Francia y Grecia han demostrado que es posible resistirse a esta ideología. Este mes pueden ser también los irlandeses los que voten por dejar de ‘comportarse’
Con el fin de afirmar su lealtad a Europa, la élite política irlandesa ha decidido que lo mejor es no prestar demasiada atención a la realidad europea. La «austeridad» puede que sea, como sostuvo recientemente Joseph Stiglitz, un «desastre europeo de factura humana», pero el gobierno de coalición del Fine Gael y los laboristas juega a situar a Irlanda como alumno modelo del experimento ampliado de Frankfurt y Berlín de negación de desastres. Que la reducción neoliberal mediante recortes y «reformas» orientadas al mercado empujaría a la recesión hacia la depresión lleva siendo evidente desde hace mucho, pero la estrategia oficial ha consistido en situar la austeridad en un dominio más allá de la política como sacrificio compartido necesario para devolver la «confianza» a los inversores.
La confianza es una propiedad esquiva, pues el coste de los préstamos irlandeses sigue siendo mucho más elevado que los de Italia y España, y las políticas de «reducción fiscal» no han producido un cambio en lo fundamental de la economía irlandesa tras cuatro años de purgatorio presupuestario y sufrimiento social. La implacable fantasía se ha resistido, por supuesto, a la evidencia, pero el decisivo rechazo político del fetichismo de la austeridad por parte del electorado francés y griego ha abierto un espacio democrático de resistencia en un momento en el que se está configurando la oposición popular en Irlanda, y justo semanas antes del referéndum del 31 de mayo sobre el tratado fiscal de la UE. La plataforma del «vota sí por la estabilidad» se enfrenta ahora a la difícil tarea de identificar la «estabilidad» que espera que apruebe el electorado.
De cualquier modo, parece que el lastre de la estabilidad lo aportará la producción de miedo, pues la campaña del sí ha encuadrado el voto en una elección existencial para Irlanda. El tratado fiscal proporcionará un cimiento para la recuperación y la futura estabilidad, mientras que el voto del no resultaría catastrófico, y pondría al país fuera del Mecanismo de Estabilidad Europeo (MES) – la soga de salvamento de la UE para los estados agobiados por las deudas – y por tanto incapaz de financiar servicios públicos. El voto del no dañaría la reputación de Irlanda en Bruselas y le restaría atractivo como destino de la inversión extranjera directa norteamericana.
El problema del sí es que debe engatusar a un electorado cansado para acceder al «cerrojazo» constitucional de la austeridad precisamente en el momento que su naturaleza ideológica queda completamente al descubierto. El ajuste fiscal inmediato ha acelerado la tasa de contracción en Irlanda, pues la subida de impuestos y el descenso del gasto han reducido los ingresos disponibles y la demanda agregada. Lejos de alentar un retorno al crecimiento, Irlanda se encuentra hoy en su quinto año de durísimos recortes presupuestarios.
No habrá prácticamente crecimiento en 2012, y las cifras del mismo Fondo Monetario Internacional muestran que habrá aumentado, y no caído, el ratio de deuda, en todos los años entre 2008 y 2013 en Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Las alucinantes estadísticas de desempleo juvenil en Grecia y España son ya bien conocidas, y en Irlanda la cifra de más del 30% se mantiene artificialmente baja debido a los elevados niveles de emigración.
El FMI prevé que la economía se contraiga este año, en términos reales, en Grecia, Italia, Portugal y España, mientras Irlanda lucha por alcanzar un 0,5% de crecimiento. Los arquitectos del tratado fiscal levantado apresuradamente esperan comprometer a estos países – y a Irlanda, una vez se haya superado su pintoresco apego al ritual democrático – a restricciones legales en el control ya insignificante sobre la economía. El tratado reducirá la supervisión nacional de la política presupuestaria y grabará en la Constitución irlandesa medidas abstractas y enormemente politizadas como el «déficit estructural».
Pese a todos los compromisos públicos probablemente cosméticos con medidas de crecimiento anunciados tras la elección de François Hollande, este paquete de medidas conducirá casi con toda certeza a un mayor desempleo, acelerará aun más la deflación y aumentará el peso substantivo de la deuda. Tal como lo resume Terrence McDonough, profesor de Economía en la Universidad Nacional de Irlanda (UNI) en Galway: «Tómese un país en lo más hondo de una depresión. Forcémoslo a llevar a cabo recortes presupuestarios y aumentos de impuestos año tras año tras año. Obliguemos a la misma política a sus vecinos y socios comerciales. Mantengamos esto en un futuro previsible y esperemos que tenga como resultado la estabilidad, la confianza y la recuperación. Se trata de un experimento peligroso, absolutamente sin precedentes históricos». [1] Supone también un experimento destinado a normalizar aun más la socialización de la masiva deuda especulativa del sector bancario.
Mientras los acontecimientos europeos colocan más afiladamente el centro de atención sobre este referéndum, esto tiene lugar también en un momento en el que ha comenzado a surgir, si no a formarse, una resistencia interna a la austeridad. Un lugar común en la cobertura de la crisis ha consistido en que Irlanda ha absorbido pasivamente los recortes, con el estribillo de élite de «no somos Grecia, nos comportaremos» que tiene su espejo en la consigna de los manifestantes griegos de que «no somos irlandeses, resistiremos». Sin embargo, el reciente boicot a un impuesto sobre la vivienda, por el que la mitad de los propietarios se negaron a pagar un impuesto fijo sobre la propiedad, sugiere que el rechazo de las políticas de austeridad se extiende más allá de la resistencia organizada de los grupos comunitarios y partidos de izquierda.
La oposición a un impuesto sobre la propiedad puede parecer una vía un tanto inusual para la política progresista, pero es que se aplicó igualmente a las mansiones que a la carga de patrimonio negativo que constituye el tangible legado del periodo de auge para decenas de miles de personas. A la gente que lucha por arreglárselas frente a la repercusión conjunta del recorte de servicios, la pérdida salarial y el desempleo se le informó de modo regular de que «100 euros no es mucho dinero» (y en cierto sentido no lo es, cuando se lo tiran a la deuda bancaria socializada que en última instancia estaba destinada a servir). Resulta difícil prever cómo se desarrollará en el referéndum este rechazo colectivo, pero el mantra de que «no hay alternativas» no será fácil de restaurar.
Nota: [1] Terrence McDonough, «Treaty is not a safe option but a perilous experiment», [«El Tratado no es una opción segura sino un peligroso experimento»], The Irish Times, 16 de mayo de 2012.
Gavan Titley es profesor de medios de comunicación en la Universidad Nacional de Irlanda (UNI) en Maynooth, y coautor de The Crises of Multiculturalism: Racism in a Neoliberal Age (Zed, 2011). John O’ Brennan es director del Centro para el Estudio de una Europa Ampliada en la Universidad Nacional de Irlanda en Maynooth.
Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón