Su economista jefe, Oliver Blanchard, no cree que sea la solución, aunque ve progresos
El acuerdo al que han llegado los países de la zona euro no es suficiente para el FMI, según ha manifestado su economista jefe, Oliver Blanchard, quien no lo ve como una solución completa para resolver la crisis de la deuda, si bien cree que es un paso en la dirección correcta.
«En realidad soy más optimista que hace un mes, creo que ha habido progresos«, ha afirmado Blanchard en una conferencia mundial de negocios celebrada en Tel Aviv, para añadir que «lo que sucedió la semana pasada es importante: es parte de la solución, pero no es la solución«, aunque no ha comentado qué otras medidas son necesarias. «Mucha de la volatilidad viene en los estados de Europa por mostrar la diversidad de opiniones y la incapacidad para llegar a un proceso de decisión lógica», ha destacado Blanchard en referencia a la repercusión en los mercados de las declaraciones de los diferentes líderes europeos.
El viernes se acordó en Bruselas la redacción de un nuevo tratado que recoja una mayor integración económica entre los países de la zona euro, a pesar de la negativa de Reino Unido de ratificar este acuerdo.
Entre otras medidas también acordaron destinar hasta 200.000 millones de euros a préstamos bilaterales con el FMI para ayudar a hacer frente a la crisis, financiando desde los países con el euro 150 mil millones, algo que el jefe economista del FMI cree que puede ayudar para que otros países también ayuden económicamente. «Aunque si es el arma adecuada o no, eso espero», ha afirmado.
De la decisión de Reino Unido Blanchard ha señalado que «es un problema a decidir por los europeos«.
Por su parte, Jim O’Neill, nuevo presidente de Goldman Sachs Asset Management, ha afirmado que el hecho más importante de la semana no es el acuerdo europeo si no que por primera vez se han publicado datos que muestran una tendencia a la desaceleración del crecimiento en China.
De Europa, O’Neill ha dicho que su verdadero problema no es la crisis de la deuda, si no una crisis en la estructura de liderazgo. «Europa debe organizarse adecuadamente y mostrar un liderazgo adecuado» ha comentado. Sin embargo, también ha indicado que ahora podría ser el mejor momento desde hace 20 años para invertir en Europa, diciendo: «Nunca desperdicies que una buena crisis».
O’Neill y Blanchard han mostrado sus diferencias en cuanto a las previsiones de crecimiento en Estados Unidos para el próximo año, mientras que el primero se ha mostrado optimista Blanchard ha dicho que los datos de 2011 han salido mejor de lo esperado y ha dudado de que se repita.
Las claves del acuerdo
Los líderes europeos han pactado lo que se conoce de muchas formas: «pacto fiscal», una «arquitectora reforzada para la unión monetaria» o un «pacto presupuestario», que se refieren a las tesis defendidas desde hace un año por la canciller alemana, Angela Merkel, quien desde el comienzo de la crisis reclamó austeridad presupuestaria y duros castigos para el que no lo cumpla.
Las medidas concretas pactadas se resumen en la sacralización de los límites de déficit y deuda, que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento limita en un 3% y en un 60% del PIB, respectivamente. Todo desvío será castigado y prevenido, según las nuevas normas, que son un endurecimiento de las que la Unión Europea ha reforzado ya desde el inicio de la crisis y que entran en vigor la semana que viene.
El paso adicional pactado implica sanciones automáticas (salvo que se reviertan con una mayoría cualificada muy difícil de conseguir) que pueden llegar a convertirse en multas del 0,2% del PIB del país en cuestión. Además, los firmantes del pacto se comprometen a incluir un tope al déficit en la Constitución, que será revisado por el Tribunal de Justicia de la UE. La medida, que ya consta en la Constitución de Alemania y España, limitará al 0,5% el déficit estructural (el que existe aún cuando la economía rinde a pleno potencial).
La justicia comunitaria revisará que los Estados la adoptan y que tienen leyes secundarias que la desarrollan. Además, se dará más poder a las instituciones europeas para que intervengan en un país que esté negociando un presupuesto que pueda desviarse de los objetivos. Todos los países se comprometen a iniciar un proceso de convergencia económica en materias como la laboral o la fiscal.