ahorro de generaciones para asegurar derechos sociales disminuidos.
Así pues, las políticas económicas de la UE van en la dirección opuesta a la de las grandes reformas estructurales que España necesita para producir y distribuir mejor. Pero a pesar de eso creemos que es necesario seguir nuestro propio camino, salir a flote pese a esas realidades: aspirar a defender el trabajo y el capital social a través de una economía equilibrada y sostenible.
Los principales defectos estructurales de la economía española son, a nuestro modo de ver, los siguientes:
Un sistema financiero lastrado por el peso del hundimiento de la construcción que precisa ayudas públicas. Un sistema fiscal cada vez menos progresivo y un gasto público ineficiente e ineficaz en el estímulo económico. Una economía excesivamente dependiente del petróleo, lo que forma parte de un grave problema energético. Un sistema caro y anticuado de transporte de mercancías. Una dependencia excesiva del sector turístico. Una legislación laboral que no suscita la innovación y el empleo sino la falta de equidad. Un sector exterior demasiado pequeño, que puede ser fagocitado fácilmente por multinacionales. Un sistema de resolución de las «externalidades del mercado» (la Administración de Justicia), lento, inseguro, ineficaz. Un sistema educativo descapitalizado. Ausencia de una buena política agraria e hídrica.
En suma: sistema monetario y financiero, energía, transporte, turismo, mercado de trabajo, deslocalización, justicia y educación, agricultura y agua. O sea: es necesario que cambien muchas cosas y los comportamientos de muchas personas para que se pueda crear trabajo e incrementar el capital social.
Esbozaremos algunas vías de cambio estructural que consideramos dignas de meditación seria. Un cambio fundamental es el relativo a los sistemas financiero y fiscal, que condicionan pesadamente todo lo demás. Pero estos instrumentos no son los únicos existentes: una programación cuatrienal del gasto público, y medidas fiscales y otras de fomento, esto es, una buena política de incentivación, pueden estructurar una economía menos basada en el crecimiento que en el cambio técnico, que redistribuya eficiente y mucho más equitativamente el producto social, que afronte con audacia los problemas ecológicos, y que sea, por esto, capaz de exportar tecnologías e ideación en este ámbito básico de la economía mundial. En fin, que estimule una producción sostenible.
Veamos cuáles son las vías más importantes:
Sistema financiero: Tenemos una gran oportunidad de realizar, a la vez, una liquidación ordenada de los activos basura de las cajas de ahorro y construir, a partir de éstas, un sistema crediticio de preponderancia pública que dinamice la economía real. La aportación de fondos públicos para el reflotamiento de las cajas debe dar lugar a una proporcional propiedad estatal. Lo que no se puede hacer es tomar decisiones precipitadas como la que se nos viene encima: que el Estado se quede con los activos no realizables de las cajas de ahorros y el resto se medio regale al mercado para obtener fondos de cualquier manera.
Sistema fiscal: Replanteamiento impositivo general: un impuesto sobre la renta fuertemente progresivo, con bonificaciones a la inversión en activos públicos y cooperativos internos; impuestos sobre el valor añadido y demás utilizados políticamente para fomentar ciertas actividades y disuadir de otras. Y aplicar esa imposición a un protocolo presupuestario fundamentalmente diferente, en el sentido sugerido: planificación a más de un año, austeridad en gastos corrientes, estímulo del cambio tecnológico y, si hace falta, fortalecer las cuentas de la seguridad social con partidas presupuestarias. Gastar e invertir de manera más responsable y estimulante.
Energía: De la concentración a la descentralización energética. Fomento de la energía solar en actividades diurnas; de la eólica en las nocturnas, y de instalaciones industriales y domésticas de producción y ahorro energético. Un sistema transparente de costes reales y de formación de precios de la energía que fomente el uso de la menos costosa en cada momento. Separación de los negocios internos y exteriores de las empresas energéticas. Revisión de los supuestos del «déficit de tarifa» en función del nuevo sistema de formación de precios. El uso como gran política frente al pago de subvenciones.
Transportes: en grandes distancias, del camión al tren. Ancho de vía europeo prioritario en las rutas exportadoras, con aprovechamiento de la producción nocturna de energía. Pequeñas distancias: fomento de la electrificación prioritaria de los vehículos industriales. Implantación de «Programas Hoy No Circula» en las megalópolis para prohibir el uso del automóvil privado un día laborable semanal. Ampliación de la red de transportes colectivos en las áreas metropolitanas y ni una autopista ni un AVE más.
Turismo: fomento de la calidad, del turismo cultural y del turismo interior. Modificación del calendario de vacaciones para que las de los españoles no coincidan con las de los europeos, ampliando así la capacidad y las temporadas de negocio.
Legislación laboral: estabilización de los puestos de trabajo. Excepcionalidad de la contratación temporal salvo en producciones estacionales. Regulación controlada del empleo adaptada exclusivamente a la elasticidad de la demanda.
Empresas, sector exterior y deslocalizaciones: Normativa «china» para evitar deslocalizaciones y descapitalizaciones de empresas.
Administración de Justicia: revisión drástica de formulismos y tratamientos, de las normas procedimentales, de los plazos legales. Computerización de los actos jurisdiccionales. Nueva regulación del acceso a las funciones judiciales y de su control.
Sistema educativo: Aseguramiento en primaria de la comprensión lectora y de la capacitación matemática de los alumnos. Formación humana básica en Historia y actividades intelectuales y/o físicas. O sea: lengua, matemática, historia y actividad. Secundaria en tres ramas: ciencias, tecnologías, letras. Post-secundaria: aprendizaje de la búsqueda de información, del pensamiento propio y del trabajo e investigación práctica en común. Cierre del abanico de titulaciones. Fuerte inversión educativa, ante todo en formación del profesorado y en medios materiales. Fomento de la exigencia escolar. Disuasión de la enseñanza como empresa lucrativa, ya que es de utilidad social.
Lo que proponemos es discutir estas cuestiones. Discutir de esto y de cosas como estas. Es preciso dar cuanto antes a las gentes la oportunidad de ponerse las pilas en vez de obligarlas a poner el cazo. Buscar, entre todos, una perspectiva para la que tengan algún sentido los sacrificios a los que nos han abocado las políticas neoliberales de estímulo a la financierización de la economía.
Nota:
[1] Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella son autores de El crack del año ocho. La crisis. El futuro (Trotta, 2009)]