En España, como en Grecia o Italia, se están adoptando una serie de duros recortes presupuestarios. Estos afectan, sobre todo, a los servicios sociales, como la educación o la sanidad. Dichos recortes son presentados como medidas necesarias para salir de la crisis. Pero, en realidad, estas medidas tienen otros objetivos. En primer lugar, las entidades […]
En España, como en Grecia o Italia, se están adoptando una serie de duros recortes presupuestarios. Estos afectan, sobre todo, a los servicios sociales, como la educación o la sanidad. Dichos recortes son presentados como medidas necesarias para salir de la crisis. Pero, en realidad, estas medidas tienen otros objetivos.
En primer lugar, las entidades financieras no están dispuestas a asumir los costes de una crisis provocada por sus prácticas especulativas. Quieren hacerlos recaer sobre los trabajadores, los pensionistas, los estudiantes, los parados y los enfermos. En segundo lugar, se pretende desmantelar lo que queda del estado social. Aplicando las doctrinas expuestas por Hayek en los años sesenta, el estado debe limitarse a la beneficencia. Su intervención no debe tener efectos redistributivos de la renta. La sanidad pública debe ser una sanidad para los pobres que no puedan costearse la atención médica. De esa forma, la sociedad se fragmenta en «ganadores» y «perdedores». Entre quienes pueden permitirse pagar una sanidad privada de calidad y los que tienen que acudir a hospitales públicos en busca de caridad. Teniendo como referente este contexto, aquí se analiza el poder del sistema financiero sobre los estados.
La regulación fallida
A finales de 2008 todo el mundo parecía de acuerdo en la necesidad de regular y redimensionar el sistema financiero. Parecía el fin del neoliberalismo y sus dogmas. Se anunciaba una nueva era de eco-keynesianismo. Pero un año después la situación era del todo diferente. El sistema financiero había conseguido paralizar las reformas diseñadas por los sistemas políticos. Esto ocurrió en todas partes y a todos los niveles. Pasó en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en la UE y a nivel global.
Este hecho plantea un problema muy grave a cualquier pretensión de democratizar el sistema financiero. Para someter a control democrático el sistema financiero es necesario, primero, democratizar el sistema político. El sistema financiero condiciona fuertemente las decisiones del sistema político. Presiona desde fuera y se infiltra dentro de él. Hay que acabar con esa situación para poder plantear seriamente cualquier propuesta de regulación financiera. Para ello es necesario identificar las fuentes de poder político del sistema financiero.
El poder del sistema financiero sobre y dentro de los estados
La primera fuente de poder político del sistema financiero deriva de que actualmente los estados tienen que financiarse acudiendo a los mercados financieros. Los estados habían obtenido tradicionalmente fondos a través de los Bancos Centrales. El neoliberalismo tuvo como uno de sus objetivos acabar con esa situación. En la Unión Europea lo consiguió plenamente. El Banco Central Europeo no puede suscribir deuda pública directamente. No está autorizado a prestar dinero a los estados. Pero sí puede prestar dinero a los bancos. Tras la crisis financiera el BCE prestó cientos de miles de millones de euros a los bancos a un interés muy bajo. Estos préstamos han de sumarse a las enormes cifras destinadas a su rescate. Hoy en día los bancos utilizan el dinero a bajo interés obtenido del BCE para prestárselo a un interés exorbitante a los estados europeos. Es una situación absurda e indignante.
La necesidad de financiación de los estados es consecuencia de sus déficits presupuestarios. Los déficits actuales (al menos en Europa) no son producto de un aumento del gasto público. Esos déficits son consecuencia de la disminución de la recaudación debida a la reducción de impuestos a las empresas y a los ciudadanos más ricos. La crisis financiera agravó los déficits. Los estados acudieron al «rescate» de los bancos proporcionándoles billones de dólares y euros. Las medidas iniciales para combatir la crisis también supusieron un aumento del gasto público. La ralentización de la economía disminuyó aún más la recaudación impositiva. La deuda de los estados se hizo mayor. Con ello aumentó también su dependencia de los mercados y entidades financieras.
Otra fuente de poder político del sistema financiero es la amenaza de crear «pánico» o «inestabilidad» en los mercados. Ese es uno de los chantajes utilizados más frecuentemente por las entidades financieras para condicionar las decisiones de las instituciones políticas. Un conjunto de entidades financieras poderosas pueden retirar rápidamente gran cantidad de capital invertido en un país. Eso tiene consecuencias catastróficas: baja la bolsa, la cotización de la moneda cae, las agencias degradan la calificación de la deuda… Se inicia así una espiral descendente muy difícil de combatir. La posibilidad de realizar este tipo de chantaje deriva de la libertad de circulación de capitales a través de las fronteras.
Además de esas formas de presión sobre los estados, los bancos disponen de poder político dentro de los mismos. Stiglitz muestra en su libro sobre la crisis el grado de infiltración del sistema financiero en el seno de las instituciones estatales. Los grandes bancos controlan a los políticos estadounidenses, financiando sus campañas. Las «puertas giratorias» entre el mundo de las finanzas y el mundo de la administración pública giran a gran velocidad. Los regulados de hoy serán los clientes de mañana o lo fueron ayer. La necesaria distancia de la administración respecto de los intereses privados no existe en el caso de la (poca) regulación financiera norteamericana. Así, por ejemplo, Paulson concedió una ayuda de 89.000 millones de dólares a A.I.G. El mayor beneficiario de esa ayuda fue Goldman Sachs, su antigua empresa [1].
La manera de resolver la crisis en Estados Unidos prueba la influencia política del sector financiero. Se ha concedido a las grandes entidades financieras rescates millonarios sin exigirles nada a cambio. Los directivos de las entidades rescatadas han mantenido sus sueldos astronómicos mientras muchas personas perdían su casa, su empleo, o ambas cosas. La manera de enfocar la crisis no cambió con la llegada de Obama al poder. El presidente del cambio mantuvo al equipo económico de Bush modificando ligeramente el orden de las sillas. Obama dejó quebrar la General Motors y rescató a los grandes bancos. Algo ha cambiado sustancialmente en Estados Unidos. Antes se decía que «lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos». Ahora resulta que es bueno para los Estados Unidos lo que es bueno para Wall Street.
Lo mismo ha ocurrido en Gran Bretaña. Según un informe alternativo elaborado por un grupo de economistas de la Universidad de Manchester, la dificultad principal para reformar el sistema financiero británico es el poder político de la City. Los banqueros (o determinados altos cargos y accionistas de ciertas instituciones financieras) tienen a un número considerable de políticos como rehenes. El gobierno encarga informes sobre el sector financiero a expertos procedentes de ese mismo sector. El poder político británico está, pues, profundamente infiltrado por el sistema financiero [2].
En España, privatizar las cajas de ahorro ha sido hacer precisamente lo contrario de lo que se debía. No se ha corregido su deriva hacia la bancarización. No se ha intentado recuperar su función social ni potenciar la gestión participativa de las mismas. Lo que se ha hecho es presionarlas más que a las entidades bancarias para que se «saneasen». Ello ha conducido a que las cajas creasen sus propios bancos y les asignasen sus mejores activos. Luego, estos bancos se han privatizado, vendiendo sus acciones a precio de saldo. Ahora su destino está en manos de fondos de inversión y de pensiones cuyos gestores sólo están interesados en el rendimiento económico [3]. Se ha perdido la oportunidad de crear una banca pública que garantizase el crédito como servicio esencial.
La necesidad de una movilización ciudadana
Los problemas más importantes de la actualidad encuentran siempre un obstáculo para su solución en el poder y la actuación de las entidades financieras. Éstas han causado la crisis actual. Pero hacen soportar sus costes al conjunto de la sociedad. Mientras, sus ejecutivos se embolsan cantidades inmensas de dinero. No estamos hablando de banalidades: la remuneración de los altos directivos se «come» el 50% de los beneficios de la banca industrial en Gran Bretaña.
La crisis, el paro, la reducción de los gastos sociales, la dificultad de adoptar políticas anticíclicas, la imposibilidad de acometer en serio una transformación ecológica de la sociedad, la imposibilidad de democratizar el poder político… todo se topa con el mismo obstáculo: el poder del sistema financiero; con su poder económico, su capacidad de presión sobre las instituciones políticas, su infiltración dentro de esas mismas instituciones.
El sistema financiero es en este momento el «enemigo principal» como se decía en otros tiempos. Es necesaria una fuerte movilización popular para hacerle pagar las consecuencias de la crisis y despojarle de su poder político; para redimensionarlo y reorientar su actividad en un sentido social y ecológico; para dar un primer paso en la democratización de las instituciones políticas. No parece ser suficiente con una movilización popular que presione al poder político. Éste es un rehén del poder financiero o está conchabado con él. Las movilizaciones de Barcelona contra la aprobación de los presupuestos restrictivos de la Generalitat lo pusieron de manifiesto.
Estamos metidos en un círculo vicioso. Hay que adoptar una serie de medidas para disminuir el poder político del sistema financiero. Esas medidas deben ser tomadas por las instituciones políticas. Las instituciones políticas no pueden adoptarlas debido al poder político del sistema financiero. Es necesario, por tanto, combatir ese poder. Pero…
Hay bastantes indicios de que el sistema representativo tal como está ahora en Europa no va a resistir la forma actual de gestionar la crisis. El autoritarismo tecnocrático que se ha implantado en Italia o Grecia lo ponen de manifiesto. Personajes procedentes del sector financiero e impuestos por «la troika» (FMI, UE y BCE), presiden los gobiernos de esos países e implantan medidas de «ajuste» aún más rigurosas que sus predecesores. En el otro extremo está la «revolución» democrática de Islandia: los ciudadanos hicieron caer a su gobierno, se negaron a pagar las deudas de los bancos en un referéndum, y se pusieron a elaborar una nueva constitución. Ahora son los únicos que están saliendo de la crisis, porque han hecho lo contrario que el resto de los países europeos en dificultades: aumentar el gasto público. ¿Serán el autoritarismo disfrazado de tecnocracia o la revolución democrática desde abajo las dos únicas alternativas a corto plazo para los estados europeos periféricos?
En España se pondrá pronto a prueba la resistencia del sistema político existente. Será más o menos a mediados del 2012: en el momento en que se plantee la asunción de la deuda privada de los bancos por parte del estado. Cuando la población se entere de que España no tenía graves problemas de deuda pública, pero sí de deuda privada. Cuando se dé cuenta de que el gobierno va hacer recaer sobre todos nosotros las deudas asumidas por los bancos, como en Islandia. ¿Qué pasará en ese momento? ¿Se formará un gobierno de concentración, como paso previo a alguna forma de autoritarismo tecnocrático? ¿O habrá una fuerte movilización desde abajo que transformará radicalmente el sistema político y dará lugar a una salida de la crisis completamente diferente?
Notas:
[1] Stiglitz, Joseph: Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial, Madrid, Santillana, 2011, p. 114.
[2] V. «An Alternative Report on UK Banking Reform», en: http://www.cresc.ac.uk/
[3] V. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, José Miguel: «Privatización de las cajas de ahorro españolas: viejo propósito, excelente negocio y expolio social», en PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, Nº 114, 2011, pp. 37-47.
José Antonio Estévez es Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona, redactor de Mientras Tanto y colaborador de Alba Sud.