El Senado brasileño elevó este miércoles a la presidenta Dilma Rousseff el texto de la ley que obliga el Estado a divulgar públicamente todos los documentos oficiales, incluso los considerados como «ultrasecretos», referentes a la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985. El proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara […]
El Senado brasileño elevó este miércoles a la presidenta Dilma Rousseff el texto de la ley que obliga el Estado a divulgar públicamente todos los documentos oficiales, incluso los considerados como «ultrasecretos», referentes a la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.
El proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, recibió anoche la luz verde del Senado, que rechazó el informe preparado por el senador y ex presidente brasileño Fernando Collor de Mello, quien deseaba mantener ocultos documentos considerados como sensibles.
«Brasil será el primer país en abrir todas las informaciones», justificó Collor, quien asumió la Presidencia en marzo de 1990 y fue desalojado del poder en diciembre de 1992 por un gigantesco escándalo de corrupción, consignó DPA.
Otro senador y ex presidente brasileño, José Sarney (1985-1990), había defendido mantener en secreto algunos documentos, como los relativos a la guerra que libró la Triple Alianza -Brasil, Argentina y Uruguay- contra Paraguay a fines del siglo XIX.
Sin embargo, los dos ex mandatarios sufrieron una abrumadora derrota: el fin del «sigilo eterno», como se lo denomina, fue aprobado por 43 votos favorables y sólo nueve contrarios.
El texto a ser promulgado por Rousseff define qué documentos oficiales considerados como «reservados» podrán permanecer secretos cinco años. Este plazo aumenta a 15 años para los documentos definidos como «secretos», mientras que los considerados como «ultrasecretos» serán hechos públicos en 50 años, como máximo.
«No hay forma de que un documento genere resquemores después de 50 años», justificó el líder del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Humberto Costa.
La nueva ley entrará en vigencia 180 días después de ser promulgada por Rousseff, cuando será creada una Comisión de Reevaluación de Informaciones, integrada por representantes de los tres poderes, que tendrá un plazo de dos años para revisar casos de documentos hoy considerados como «ultrasecretos».