Un estudiante se acerca hasta la puerta de la empresa de seguridad Dacala con un cartel que lleva el rostro de David dos Santos Araújo, dueño de esa compañía y acusado por el Ministerio Público Federal de tortura y asesinato durante la dictadura militar en Brasil. Tras la reja que divide manifestantes y empleados, el […]
Un estudiante se acerca hasta la puerta de la empresa de seguridad Dacala con un cartel que lleva el rostro de David dos Santos Araújo, dueño de esa compañía y acusado por el Ministerio Público Federal de tortura y asesinato durante la dictadura militar en Brasil. Tras la reja que divide manifestantes y empleados, el encargado de seguridad deja entrever su revolver bajo el saco para intimidar al joven.
Esa tensión caracterizó una jornada histórica en la que manifestantes de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belém y Curitiba protestaron simultáneamente frente a residencias y empresas de los acusados por tortura y asesinato durante la dictadura militar.
Además de la presencia de algunos presos políticos, se destacó una gran mayoría de jóvenes con bombos, stencil, pancartas y banderas, que a través voces como la de Lira Alli, integrante de la organización Levante Popular da Juventude anunciaban: «estamos acá porque la verdad está siendo amenazada y nosotros jóvenes queremos conocer nuestro pasado, para construir nuestro futuro».
Esculacho
La articulación del «esculacho», termino derivado de «escrache» que da nombre a una acción inédita en Brasil, fue a cargo de Levante Popular da Juventude, organización ligada a Vía Campesina, a MDT (Movimiento de Trabajadores Desempleados) y el colectivo Consulta Popular.
Se mantuvo discreción en la coordinación para no alertar a los ex militares y ex policías foco del escrache, por otra parte la corta duración de las iniciativas impidió la intervención de la policía.
La experiencia marca un antes y un después en la participación de la sociedad brasilera en el esclarecimiento de los crímenes de Estado, según los organizadores se inspira en acciones argentinas y chilenas que sirvieron para visibilizar a muchos de los que hoy están siendo juzgados en esos países.
Verdad, memoria y justicia
Mientras hay expectativa en la designación por parte de la presidenta Dilma Roussef de quienes conformarán la Comisión de la Verdad que indagará los crímenes durante la dictadura militar; existe una gran deuda en relación a la decisión del Poder Supremo en el 2010 de proteger la amnistía que impide el enjuiciamiento de los culpables.
Fue entonces el reclamo de justicia, uno de los puntos salientes en el manifiesto leído durante los escraches: «Torturadores y apoyadores de la dictadura militar, ¡ustedes no fueron absueltos! No podemos aceptar que vivan sus vidas como si nada hubiese pasado, mientras que de nuestro lado, lo que queda es silencio, nostalgia y la locura provocada por la tortura. (…) Mientras que todos los torturadores no sean juzgados, no vamos a dormir, ni descansar. (…)», se repitió al unísono entre los manifestantes.
Acá vive un torturador
Para los vecinos eran novedad los crímenes de David dos Santos Araújo. Algunos de sus empleados declararon desconocer el prontuario de su propio jefe, sin embargo no dudaban en tomar imágenes de los manifestantes.
Se trata del Capitán Lisboa, como hacía llamarse en la Operación Bandeirante, uno de los centros de tortura de la dictadura militar. Ivan Seixas, quien fue preso político en 1971, lo reconoce, asegura que a los 16 años fue torturado por Araújo, quien además asesinó a su padre y violó a su hermana.
En Belo Horizonte (Mina Gerais), el punto de encuentro fue la residencia de Ariovaldo da Hora e Silva, torturador perteneciente al Departamento de Orden Política y Social (DOPS) entre 1969 e 71 y relacionado con las muertes de Jaime de Almeida, Afonso Celso Lana Leite y Nilo Sérgio, opositores al Gobierno militar.
En Porto Alegre, el destino fue la casa del Coronel Carlos Alberto Ponzi. Ex-jefe del Servicio Nacional de Informaciones (SNI), acusado por la justicia italiana por la desaparición del militante argentino-italiano, Lorenzo Ismael Viñas, secuestrado al intentar cruzar a la Argentina, en 1980, durante la Operación Condor y un año después de que se firme la ley de amnistía.
La oficina de abogados del ex delegado de la Policía Federal de Fortaleza, José Armando Costa también fue blanco de protesta y sus familiares y empleados del quisieron impedir el escrache sin éxito.
48 años del Golpe
Mientras la sociedad brasilera se moviliza anticipando el 48° aniversario del golpe Militar, el 31 de marzo y 1 de abril, la acción tiene lugar sólo en un pequeño sector de la prensa y recibe la espalda de las grandes cadenas televisivas, a excepción de la Rede Record que describió los escraches como una acción de «guerrilla».
En el extremo se ve el mega-monopolio Globo, que además de hacer oídos sordos a la protesta de ayer, hace días daba espacio al anuncio por el festejo (ya prohibido por Dilma Roussef) que los militares llevaran a cabo en el aniversario de la «Revolución», conmemoración por el golpe de Estado de 1964.
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