Cualquier persona no versada en cuestiones económicas debe andar aturdida con las continuas menciones al déficit público. A esto, inmediatamente hay que añadir que los ciudadanos están siendo confundidos y engañados con el tema del susodicho déficit. El propósito de este artículo es clarificar lo que significa el déficit y desvelar la manipulación que se […]
Cualquier persona no versada en cuestiones económicas debe andar aturdida con las continuas menciones al déficit público. A esto, inmediatamente hay que añadir que los ciudadanos están siendo confundidos y engañados con el tema del susodicho déficit. El propósito de este artículo es clarificar lo que significa el déficit y desvelar la manipulación que se está haciendo del mismo.
Ante todo, el déficit siempre ha de referenciarse a un período temporal, un año por ejemplo, y por ello se habla del déficit de tal o cual año. Todo ente económico -una persona, familia, empresa, ONG, un ayuntamiento, el Estado, el conjunto de las Administraciones Públicas o, globalmente, un país- registra un déficit cuando, en un periodo de tiempo, sus ingresos son inferiores a los gastos realizados. La diferencia tiene que cubrirse necesariamente generando una deuda. Así, por ejemplo, si en el año uno el conjunto de las Administraciones Públicas -formadas por el Estado, la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos- ingresan por 100 y gastan por 120, han de generar una deuda de 20. Si, en el año dos, repiten estas cuantías de ingresos y gastos, el déficit será el mismo y habrán de endeudarse por otros 20, de modo que al final del segundo año, a pesar de repetirse el déficit, la deuda acumulada ya es de 40. Si, en el año tres, los gastos son los mismos, pero los ingresos aumentan a 110, el déficit se reducirá a la mitad, a 10, pero la deuda habrá de incrementarse en estos otros 10, hasta 50. En el cuarto año, si los ingresos suben a 120 y los gastos se reducen a 115, habrá un superávit de 5, que se traducirá en una disminución de la deuda hasta un volumen de 45. Como se ve, la deuda en un momento dado, o si se prefiere al final de un año, es la suma de los déficits incurridos menos los superávit registrados en los años anteriores.
Por ello, para calibrar la situación financiera de un ente económico en un momento concreto, pongamos nuevamente de ejemplo a las Administraciones Públicas, hay que considerar y evaluar simultáneamente los déficits generados y el volumen de deuda que se ha acumulado hasta ese momento. Si se han estado registrando déficits públicos considerables y, al mismo tiempo, el conjunto de las Administraciones Públicas ya tiene acumulada una deuda elevada, que suele medirse en relación con el PIB de la economía, se estará en la peor situación de las posibles. Si se ha incurrido en déficits pequeños o, incluso, algún superávit y el volumen de deuda es reducido, se estaría en una buena posición. Las combinaciones posibles son muy variadas y, entre ellas, puede ocurrir que, estando reduciéndose significativamente el déficit, la posición sea muy delicada, debido a que el volumen de deuda acumulado sea muy elevado. En estos momentos los casos así tienen mucho interés porque, estando los gobiernos de los países de la zona euro obsesionados por la reducción de los déficit públicos, el conseguir dicha disminución no mejorará los problemas financieros de fondo, que están generados por el enorme volumen de deuda pública existente.
Lo límites a los déficits públicos que los países podían registrar anualmente y el montante que sus deudas públicas acumuladas podían alcanzar estaban recogidos en las famosas condiciones de convergencia de Maastricht. Son, respectivamente, el 3% y el 60% del PIB. El establecimiento de estos límites era una exigencia razonable para formar parte de la moneda única, teniendo en cuenta que, a partir de la creación del euro, los Estados no tendrían la posibilidad de recurrir a sus propios bancos centrales para financiar los déficits – ni los Estados ni los demás entes públicos tienen ya esta posibilidad histórica de endeudarse con su banco central. Esto es, lo que se llama monetizar la deuda-. Finalmente, en el euro entraron todos los países que así lo quisieron, con independencia de la situación de sus finanzas públicas y del cumplimiento de los criterios establecidos. Esto constituye una de las debilidades originales de la moneda única y uno de los motivos de la actual crisis europea.
Nuestro país, con respecto a estas dos condiciones, entró a formar parte del euro en una situación comparativamente aceptable. En el año 1998, las Administraciones Públicas tuvieron un déficit del 3,2% del PIB, tras unas correcciones realizadas en los años previos, y la deuda pública alcanzaba al final de ese año, en el momento de nacer la moneda común, un montante equivalente al 63,2% del PIB.
En los años siguientes y hasta el 2007, esta situación mejoró progresivamente hasta la eclosión de la crisis financiera internacional en septiembre de 2008, con la quiebra del banco norteamericano Lehman Brothers. Así y como media, en los seis años posteriores a 1999, el déficit público anual fue de sólo el 0,7% del PIB e, incluso, en el trienio 2005-2007 se registró un superávit medio anual del 1,6% del PIB. La deuda pública medida en términos del PIB registró una caída continua, llegando a descender hasta el 36,2% del PIB a finales de 2007 (conviene resaltar e insistir en que éstas son cifras referidas sólo a las Administraciones Públicas, pues en todo el periodo analizado la economía española estuvo generando anualmente importantes déficits con el exterior, con el correspondiente aumento del volumen acumulado de la deuda de nuestro país frente al resto del mundo. Vistas las cifras del comportamiento del sector público, estos hechos hay que atribuirlos fundamentalmente al sector privado de la economía).
La crisis internacional de 2008 cambió abruptamente el panorama y las condiciones en que se desenvolvían las economías de todos los países. No es éste el lugar para describir la crisis ni el impacto que produjo en las principales economías. Sólo dos hechos a destacar: la descomposición de los mercados financieros levantó el manto que cubría los profundos desequilibrios reales y financieros existentes en la zona del euro. La moneda única había gestado una profunda crisis, que estuvo soterrada por la euforia dominante y las facilidades financieras existentes, pero que hubiera estallado con o sin crisis internacional. Para la economía española, y éste es el segundo hecho resaltable, la crisis ha cobrado rasgos tenebrosos como consecuencia del gran endeudamiento frente al exterior en que se había incurrido desde la creación del euro y de la quiebra de un periodo de expansión económica sustentado en la construcción. La socavada situación financiera española quedó descarnadamente puesta de manifiesto y la economía entró en una depresión con efectos harto conocidos.
La incidencia de la crisis financiera internacional, la recesión y el estallido de la burbuja inmobiliaria tuvo efectos fulminantes y contundentes en las cuentas públicas. De un superávit del 1,9% el PIB en 2007 se pasó a un déficit del 4,5% en 2008. En los años siguientes, el déficit ascendió al 11,2% en 2009, al 9,3% en 2010 y parece que será algo más del 8% en 2011, frente al 6% proyectado por el gobierno socialista saliente. Éstas son cifras de magnitud históricamente desconocida y que, reflejadas en el montante de deuda pública que ha habido que generar, han hecho pasar el volumen de endeudamiento público desde el mencionado 36,2% del PIB en 2007 hasta el 70% alcanzado al finalizar 2011.
Éste es el marco donde se inicia la política del nuevo gobierno del PP, cuyo objetivo, a pesar de sus declaraciones de que está orientada a promover la recuperación del empleo, se ha centrado desde el primer momento en la corrección del déficit público, dando continuidad a la política que, desde mayo de 2010, vino practicando el anterior gobierno, tras de ceder y someterse a las instrucciones emanadas de las instituciones europeas y los mercados financieros.
El déficit público, en efecto, constituye el eje de la política económica en los últimos tiempos, al punto que ha llevado a una alevosa reforma de la constitución, cocinada en pocos días por el PSOE y el PP, para dejar atado el futuro. A partir de ello es donde hay que desenmascarar la reaccionaria, contraproducente e inútil orientación emprendida.
La corrección del déficit público puede intentarse desde muy variadas combinaciones de ingresos y gastos públicos. Esas combinaciones determinan en buena medida el carácter de la política social y son las que permiten hablar del carácter regresivo de la política social de los últimos gobiernos. Por otra parte, no es discutible que una política fiscal contractiva, como la que implica el intento de reducir el déficit público, acaba teniendo una incidencia depresiva sobre la actividad económica -el anuncio de dos años de recesión, lo que, en las condiciones de paro de nuestra economía, es simplemente pavoroso-. Pero, además, todo intento de reducir el déficit acaba por tener un impacto contraproducente en el propio déficit pues la degradación de la actividad y la demanda acaban repercutiendo en los ingresos y gastos públicos, con lo cual se genera un círculo vicioso difícil de superar. Eso está ocurriendo en la economía española y en otras economías europeas -Grecia, Portugal, Italia, Irlanda -, sometidas al mismo intento de corregir el déficit público como necesidad imperiosa e inútil para apaciguar a los poderes económicos europeos.
Por la desconfianza sobre la solvencia de casi todos los países europeos, por la crisis financiera internacional y la particular del euro, los tipos de interés que se ven obligados a pagar los países tienden a crecer y, a veces, a dispararse hasta niveles de estrangulamiento, caso de Grecia. Así, los déficits se ven agravados por la carga de los intereses de la deuda, que, dado su volumen, llegan a alcanzar cifras muy significativas del gasto público de cada país.
Cabría decir que la reducción del déficit público en las circunstancias actuales se presenta como la caza de la liebre, que se aleja a medida que nos aproximamos a ella. Pero, en fin, supongamos que, en el caso de nuestro país, se consigue disminuir el déficit público según los proyectos del gobierno. Gobierno que ya ha titubeado respecto a que sea posible reducirlo al 4,4% del PIB en 2012 (el FMI acaba de prever nada menos que un 6,8%) y anda haciendo gestiones por Europa para que el compromiso del 3% en 2013 se aleje en el tiempo, ante la sospecha de que sea realmente imposible conseguirlo (el FMI pronostica más del doble, el 6,3%).
Supongamos, dándole vuelos a la imaginación, que la cuestión del déficit público entra en vías de solución. Con ello, sin embargo, no se habría resuelto prácticamente ninguno de los problemas que suscitan las cuentas públicas. En lo esencial, todo permanecería intacto como consecuencia del volumen acumulado de endeudamiento del sector público. Cada punto de reducción del déficit anual implica unos 10.000 millones de euros, «de ahorro» dicen los neoliberales, de recortes y ajustes habla la izquierda. Esta cifra, respecto a los 700.000 millones de euros a que asciende actualmente el volumen de endeudamiento público resulta insignificante.
Este endeudamiento, formalizado en deuda pública, en préstamos, créditos u otros pasivos, distribuido entre el Estado y los entes territoriales, y en manos de acreedores nacionales o extranjeros, origina una pesada carga de intereses, impone un calendario de amortizaciones y exige unos proyectos de renovación complejos y difíciles, dadas las nuevas condiciones financieras internacionales, surgidas desde la crisis de 2008 y la pérdida de solvencia de nuestro país. Así lo expresan los mercados a través de la prima de riesgo exigida y las agencias de calificación con la degradación de la asignada a la deuda española. Algunas Comunidades Autónomas han dejado de poder financiarse en los mercados y se ha llegado a decir que la deuda pública del Estado español, al margen de los aleatorios e incontrolados movimientos cotidianos, puede llegar a tener la consideración de bonos basura.
La conclusión de todo lo anterior es que el problema tan traído y llevado del déficit, con todas las dramáticas consecuencias que originan los intentos de reducirlo, no deja de ser más que una pequeña rémora de la situación de las cuentas públicas de economía española. Las estimaciones del FMI elevan al 78% del PIB el volumen que el endeudamiento de las administraciones públicas alcanzará al final de este año y al 84%, al final de 2013, unos 840.000 millones de euros. Se podrá decir que otros países europeos están en situación más complicada: es verdad, pero así les va a esos países y así está Europa, destrozada en una crisis global sin salida.
La solución, si no me equivoco y como he tratado de probar, no puede venir por la vía de los ajustes. Las medidas que serán necesario adoptar serán mucho más truculentas y rupturistas de lo que el gobierno y la sociedad en general imaginan. El panorama es muy sombrío e inquietante en lo económico y en lo social, y, en lo que atañe a las cuentas públicas, será también inevitable plantearse recursos hasta ahora impensables, como acudir a una quita, con lo que ello implica de azuzar el fuego de la crisis europea y del descrédito financiero del país.
El gobierno, como dije al principio, nos engaña y nos confunde. Para justificar la medidas fiscales adoptadas, contrarias a lo recogido en su programa electoral, ha recurrido a decirnos que son excepcionales y temporales, pero, si todo empeora como parece inevitable, no habrá condiciones para dar marcha atrás sino todo lo contrario: nuevas elevaciones de impuestos se justificarán por el lento avance en la corrección del déficit. La liebre se escapa de nuevo. Por otra parte, ha emprendido el camino de los ajustes y recortes, vendiendo que son imprescindibles para remontar la crisis, pero, como hemos visto, los intentos de reducir el déficit son contraproducentes y bastante inútiles. El inicio del inicio de este viaje no lleva a ninguna parte, salvo para degradar continuamente la situación económica y social.
La crisis es devoradora. En menos de un mes, ha dejado la credibilidad del gobierno a los pies de los caballos. La crisis no era una cuestión de la desconfianza que suscitaba el gobierno Zapatero, como insistía Rajoy, y un cambio en el ejecutivo no es la solución. En pocos días, han tenido que cambiar su discurso político y renunciar a su programa electoral, sin que estén sacando al país del abismo sino hundiéndolo cada vez más: no tienen otra propuesta que anunciarnos ajustes y recortes sin límite para el bien de España, no de los españoles. Mientras, respecto a la creación de empleo, ya el gobierno da por hecho, como la cosa más natural y menos evitable del mundo, una recesión de por lo menos dos años que nos garantizará, eso sí, más de 6 millones de parados.
En menos de un mes y bastante más rápidos que Zapatero, los del PP han demostrado ser unos mentirosos compulsivos y unos incompetentes peligrosos.
Pedro Montes es economista. Es miembro de Socialismo 21.
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