Nosotros y nosotras, luchadores y luchadoras por la defensa de la vida, reunidos en el III Congreso Venezolano de Diversidad Biológica, hemos discutido en torno a las múltiples dimensiones vinculadas a la conservación de la vida, aportando elementos para la profundización de la lucha de los movimientos sociales y la nueva institucionalidad, fomentando así los […]
Nosotros y nosotras, luchadores y luchadoras por la defensa de la vida, reunidos en el III Congreso Venezolano de Diversidad Biológica, hemos discutido en torno a las múltiples dimensiones vinculadas a la conservación de la vida, aportando elementos para la profundización de la lucha de los movimientos sociales y la nueva institucionalidad, fomentando así los escenarios de enlace organizativos, en la construcción colectiva de políticas ambientales de la República Bolivariana de Venezuela. El rico debate que se generó durante el III CVDB, entre más de 3500 personas, es un valioso insumo para reforzar la posición de nuestro país de cara a Río+20, aportando elementos para la construcción de otra economía, basada en el respeto por la naturaleza y los hombres y mujeres, hacia la erradicación de todas las formas de pobreza, dominación y colonialidad; que parta de este dialogo de saberes y de la construcción colectiva de discursos, agendas de lucha y de deconstrucción de un sistema y una lógica de pensar agotada, responsable de la crisis ambiental global actual.
Desde nuestras diferentes formas de pensamiento y espiritualidades, la naturaleza constituye nuestro patrimonio natural, base de la diversidad de conocimientos, culturas, formas de vida y de la soberanía de los pueblos. La naturaleza es para nosotros fuente de alimento, de agua, de materiales de construcción, inspiración y por lo tanto no podemos concebir un mundo basado en su mercantilización.
El modelo de vida, producción y consumo capitalista, está basado en la maximización de las ganancias, mercantilizando la naturaleza y los seres humanos bajo una la lógica de progreso y crecimiento ilimitado. Este sistema ha generado hambre, violencia y miseria, masacrando y expulsando de sus territorios a pueblos, indígenas, campesinos y campesinas al apropiarse de sus tierras, bienes comunes, germoplasmas, conocimientos tradicionales y saberes, causando entre otras cosas la desaparición de culturas ancestrales. Esta crisis no tiene solución en el marco de los problemas estructurales generados por un modelo civilizatorio que ha puesto en peligro la vida en el planeta, al separar al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta que ha conducido a la destrucción de la misma.
Esta visión, que amenaza la vida sobre la tierra, se mantiene y reproduce gracias a la adopción de un modo único de producción de conocimiento, basado en la idea de control, sometimiento y explotación de la naturaleza, que invisibiliza y pretende colonizar otros saberes, racionalidades, culturas y modos de vida.
De la misma forma, este modelo civilizatorio es mantenido por un sistema de producción y consumo de bienes basado en la lógica del capital, que convierte todo en mercancía intercambiable. El modelo de producción capitalista pretende sustituir las leyes de la naturaleza por las reglas del mercado.
Este modelo, al separar a los seres humanos de la naturaleza, nos aleja de nuestros medios de vida (agua, tierra, alimentos, materiales de construcción, entre otros), sin dejarnos otra opción que la venta de nuestra fuerza de trabajo, al servicio de la reproducción del sistema, mercantilizando a los hombres, mujeres, niños y niñas; y por otro lado, transforma a la tierra, sin gente, en mercancía, en propiedad privada.
El capitalismo tiene efectos planetarios que generan desbalances ecológicos a escala mundial. El cambio climático global encabeza estos efectos, generado mayoritariamente por y para el desarrollo de una minoría, pero es sufrido por todos los seres vivos que habitan la tierra y más intensamente por los pueblos más pobres. El cambio climático afecta la Diversidad Biológica, provocando cambios en la distribución de especies, en sus patrones de migración, crecimiento y reproducción aumentando las tasas de extinción.
La responsabilidad de esta crisis es común, pero diferenciada, es decir, no todos tenemos las mismas cuotas de responsabilidad. Siendo los países altamente industrializados los principales causantes de la crisis ambiental global. Pero aún dentro de los países hegemónicos las principales responsabilidades están en las élites de poder, coloniales y burguesas, con recursos y poder económico, militar, industrial y político.
Por otro lado, los mecanismos de conservación mundial, lejos de ser parte de la solución, afianzan el problema, al enmascarar la reproducción del sistema, pero con una fachada verde. Así el «desarrollo sostenible» y la protección del ambiente, enarbolados en la conferencia de Río en 1992 fue un intento por disfrazar el desarrollo que hoy sabemos resulta globalmente inviable. Hoy Río+20 se convierte en un nuevo intento por relanzar el agotado modelo capitalista, pretendiendo transformar la gran crisis global en una oportunidad para nuevos escenarios de mercado. Las propuestas de «economía verde» son el intento de hacer perdurar un sistema en decadencia, profundizando la mercantilización y la globalización de la naturaleza.
CONTEXTO NACIONAL
Desde la República Bolivariana de Venezuela estamos avanzando hacia la construcción de un socialismo que combata todas las formas de dominación. Hemos dado grandes avances en la lucha por la erradicación de la pobreza, entendida como el resultado de esa histórica exclusión de las mayorías (pobres, mujeres y géneros diversos, indígenas, negros, negras y campesinos, campesinas) como consecuencia inevitable de paso arrollador del modelo civilizatorio dominante, hoy en crisis. En este sentido reconocemos los esfuerzos emprendidos para saldar la deuda histórica con los excluidos y excluidas, hoy protagonistas de este proceso de transformación y construcción colectiva de una sociedad más justa y solidaria.
Este proceso de cambio, basado en la participación protagónica ha sentado las bases para gestión colectiva de la conservación de la vida, haciéndonos parte a todos los sujetos y formas de pensamiento e impulsando el diálogo de saberes entre la gran diversidad de actores, que nos lleva a garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de esa interacción. Estos beneficios no pueden ser entendidos como el reparto de los productos de la mercantilización y expoliación de la naturaleza. Sino más bien, sobre la base de los derechos de la Madre Tierra, garantizando una relación respetuosa y armónica con la naturaleza, que debe ser construida sobre la base de la democratización legítima de la toma de decisiones y participación protagónica,desde el intercambio de saberes, racionalidades y formas de vida.
En materia de conservación de la vida, la República Bolivariana de Venezuela arranca el decenio 2010-2020 con una Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica y su Plan de Acción Nacional, construidos colectivamente, adelantándonos cinco años a las metas del Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. Estos instrumentos son nuestras propuestas en este decenio ante los enfoques y esquemas clásicos que fueron responsables, en gran medida, del fracaso global de la meta acordada en 2002: «lograr para el año 2010 una reducción significativa del ritmo actual de pérdida de la biodiversidad, a nivel mundial, regional y nacional, como contribución a la reducción de la pobreza y en beneficio de todas las formas de vida en la tierra».
Venezuela está preparada para superar los objetivos planteados a nivel mundial en materia de disminución de las tasas de pérdida de Diversidad Biológica, a través metas, mecanismos e indicadores diseñados desde la realidad nacional, contribuyendo con aportes importantes a la transformación estructural y garantizando la soberanía, el «desarrollo humano» y la inclusión social.
Desde el punto de vista grannacional, Venezuela ha promovido la integración regional desde el ALBA-TCP y la CELAC, UNASUR, como mecanismos para la integración entre pueblos hermanos.
Reconocemos nuestro Proceso Bolivariano, como una transición, con las contradicciones implícitas en todo proceso de cambio. Así, identificamos la necesidad de derrumbar las estructuras del estado burgués, para dar entrada a otra institucionalidad que nos lleve a la conformación de un nuevo Estado, del que las Comunas, los Territorios Indígenas y nuevas áreas de conservación incluyentes que partan de la gestión colectiva de los territorios, sean ejemplo de otras formas de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza, desde el autoreconocimiento y el respeto de la madre tierra.
En fin, nuestro proceso de cambio en Venezuela y Nuestramérica, basado en la justicia social, hermandad y defensa de las soberanías de los pueblos está dando la batalla contra el sistema mundo imperante. Esta lucha pasa necesariamente por la desmercantilización y en contra la hegemonía del conocimiento, es decir, es anticapitalista y anticolonialista. Es por ello que ante las propuestas de mercantilización de la vida en Río + 20, declaramos nuestro más profundo rechazo ala economía verde.
NUESTRA POSICIÓN
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Consideramos que la economía verde es inseparable de la visión de mercantilización de la naturaleza y por lo tanto incompatible con la visión desde nuestros pueblos y de nuestras luchas por la defensa de la diversidad de vida.
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Denunciamos la pretensión de la economía verde como una respuesta a la crisis ambiental, siendo en realidad la palanca para el reimpulso de los mecanismos de mercado a través de la infame naturalización de la ley de la oferta y la demanda, reafirmando la causa estructural de la gran crisis ambiental global.
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Nos oponemos a la economía verde en cuanto a su significado y trasfondos, por lo tanto no aceptamos el disfraz de este concepto con otros nombres como economía ecológica o economía sustentable.
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No creemos en el desarrollo sustentable. La propuesta de desarrollo sustentable no alcanzó las expectativas generadas en el marco de la Cumbre de Río en 1992. El supuesto equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental no sirvió más que de plataforma para la justificación de un desarrollo basado en la explotación de la naturaleza y los seres humanos. Hoy sabemos que el desarrollo es globalmente inviable.
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Consideramos que la visión de desarrollo sostenible globalizado atenta contra la propia idea de sostenibilidad. Creemos que más allá del desarrollo sostenible es necesario cuestionar la economía basada en el neoextractivismo y los combustibles fósiles y sus patrones de consumo y producción industrial, además de repensar el desarrollo desde el autoreconocimiento y la autodeterminación de nuestra felicidad hacia una felicidad colectiva.
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Denunciamos la pretensión de impulsar la economía verde en el contexto del desarrollo sustentable como panacea de un nuevo paradigma de la economía del capital para la «erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, acceso universal a los servicios modernos de energía».
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Consideramos que la economía verde profundiza las causas estructurales de la crisis ambiental global y que por lo tanto mantiene los lastres sociales y culturales de la economía capitalista, manteniendo las mismas condiciones de pobreza que pone a los más pobres en la mayor vulnerabilidad a las situaciones de desastre. Es responsabilidad de los estados garantizar el acceso a las viviendas para una vida digna y segura como derecho fundamental y necesidad real de los seres humanos, respetando la soberanía y diversidad cultural de los pueblos.
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Estamos convencidos de que la verdadera solución para detener la gran crisis ambiental es cambiar el sistema y no disfrazar este modelo de desarrollo depredador, colonialista y patriarcal.
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Denunciamos que la economía verde rompe con la integración de las economías regionales, generando dependencias hacia los centros mundiales de alto desarrollo tecnológico en la materia.
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Rechazamos la propuesta de creación de una plataforma internacional que pretende facilitar o impulsar a los países al diseño de políticas de economía verde y su implementación.
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Reiteramos que estimular la economía desde los grandes mercados, industrias y corporaciones atenta contra las verdaderas economías sustentables y sobre las soberanías de los pueblos.
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Rechazamos el patrón corporativo de producción, distribución, despilfarro y consumo de alimentos que se basa en el régimen del agronegocio (fábricas de animales, monocultivos, transgénicos, nanotecnologías, agrotóxicos, agrocombustibles, vida artificial, geopiratería, entre otros), el cual imposibilita la producción sostenible de alimentos sanos y amenaza a la agricultura campesina, la seguridad y la soberanía alimentaria. Este patrón se nos presenta como solución tecnológica al hambre, sin discutir las verdaderas causas de la crisis y sus implicaciones sobre el cambio global.
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Reafirmamos el derecho a la autodeterminación, no intervención y el respeto a la paz y la diversidad de vida de los pueblos. Desde la autodeterminación reconocemos el derecho de los pueblos a decidir sus formas de alcanzar la suprema felicidad social en armonía con la naturaleza y el buen vivir, sin imposición de fórmulas de desarrollo ni paquetes tecnológicos.
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Reconocemos la necesidad de unión de nuestros pueblos, a través de nuestros propios puentes y mecanismos de integración que no se ven reflejados en las grandes obras de ingeniería, al servicio de la unión de los monopolios trasnacionales y no de los pueblos y representando un grave atentado contra una de las regiones más diversas del planeta.
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Exigimos que se respete el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y según las capacidades respectivas, el principio precautelativo, el derecho a la información, educación y la participación, los derechos de los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales, campesinos y campesinas, el derecho humano al agua, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los migrantes, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la ciudad, el derechos de la juventud y los derechos de las mujeres, el derecho a la salud sexual y reproductiva y los derechos culturales.
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Exigimos el respeto a la diversidad de la vida en todas sus formas, incluyendo las múltiples cosmovisiones de nuestros pueblos.
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Reconocemos la importancia del conocimiento y la información (responsable, veraz) para la toma de decisiones desde una gestión integral y colectiva de nuestras políticas en materia ambiental y ratificamos la necesidad de mecanismos y voluntades que faciliten el acceso a la información en igualdad de condiciones y con respeto a los derechos de las culturas ancestrales, entre ellos el consentimiento libre fundamentado previo de nuestros pueblos indígenas.
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Rechazamos la intromisión en la soberanía de los pueblos a través de programas de capacitación globales, como mecanismo de dominación, pérdida de soberanía, desvinculación con la realidad, aplicación de metodologías inadecuadas.
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Rechazamos la imposición de tecnologías que generen dependencia, vulneren los métodos tradicionales y atenten contra la diversidad de vida, a través de los programas basados en la creación y fortalecimiento de capacidades físicas.
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Exigimos el fortalecimiento de las estrategias nacionales, regionales, locales y comunales para la conservación de la vida, construidas de manera colectiva desde el empoderamiento popular como mecanismo para la soberanía de nuestras formas de vida y en contra del sistema capitalista escudado en la economía verde.
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Reconocemos y evidenciamos el importante papel desde la organización popular en comunidades, colectivo, comunas, mesas técnicas de agua, empresas de propiedad social, consejos de estudiantes, comités conservacionistas, encuentros de saberes y otras formas de organización para, enfrentar las consecuencias de la implementación de la economía verde en nuestros mercados y generar resistencia y alternativas.
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