El gobierno federal ordenó a los ministerios que envíen los millares de documentos elaborados durante la dictadura militar (1964-1985) en Brasil al Archivo Nacional para su desclasificación. El organismo de Justicia será el encargado de ejecutar esta medida y de reunir los memorandos, cartas, avisos, oficios, telegramas e informes escritos por entonces ministros y miembros […]
El gobierno federal ordenó a los ministerios que envíen los millares de documentos elaborados durante la dictadura militar (1964-1985) en Brasil al Archivo Nacional para su desclasificación.
El organismo de Justicia será el encargado de ejecutar esta medida y de reunir los memorandos, cartas, avisos, oficios, telegramas e informes escritos por entonces ministros y miembros de entidades como el Ejército, la Marina, la Aeronáutica, Hacienda, Casa Civil, Agricultura y la cancillería.
Según el diario Folha de Sao Paulo, esta decisión se registró después de que este medio de prensa solicitará acceso a determinada documentación del periodo de régimen de facto, basado en la Ley de Acceso a Información,
El acceso a toda esta información permitirá esclarecer episodios oscuros de la historia de esta nación, así como el funcionamiento del aparato represor de la dictadura, además de constituir una valiosa fuente para la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), que investiga las torturas y violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1964 y 1985.
Creada el pasado año por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la CNV reveló a finales de febrero último que 50 mil personas fueron detenidas en 1964 durante la dictadura militar y que 600 opositores al régimen permanecieron presos en barcos y estadios de fútbol.
El Coordinador de la Comisión, Paulo Sérgio Pinheiro, señaló que tras el golpe militar «se ejecutaron actos considerados inéditos en la historia política de Brasil como la tortura, el asesinato, las desapariciones o el secuestro».
Los torturadores de ese período de facto fueron identificados por la Comisión, se conocen sus identidades actuales y direcciones de domicilios, aseveró.
En la recuperación de las evidencias, el coordinador destacó el apoyo y colaboración de entidades estaduales y de varias instituciones que permitieron presentar un balance del trabajo realizado en menos de un año de creada.
Sin embargo, la ley de amnistía de 1974 no permite que los acusados por crímenes cometidos por la dictadura militar sean enjuiciados, aunque para la Comisión Nacional de la Verdad, el desenmascaramiento de los torturados y violadores constituirá un acto de justicia.