Los recortes de derechos y la administración de fármacos deben hacerse con una adecuada dosificación, una posología correcta. Un exceso de fármaco en la jeringa puede provocar una sobredosis y la muerte del paciente. Una mala dosificación del recorte puede dar lugar a una fractura social, a una oposición excesiva y quizás a una caída […]
Los recortes de derechos y la administración de fármacos deben hacerse con una adecuada dosificación, una posología correcta. Un exceso de fármaco en la jeringa puede provocar una sobredosis y la muerte del paciente. Una mala dosificación del recorte puede dar lugar a una fractura social, a una oposición excesiva y quizás a una caída del gobierno. Por eso todo político debe ser un experto en posología, un técnico capaz de distribuir equitativamente los recortes, de presentar los retrocesos sociales como algo inevitable, razonable, científico, incluso justo.
Presentamos a continuación algunas de las estrategias de posología política que está utilizando el actual gobierno para administrarnos los recortes de derechos que nos está imponiendo desde que tomó el poder. Vivimos en una sociedad compleja y plural con una multiplicidad de posiciones sociales que llevan aparejados intereses diversos y el poder utiliza esa pluralidad para dosificar sus ataques.
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La estrategia de la inevitabilidad: no hay alternativa
En primer lugar, el recorte en el gasto siempre se presenta como algo que es inevitable. Se hurta de esta manera el debate sobre los ingresos del Estado quitando importancia a medidas como el aumento de los impuestos directos -los que gravan más a quienes más tienen- o la persecución del fraude fiscal. Tampoco se cuestiona el diseño del actual funcionamiento de las instituciones europeas, un diseño que cada vez más economistas, entre ellos los premios nobel Krugman y Stiglitz, consideran inviable.
Se ignora, además, la historia reciente de muchos países latinoamericanos en los que se han aplicado políticas de corte neoliberal parecidas a las que se están planteando ahora en España. Estas políticas han frenado el desarrollo económico y han aumentado enormemente la desigualdad, dando lugar en algunos casos a sociedades fragmentadas, en las que el crimen organizado rellena los huecos que va dejando lo público en su retroceso. En definitiva, se parte de que en el diseño de las reformas lo que es inevitable es tocar las actuales estructuras de poder, aunque estas nos lleven directamente a un callejón sin salida.
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La estrategia de lo superfluo: toda política regresiva se presentará como un aumento de la eficiencia y una reducción del despilfarro.
El recorte, además de inevitable, se hace aparecer como positivo; se parte de la idea de que en el sector público se produce un gran despilfarro y de que recortar es corregir ineficiencias. Es importante, en este sentido, la noción de lo superfluo. Se dice que una gran parte del gasto público es superfluo, lo que viene a significar que es un despilfarro y que debe ser recortado. El problema está en qué es lo que se define como superfluo. Todos estamos de acuerdo en que es positivo mejorar la eficiencia de las instituciones públicas, que es necesario que el dinero público aporte lo máximo posible al conjunto de la sociedad. Pero definir algunos de los servicios públicos como superfluos, no es ganar en eficiencia, es recortar la influencia de lo público, es hacer desaparecer de la sociedad actividades que la mayoría de los ciudadanos consideran útiles, incluso imprescindibles. Entre los posibles candidatos a superfluo podrían encontrarse, por ejemplo, el apoyo a la cultura de base, la cooperación descentralizada para el desarrollo, la cobertura pública de las guarderías o la investigación. La frase «No podemos permitirnos gastar el dinero en esas cosas cuando hay cinco millones de parados», refleja una estrategia claramente populista que está relacionada también con la estrategia del parásito que veremos más adelante. Lo que no se dice es que el recorte en estas actividades también destruye puesto de trabajo; de manera directa, porque la mayoría de estos gatos «superfluos» son gastos de personal; y de manera indirecta porque al generarse estos nuevos parados disminuirá la capacidad de consumo, con lo cuál se resentirán, por ejemplo, actividades de servicios asociadas al ocio como la hostelería, los servicios culturales, etc.
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La estrategia de goteo: ir poco a poco, sin prisa pero sin pausa
Las reformas se anuncian de manera progresiva pero continuada. Esta estrategia está perfectamente diseñada para intentar reducir al mínimo la oposición a los recortes. El hecho de que el goteo sea continuo evita que se produzcan grandes movilizaciones como respuesta a cada medida y desvincula, de esta manera, la movilización social del calendario político de las reformas. Los movimientos sociales se han apoyado tradicionalmente en la agenda que marcaban los políticos como un elemento importante que cataliza la movilización; un ejemplo son las contracumbres que han surgido en torno al movimiento antiglobalización, que buscan aprovecharse de la cobertura mediática que tiene la agenda política del poder.
El goteo continuo de medidas desactiva esta estrategia porque los movimientos sociales se ven sobrepasados, incapaces de articular respuestas en unos espacios de tiempo tan cortos. Además de este efecto, la estrategia de goteo busca generar una sensación de impotencia. El anuncio de una medida al día siguiente de una gran movilización trata de hacer ver que la protesta ha sido un fracaso, que no ha tenido ningún efecto, que es inútil movilizarse.
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La estrategia de la escalera: presentar los derechos como privilegios, desmantelar los bienes públicos de manera escalonada
«Botín debería pagarse sus medicamentos». Y quizás no solo Botín sino todos aquellos que puedan pagárselos. Esta estrategia convierte los derechos en beneficencia como paso previo a su desaparición. El modelo para los servicios públicos es el de la privatización progresiva. Se busca que las clases altas y las clases medias recurran a la educación y la sanidad privadas y que lo público quede como un reducto para pobres. Se rebajan las condiciones del sistema público de pensiones o la cobertura por desempleo para que las clases medias suscriban planes privados.
La privatización de la sanidad y la educación abre nuevas oportunidades de negocio para las empresas privadas y amplia el espacio de influencia de la Iglesia católica. Las reformas en las pensiones o el mercado laboral, por su parte, benefician directamente a la banca. A través de sus think thank FEDEA la gran banca española ha estado detrás de la reforma del sistema de pensiones y de la reforma laboral. Su objetivo: aumentar el número de seguros privados y planes de pensiones para obtener una mayor liquidez
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La estrategia del parásito: desacreditar a los funcionarios como paso previo para la destrucción total de lo público.
Ser funcionario está cerca de convertirse en un estigma. El discurso neoliberal trata de enfrentar a los ciudadanos basándose en su pluralidad, en la multiplicidad de posiciones en la que se encuentran y en la divergencia de intereses que eso genera. A los asalariados se les dice que los funcionarios son vividores, vagos, parásitos que viven de sus impuestos. A los autónomos se les dice que los asalariados son privilegiados a los que se mantienen aunque no haya trabajo, que son expertos en absentismo, que son defraudadores que fingen estar enfermos para cobrar sin dar un palo al agua. Buscan de esta manera hacer realidad el «anti-todo» del grupo santurtziarra Eskorbuto que allá por los ochenta decía «los que trabajan se olvidan de los parados y los que están libres de los encarcelados, mucha violencia, todos contra todos».
La estrategia del parásito convierte el empleo público en un empleo ilegítimo, un empleo de último recurso. Es cierto como decíamos antes que hay que buscar la eficiencia, que los trabajadores públicos deberían ser un ejemplo de dedicación. Muchos lo son. Pero lo que propone la estrategia del parásito no es la eficiencia entendida de esta manera. La estrategia del parásito define al funcionario como un no trabajador, como un ente que no genera riqueza sino que absorbe la riqueza que genera el sector privado. La empresa privada se convierte, de esta manera, en la única institución económica que no requiere justificación, que es legítima por sí misma; independientemente de que produzca alimentos o bombas de racimo. Los economistas clásicos trataban de demostrar que la producción privada de los medios de producción beneficiaba al conjunto de la sociedad, y por lo tanto partían de la idea tácita que no era un axioma, de que debía justificarse su utilidad. En este sentido parece que cabría preguntarse ¿por qué en un momento en el que las grandes corporaciones tienen más poder que muchos estados se cuestiona sistemáticamente lo público y no se habla de lo privado?
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En definitiva, la dosificación en los ataques que está empleando el gobierno es una forma de buscar la división entre los ciudadanos, una estrategia que unida al salto cualitativo que se avecina en materia represiva buscar detener la movilización ante el mayor retroceso social de nuestra historia reciente.
Asociación Hitza Kalean
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