Cuando todavía no hemos asimilado el recorte de las pensiones públicas pactado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos más representativos, se aprueba el Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, «para el reforzamiento del sistema financiero», que va acompañado de una nueva inyección de, como mínimo, 20.000 millones € más a dicho sector. […]
Cuando todavía no hemos asimilado el recorte de las pensiones públicas pactado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos más representativos, se aprueba el Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, «para el reforzamiento del sistema financiero», que va acompañado de una nueva inyección de, como mínimo, 20.000 millones € más a dicho sector. No deja de ser paradójico que, en plena época de «reformas estructurales» y de recortes sociales destinados al ahorro en el gasto público, no falte dinero, sin embargo, para ayudar a los bancos.
Pero lo que me parece más contradictorio es el razonamiento que se esgrime en la Exposición de Motivos de esta norma para justificar la actuación: «ayudar al sector financiero para que pueda cumplir su función principal de canalizar el crédito a la economía, las familias y las pequeñas y medianas empresas». Yo me pregunto, ¿cómo nos quieren intentar vender «esta moto», cuando ya se han aprobado más de 100.000 millones € en ayudas públicas a este mismo sector y el crédito se recorta cada día más, asfixiando a miles de familias y empresas? Es como si para intentar dar de comer a la población hambrienta de un país reprimido, se le concedieran multimillonarias ayudas a su dictador y cuando se comprobara que la gente se sigue muriendo por desnutrición, en lugar de mirar la malversación de los fondos por el gobernante, se otorgara más dinero al déspota corrupto, sin exigirle nada.
¿Acaso este Gobierno pretende engañarnos una vez más, creyendo que no somos conscientes de que ese dinero se destinará a «lavar» las pérdidas de las entidades financieras? Si hasta los propios presidentes de estas empresas no tienen empacho en decir públicamente que «estas medidas pueden servir para salvar entidades, pero no para restituir los créditos y que mejore su circulación». Si hubiera voluntad política para restablecer los préstamos a la economía real, las ayudas se canalizarían directamente a través del Instituto de Crédito Oficial. Incluso, se podrían adoptar medidas para ayudar a los ciudadanos y a los bancos, a la vez. Por ejemplo, mediante el pago de las hipotecas de las familias a las que esas entidades de crédito desahucian cada día. El Estado podría adquirir, de esta forma, un importante parque de viviendas que alquilaría, con opción de compra, a esos mismos ciudadanos, haciendo efectivo, así, el derecho constitucional a una vivienda digna.
El crédito no fluirá, además, porque disminuirá la competencia en el sector, al producirse una concentración desmedida del poder financiero en manos de menos agentes. Piénsese que la norma, en realidad, supone el desmantelamiento de las Cajas de Ahorro y su obra social, obligándolas a convertirse en bancos o a ser compradas por los ya existentes. Las menos solventes, que no puedan cumplir los requisitos de reservas y liquidez serán ayudadas con dinero público del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que permite inyectar hasta 99.000 millones € a este sector.
No obstante, aunque quieren que creamos que se hará mediante una «nacionalización transitoria», después de leer el articulado de la norma, mucho me temo que se trata de una medida para sanear este tipo de entidades y ponérselas en bandeja a los bancos y fondos de alto riesgo. Y ello, por las siguientes razones:
1ª) Porque es muy posible que ahora compremos las acciones de esas entidades a un precio muy superior al que luego se las venderemos a los bancos. No se exige que la reventa se realice, como mínimo, por lo mismo que se ha pagado. Piénsese que el precio de adquisición lo fijarán unos supuestos expertos «independientes» nombrados por la Comisión Rectora del FROB, que, a pesar de gestionar dinero público, está formada, en su mayoría por representantes de los bancos y del sector financiero. No hay ninguna persona designada por el Parlamento, y el representante de la Intervención General de la Administración del Estado, que sería el único que podría velar por la legalidad y la justicia de las decisiones, sólo tiene voz, pero no voto y sus informes no son vinculantes.
2ª) Tampoco se puede hablar de «nacionalización» porque no somos nosotros, a través de nuestros representantes democráticamente elegidos, los que nos incorporaremos a los órganos de administración de las entidades a las que les concedamos el dinero público, pudiendo exigir, por ejemplo, que se concedan más créditos. Qué casualidad que las personas que allí se sienten, gracias a nuestro dinero, serán nombradas por esa Junta Rectora del FROB. Una vez más los banqueros se las han ingeniado para ganar, en detrimento de la ciudadanía, consiguiendo que les compremos sus acciones caras y se las vendamos luego baratas, nombrando, además, a los que tienen que decidir.
Pero, lo peor de todo es que no tenemos ese dinero para entregárselo al sector financiero. Tendremos que acudir, de nuevo, a la deuda pública para obtenerlo. Seguiremos con la dinámica diabólica en la que nuestros propios dirigentes nos han metido: ese mismo sector financiero nos exigirá nuevos recortes sociales para comprarnos la deuda pública que hemos adquirido, precisamente, para ayudarlo. En este sentido, el presidente del Gobierno ya ha anunciado inminentes reformas laborales y limitaciones del endeudamiento de las Comunidades Autónomas, que son los entes con competencia en educación y sanidad.
En definitiva, con estas nuevas ayudas aprobadas al sector financiero nos perjudicamos doblemente: le damos a los bancos un dinero que no tenemos y que, en todo caso, podríamos utilizar para otros fines sociales y, al mismo tiempo, les permitimos que nos pongan de rodillas, otra vez, ante sus pretensiones privatizadoras, sin exigirles, al menos, que nos devuelvan lo mismo que les prestamos, que supriman sus filiales en los paraísos fiscales, que eliminen las cláusulas suelo de las hipotecas y los seguros leoninos sobre intereses de los préstamos, que paralicen los desahucios, que se salden las deudas con la entrega de los inmuebles, y que sean ellos los que paguen los platos rotos de la crisis que ha provocado.
Por tanto, digo alto y claro: no más ayudas a los bancos con mis impuestos o con mi deuda.
Miguel Ángel Luque Mateo es Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almería y Miembro de ATTAC Andalucía
http://www.diagonalperiodico.net/No-mas-ayudas-al-monstruo.html
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