«Cuando el gobierno decide expropiar una empresa, nacionalizar una empresa, es para entregársela a los trabajadores y las trabajadoras para el control obrero» Hugo Chávez, 2010 [1] 1) Para comenzar este artículo, es preciso realizar una breve (pero necesaria) descripción de la política general de nacionalizaciones que ha tenido lugar en la Venezuela Bolivariana […]
«Cuando el gobierno decide expropiar una empresa, nacionalizar una empresa, es para entregársela a los trabajadores y las trabajadoras para el control obrero»
1) Para comenzar este artículo, es preciso realizar una breve (pero necesaria) descripción de la política general de nacionalizaciones que ha tenido lugar en la Venezuela Bolivariana desde 2005 a esta parte. En primer lugar pretendemos dar cuenta del proceso conocido como la «nacionalización del petróleo» [2] , que significó la toma del control de los campos petroleros operados por transnacionales de EEUU, Gran Bretaña, Francia y Noruega en la Faja del Orinoco. Aquí hay que destacar que, si bien podemos mencionar el antecedente de la recuperación de CANTV en Enero de 2007, la magnitud que presenta la «operación final» del Orinoco supera ampliamente a esta última por sus dimensiones y alcance: también significó la nacionalización de 76 empresas medianas que prestaban esencialmente servicios, además de haber dado el puntapié para la nacionalización del servicio de transporte de gas.
Experiencias similares se pueden vislumbrar en el sector eléctrico: la creación de la Corporación Eléctrica Nacio nal [3] se concreta a raíz de la nacionalización de la Electricidad de Caracas y la eléctrica local Séneca –esta última dependiente de la estadounidense CMS Energy- a mediados de 2007. Complementario a esto se produce la estatización de las empresas privadas regionales Luz y Fuerza Eléctricas de Puerto Cabello (Calife), Electricidad de Ciudad Bolívar (Elebol), Electricidad de Valencia (Eleval), Turboven, y del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta (Seneca). Es de destacar, más allá de no poder ahondar en este caso específico en las líneas que siguen, que «la creación de la Corporación del sector estuvo acompañada de la primera experiencia de cogestión obrera del país«, tal como bien se destaca en el número de la revista Comuna titulado «Trabajadores: Experiencias en Revolución» [4]
2) Llegados a este punto pretendemos hacer mayor hincapié en la nacionalización de la siderúrgica Sidor, filial en Venezuela del conglomerado internacional Ternium. Si bien la orden la dio el propio Chávez en 2008, ésta nacionalización fue -también- el resultado de un fuerte movimiento de los trabajadores. El boicot mediático, y el papel jugado por el «lastre burocrático» que aún anida en el Estado [5] -con la lamentable oposición a la medida del entonces Ministro de Trabajo- fueron derrotados categóricamente con esta decisión tomada en la madrugada del 9 de Abril de aquel año.
Encontramos un antecedente «mediático» importante en el caso Sidor: ya en el año 2006 emisoras comunitarias como «Vive TV» daban cuenta de una notable desmejora en la calidad de vida de los y las trabajadoras desde 1997 en adelante, a raíz de numerosas protestas que estos llevaba adelante. Incluso el carácter social que cumplía la inversión proveniente de Sidor había sido significativo y constituía una referencia importante para todo el Estado.
«Sabemos que el problema de fondo reside en la venta de Sidor (…)
La privatización redujo considerablemente la inversión social en el estado Bolívar. Antes Sidor se encargaba de los campos deportivos, de los hospitales, se encargaba de formación y entrenamiento, de vialidad, de alumbrado, de aseo, de recolección de desechos y escombros» decía en aquel entonces Víctor Giménez, del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus similares del Estado Bolívar (SUTISs) [6] .
Son elocuentes las palabras del propio Chávez en aquellas jornadas donde el país entero debatía la medida: «Trabajadores de Sidor: vamos a transformar la siderúrgica en una empresa socialista, del Estado socialista, de los trabajadores socialistas, para impulsar la revolución bolivariana» [7] . De aquel tiempo a esta parte una importante inyección económica, de más de 532 millones de dólares en las áreas operativas de la planta, logró recuperar los niveles productivos de la empresa y la estabilidad laboral, a pesar de la caída de los precios mundiales del acero, y el Plan de Ahorro de Energía del año 2010 [8] . En este sentido es que la capacidad instalada de Sidor en la actualidad asciende a los 4 millones de toneladas anuales de acero liquido y 1 millón 800 mil planchones y otros productos.
3) Resulta útil poder adentrarnos ahora en la experiencia generada a partir de la elaboración del documento «Plan Socialista Guayana 2010-2019«, y el correlato que este ha encontrado no sólo en el movimiento obrero de aquel Estado, sino en todo el país. Si bien este documento surge de la conformación de una Comisión Presidencial Guayana con la participación de varios miembros del Ejecutivo Nacional, tenemos que destacar que ha generado «un proceso de participación directa de los trabajadores en la elaboración y conformación del mencionado plan de desarrollo« [9] .
La expresión más interesante en ese sentido son los propios aportes de las comisiones formadas por los trabajadores: allí aparece, por ejemplo, la certeza de que «la construcción del socialismo bolivariano requiere el protagonismo responsable, democratizando la dirección y gestión de las empresas para hacer efectivo el control social de la producción de estas« [10] . También es importante introducir en este punto la noción de que «el ejercicio del poder socialista en manos de los trabajadores demanda de estos una conducta ejemplar, que estimule y cultive los valores de un hombre nuevo» [11] .
Hay que destacar claramente, en relación a lo planteado anteriormente respecto al «Plan Socialista Guayana 2010-2019«, que un gran porcentaje de los procesos de nacionalización y expropiación tiene que ver con decisiones que emanan desde el propio Ejecutivo, y que luego son ejecutadas por las Fuerzas Armadas. Este es un elemento no menor para el análisis, porque destaca el rol progresivo de Chávez (ya sea por propia determinación o por un «empuje» de los trabajadores).
Esto es desarrollado por Stephanie Blankenburg en su artículo «El Estado y la Revolución. Reestatización del banco propiedad del grupo Santander», publicado en la Revista América XXI [12] . Allí, la autora describe la nacionalización del Banco de Venezuela en el marco de lo acontecido previamente con Sidor. Su conclusión es que con ambas decisiones «se esfuma cualquier duda sobre el carácter fundamental de las nacionalizaciones venezolanas del último año y medio: no obedecen simplemente a la lógica de una marcha atrás respecto a las privatizaciones de los años 1990, sino a un sentido estratégico del desarrollo nacional en el largo plazo« [13] .
Blankenburg analiza el caso Sidor, y, en particular, el papel de Chávez en esta decisión, y arriesga una sugerente conclusión: «Tras años de enfrentamiento empatado entre la gerencia y los trabajadores, fue la intervención ´desde arriba´ del Jefe de Estado que jugó en favor de los trabajadores. Si bien el Jefe de Estado no hubiera podido dar vuelta la situación sin el respaldo decidido de los trabajadores, también es cierto que en la organización obrera no predominaba una voluntad colectiva suficiente para imponerse a sus adversarios empresariales sin el respaldo del Presidente» [14] .
4) Nos parece preciso poner en consideración un punto que Víctor Alvarez plantea en su texto «Del Estado Burocrático al Estado Comunal». Allí el autor afirma que «el reto es crear más empresas de la economía social para construir un sólido aparato productivo, capaz de sustituir importaciones, diversificar exportaciones y generar nuevos empleos productivos (…) El gran desafío de la política económica bolivariana es profundizar el control obrero y comunitario e invertir en nuevos proyectos de la economía social para aumentar la densidad de empresas productivas por cada mil habitantes, reindustrializando así la economía nacional» [15] .
Esto, tal como afirma el propio Álvarez, tiene un interesante antecedente en, nada más y nada menos que las Bases Programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Allí se aboga por la
«1) Eliminación de propiedad privada monopólica nacional y extranjera sobre los medios de producción, especialmente los esenciales.
2) Promoción de la propiedad privada no monopólica con función social.
3) Promoción de empresas mixtas con mayoría accionaria del Estado y progresivo control de los trabajadores y trabajadoras, bajo las siguientes condiciones:
4) Con empresas extranjeras: transferencia tecnológica y del conocimiento, realización de inversiones sociales correlativa al monto de la inversión, cumplimiento riguroso de las leyes y el contrato establecido, garantía de respeto a la madre tierra y la soberanía nacional.
5) Con Consejos Comunales: transferencia progresiva de propiedad estatal a propiedad comunal, en función de la eficiencia, honestidad en la administración del bien y acumulación comunitaria del excedente económico.
6) Promoción de la propiedad comunal, forma de propiedad colectiva que sólo puede usufructuarse en comunidad.
7) Propiedad Estatal, como forma indirecta de la propiedad colectiva.
8) Propiedad personal consistente en el patrimonio personal y familiar, que no puede usarse para la explotación de trabajo ajeno» [16]
La idea de «control social» de la producción de las empresas -que tal como veíamos surgía al calor del plan «Socialista Guayana 2010-2019»- se relaciona directamente con estos puntos planteados en las Bases Programáticas del PSUV. Nos interesa hacer hincapié en lo formulado en el punto número cinco, la transferencia progresiva de la propiedad estatal a la propiedad comunal, como horizonte estratégico para las comunidades. Este es un nudo central a tomar en cuenta si retomamos el punto anterior y entendemos a las nacionalizaciones como parte de un sentido estratégico del desarrollo nacional en el largo plazo. Allí también aparece fuerte la idea del «progresivo control de los trabajadores y trabajadoras».
5) La reciente nacionalización de Conferry, transporte marítimo que conecta a la Isla Margarita con la plataforma continental venezolana, hizo poner el grito en el cielo a la derecha tradicional agrupada en la MUD. Ocurre que, según los cálculos que hace la patronal Fedecamaras, sólo durante 2011 fueron nacionalizadas 402 empresas, «lo que supone casi la mitad de las 988 expropiadas en los últimos cinco años» [17] .
Por tal razón es que Jorge Botti (Presidente de Fedecamaras y sucesor político del golpista Pedro Carmona) mostró su preocupación creciente ante los medios de comunicación por el «proceso sumamente acelerado» de expropiaciones. Para Botti se produce un «mecanismo perverso» porque «se acorrala a la empresa y luego se le acusa de prestar un mal servicio, y esto se utiliza como soporte para justificar una expropiación» [18] .
La «fachada» del discurso corporativista de Fedecamaras se ampara en la «urgencia de garantizar el Estado de Derecho en Venezuela y respetar la propiedad privada» [19] . Bajo ese criterio legalista, Botti esconde un profundo rechazo a una potestad inalienable del gobierno (y el pueblo) bolivariano: la de realizar y promover cambios estructurales en la economía para alcanzar una democratización de las relaciones de propiedad, trabajo y producción en beneficio de las grandes mayorías.
Hay que reconocer, claro está, las enormes limitaciones que aún cercan la búsqueda de dicha «democratización económica». Darío Azzellini brinda elementos interesantes en ese sentido, al graficar que «muchas instituciones y sus empleados parecen más preocupados en producir estadísticas cuantitativas, que en experimentar modelos organizativos económicos y laborales alternativos».
Este tipo de discusiones sobre el proceso abierto en el terreno económico debe ser enriquecidas por las múltiples organizaciones sociales y colectivos políticos que le dan vida cotidiana a la Revolución: la idea de «democracia participativa», planteada en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene que ver también con la posibilidad de que las mayorías decidan sobre los principales asuntos económicos de la Nación.
Efectivamente, se trata de problematizar la idea de «control social» en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, en la búsqueda de una transferencia creciente de participación a los trabajadores en todas las empresas. Se trata de combinar las diversas instancias de organización (como, por ejemplo, los Consejos de Trabajadores o las Mesas Técnicas al interior de cada empresa) en pos de amplificar la capacidad colectiva en cada lugar de trabajo. Se trata, ni más ni menos, que de apostar incansablemente a la concreción de una política económica autónoma, solidaria, que represente (y haga parte, claro está) a las grandes mayorías.
Esa es, creemos, una de las pautas fundamentales que va a nutrir de acá en más la discusión sobre la soberanía estatal y la participación popular en Venezuela. El «piso» de la discusión, a juzgar por todo lo que ya se ha hecho -tal como hemos mostrado en estas páginas y en el artículo que antecede esta entrega- es altísimo.
Bibliografía:
Álvarez, Víctor. «Del Estado Burocrático al Estado Comunal. La transición al socialismo de la Revolución Bolivariana». Noviembre de 2010. Centro Internacional Miranda. Caracas, Venezuela.
Azzellini, Dario. 2009. Economía solidaria, formas de propiedad colectiva, nacionalizaciones, empresas socialistas, co- y autogestión en Venezuela.
Blankerburg, Stephanie. «El Estado y la Revolución. Reestatización del banco propiedad del grupo Santander» , Revista «América XXI». N° 41. Agosto de 2008
Chávez Frías, Hugo. «Clase Magistral sobre Control Obrero». Vease online: http://www.chavez.org.ve/
«Comuna: pensamiento crítico en Revolución» , Número 1: «Trabajadores: experiencias en Revolución», Centro Internacional Miranda, Caracas, Venezuela. Octubre de 2009.
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Bases programáticas.
«Plan Socialista Guayana 2010-2019» , en «Critica de Nuestro Tiempo», Revista Internacional de Teoría y Política. Año XIX, N° 39/40, Octubre 2009-Marzo 2010.
Thwaites Rey, Mabel. 2010. Después de la globalización neoliberal: ¿Qué Estado en América Latina? En OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Ano XI, Nº 27, abril.
[1] Chávez Frías, Hugo. «Clase Magistral sobre Control Obrero». Vease online: http://www.chavez.org.ve/
[2] O mejor dicho, que la prensa y los medios de comunicación han dado a conocer como la «nacionalización del petróleo»
[3] La creación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpolec) se dió a través del decreto N 5.330 del 2 de Mayo de 2007
[4] «Comuna: pensamiento crítico en Revolución», Número 1: «Trabajadores: experiencias en Revolución», Centro Internacional Miranda, Caracas, Venezuela. Octubre de 2009.
[5] Esto lo hemos desarrollado en el artículo que precede esta segunda entrega.
[6] «Trabajadores proponen al Estado rescatar Sidor de manos privadas». 20/09/2006. Vive TV, Venezuela. Véase online en: http://www.vive.gob.ve/inf_
[7] » Chávez decreta la nacionalización de Sidor», 1/05/2008. Diario El Mundo, España. Véase online en: http://www.elmundo.es/
[8] Así lo han expresado los trabajadores en el balance colectivo de los 3 años de la nacionalización. Allí se destaca que » En el 2011, Sidor con un enfoque donde predominan las nuevas relaciones de producción, bajo la filosofía del control obrero, con la participación y protagonismo de la clase trabajadora, ha garantizado sus derechos laborales, muestra de ello, es como se ha respetado el Contrato Colectivo Vigente, y se ha mejorado significativamente los
beneficios a la nómina de conducción; se incorporaron a la nómina fija los trabajadores de las contratistas según la cláusula 96, quienes además recibieron importantes reivindicaciones salariales en el 2009, tales como: pago de diferencia de utilidades, pago de 25 días de salario normal, pago de útiles escolares, incremento salarial de 10 Bs
en junio del 2010 y un segundo incremento de 10 Bs en septiembre de ese mismo año, y la aplicación del factor 7.3, entre otros». Véase informe online en: http://www.aporrea.org/
[9] «Plan Socialista Guayana 2010-2019», en «Critica de Nuestro Tiempo», Revista Internacional de Teoría y Política. Año XIX, N° 39/40, Octubre 2009-Marzo 2010.
[10] Ibíd. Pág. 58
[11] Ibíd.
[12] Blankerburg, Stephanie. «El Estado y la Revolución. Reestatización del banco propiedad del grupo Santander» , Revista «América XXI». N° 41. Agosto de 2008
[13] Ibid.
[14] Ibíd.
[15] Álvarez, Víctor. «Del Estado Burocrático al Estado Comunal. La transición al socialismo de la Revolución Bolivariana». Noviembre de 2010. Centro Internacional Miranda. Caracas, Venezuela.
[16] Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Bases programáticas. Formas de propiedad del modelo Productivo de la transición al Socialismo. Pág. 119-120.
[17] «Fedecamaras: El Gobierno ha expropiado 402 empresas sólo en 2011». Noticias 24, 27/09/2011. Véase Online en: http://economia.noticias24.
[18] Ibíd.
[19] «Fedecamaras: Expropiaciones van en contra de una economía próspera». El Nacional. 27/09/2011. Véase online en: http://el-nacional.com/
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