Entre la ciudadanía hay un pensamiento generalizado que culpa de la crisis a los desmanes de los políticos y el gasto público. Se trata de un pensamiento claramente identificable con las tesis liberales según las cuales el gasto público debe ser mucho más bajo (lo que justifica los recortes) y que el mismo PP abandera […]
Entre la ciudadanía hay un pensamiento generalizado que culpa de la crisis a los desmanes de los políticos y el gasto público. Se trata de un pensamiento claramente identificable con las tesis liberales según las cuales el gasto público debe ser mucho más bajo (lo que justifica los recortes) y que el mismo PP abandera en cada intervención. Por ejemplo, hoy mismo el PP ha comentado que «por culpa del expresidente [Zapatero] se ha incrementado el peso de la deuda pública en España» y que Sarkozy estaba acertando al señalar al gasto público como responsable de la crisis.
Ahora bien, todo este discurso es absolutamente ideológico y no se sustenta en ningún dato. Es aprovechado por el PP para justificar sus recortes de derechos y por UPyD para justificar su desbocado sentimiento centralista (al atacar directamente al sistema de financiación y gasto de las comunidades autónomas), pero siempre sin más instrumentos que el mero sentimiento o llamadas a las emociones primarias. Los datos, de hecho, corroboran que ese discurso está construido sobre una mentira.
Observad el siguiente gráfico, que muestra la cantidad de deuda pública en circulación. Está elaborado a partir de los datos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012, presentados el otro día.
Como se puede comprobar, la deuda pública se dispara después del estallido de la crisis y no antes. Es decir, la relación es exactamente la inversa a la que sugieren partidos como PP y UPyD. Por lo tanto la deuda pública no es la causa de la crisis sino que es precisamente la consecuencia de la misma. Esto ya lo hemos explicado en detalle y con datos y gráficos aquí, aquí, aquí y aquí.
En 2012 los intereses a pagar por la deuda pública serán de 28.848 millones de euros (para hacerse una idea, el recorte del PP es de 27.300 millones). Pero además el Estado se endeudará este año por un total de 186.100 millones de euros más (y si finalmente las previsiones del Gobierno no se cumplen estaremos ante una cantidad mayor), los cuales serán dedicados fundamentalmente para la refinanciación de la deuda (149.300 millones de euros). Es decir, el Estado se endeudará para pagar la deuda contraída antes. Y en la medida que suba la prima de riesgo esa refinanciación será más cara y la punción sobre el Estado será más grande.
Lo que me interesa señalar aquí es que precisamente la deuda pública se ha convertido en el mecanismo más efectivo de socialización de pérdidas y privatización de ganancias, es decir, de transferencia de dinero público a manos privadas. Está siendo el elemento de política económica más recurrido para cristalizar la inmensa estafa que está siendo esta crisis económica.
En el esquema adjunto aparece resumida la cronología de los fenómenos que he considero más importantes y que están vinculados a la deuda pública. Como se puede comprobar son los mercados financieros los que prestan el dinero necesario para que el Estado pueda seguir operando, pero a su vez exigen condiciones de ajuste que hacen cada vez más difícil devolver esos mismos préstamos. Es decir, los planes de ajuste recortan servicios públicos pero a la vez deterioran el crecimiento económico que posibilita que haya ingresos suficientes. Se entra en una espiral propia de las llamadas crisis de demanda.
En este punto el mecanismo de la deuda pública se convierte en una herramienta que ejerce una punción constante sobre el Estado que permite transferir dinero público a los bolsillos de los llamados mercados financieros (que son grandes bancos y grandes fortunas fundamentalmente). Se trata de un mecanismo de transferencia que los mercados tratan de consolidar a través de las instituciones políticas que dominan, a saber, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Y mediante los parlamentos nacionales llevan a cabo las políticas para consolidar ese mecanismo y garantizar que sigue operando correctamente, es decir, que sigue absorbiendo toda la sangre posible del Estado.
En las actuales condiciones políticas y económicas estamos asistiendo a un descomunal saqueo que amenaza no sólo con descomponer los débiles cimientos en los que se mantenía la estructura económica europea sino también en destruir la cohesión social y desencadenar estallidos sociales de gran envergadura.
Y un elemento importante a destacar es que los parlamentos nacionales y por lo tanto los partidos políticos están siendo meros títeres de poderes no electos que tienen unos claros intereses económicos. La estrecha vinculación que existe entre los grandes partidos y las grandes empresas y fortunas no hace sino confirmar la existencia de una élite social y política con intereses de clase que domina e influye en todos los espacios políticos, la mayor parte de las veces sin legitimidad y en otras ocasiones con un decadente apoyo.