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Placebos financieros

Fuentes: Deia

La prensa cierra el año europeo del ciudadano hablando de una turbia propuesta unión bancaria que comienza con la puesta en marcha de un raquítico procedimiento de liquidación de bancos en dificultades (sistema único de resolución). Y la UE anuncia que por fin empieza a tomar decisiones para dentro de un año modificar el marco […]

La prensa cierra el año europeo del ciudadano hablando de una turbia propuesta unión bancaria que comienza con la puesta en marcha de un raquítico procedimiento de liquidación de bancos en dificultades (sistema único de resolución). Y la UE anuncia que por fin empieza a tomar decisiones para dentro de un año modificar el marco regulatorio de la banca europea en la eurozona. Se pretende vigilar la actividad bancaria desde un supervisor único.

La idea de fondo es romper con el vínculo entre presupuesto público y crisis bancarias, que en la eurozona ha transformado la recapitalización de los bancos en una crisis de deuda soberana. Para superar esta situación se acordó en junio de 2012 que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) pudiera financiar directamente a los bancos (y no a los gobiernos para que estos financien con cargo al presupuesto la recapitalización de los bancos). Pero para ello había que establecer previamente un Sistema Único de Supervisión (SSM) bancaria para toda la eurozona, cosa que se acordó en octubre de 2013, para las entidades de más de 30.000 millones de activos. Sin embargo, el SSM no funciona si no dispone de un mecanismo único de liquidación («resolución» en la terminología comunitaria: SRM) de entidades financieras, que es lo que se ha aprobado en diciembre de 2013 para que empiece a funcionar a partir de enero de 2016.

El problema con esta propuesta no es solo que llega algo tarde: tras seis años de crisis financiera global en sus diversas modalidades (bancaria, de la deuda pública, corporativa etc.), después de haber gastado casi 5 billones de euros de los contribuyentes en rescatar a los banqueros irresponsables, con la consecuencia de un enorme endeudamiento público y con un estancamiento económico general y un deterioro económico irreparable en países como Grecia o Chipre, no parece que la decisión de establecer un supervisor único y un mecanismo de liquidación de entidades centralizado, sea suficiente para resolver los problemas de fondo.

Cuando además, a ese supervisor se le asignan 55.000 millones de euros para atender aproximadamente a 130 bancos que representan el 85% un sistema bancario cuyos activos a finales de 2012 los valoraba el Fondo Monetario Internacional en algo más de 23 billones de euros, y que según el BCE tenían concedidos créditos por valor cercano a los 18 billones de euros, el doble del PIB de la eurozona. Aun contando con la participación del ESM, que puede emitir deuda «europea» para rescates financieros hasta un importe de 500.000 millones de euros, se juntaría en total algo así como el valor de los activos totales del BBVA, o la cuarta parte de los del Deutsche Bank, es decir, que apenas da para rescatar dos o tres bancos europeos medianos si la cosa se pone seria de nuevo.

Aún no ha empezado a funcionar el sistema único de supervisión y rescate y ya están las evaluadoras norteamericanas elevando el riesgo de la deuda europea: Standard & Poor’s decidió poco antes de Navidad quitarle la triple A a la deuda de la Unión Europea, lo cual se traduce en un aumento del coste de financiar con deuda los recursos del ESM o del Banco Europeo de Inversiones, y por tanto más complicado (no mucho… por ahora) financiar futuros rescates directos a la banca. Esta decisión quizá sea más política que técnica, pues a Estados Unidos se le quitó la máxima calificación de la deuda soberana en agosto de 2011 y la decisión de mutualizar los rescates financieros en Europa, aun de la forma tímida embrionaria que tiene por ahora, es más que suficiente para apresurarse a rebajar la calificación a la deuda comunitaria. No se hizo antes porque la Unión Europea no existía como agente emisor de deuda. Ahora tampoco emite mucho, pero por lo que pueda pasar, así se compensa moralmente en parte a la parte contratante -el gobierno norteamericano- de la parte contratante -las agencias de calificación-, que por su parte sí que sigue emitiendo mucha deuda y sin límite previsible a corto plazo.

En todo caso, el problema no se resuelve con el procedimiento puesto en marcha de supervisión, creación y liquidación centralizada de entidades financieras. El problema de fondo no estriba en vigilar los balances de los bancos, sino en haber tolerado la creación de un colosal mercado de crédito interbancario en el que los bancos se prestan unos a otros cantidades ingentes con las que financiar un enorme casino financiero donde fondos de inversión, bancos, compañías de seguros, grandes empresas, gobiernos y por supuesto los propios bancos se dedican a mejorar el rendimiento de sus carteras comprando y vendiendo riesgos y seguros contra riesgos.

El valor de los activos de todos los bancos del mundo se eleva a 90 billones de euros. Pero en el mercado interbancario, los muy grandes bancos se prestan entre ellos lo suficiente para alimentar un mercado de crédito internacional que se eleva a 70 billones de euros (cuando el PIB mundial fue en 2012 de 55 billones), seguros contra riesgo de impago de créditos por valor de 150.000 millones de euros, y para la especulación en los mercados de productos financieros derivados por un importe de 500 billones (estos contratos derivados tienen un valor de reposición, si se liquidasen todos a la vez, de unos 20 billones de euros, pues muchos se compensan entre sí). Es decir, los activos de todos los bancos del mundo cubren apenas el valor de las principales transacciones en los mercados financieros internacionales. Y eso, cuando la inmensa mayor parte de esas entidades bancarias -las pequeñas, pero también las de muchos países que no autorizan dichas operaciones a sus bancos comerciales- no participan en el mercado interbancario internacional.

Las únicas medidas que pueden evitar otro atasco como el de agosto de 2007 son las que permitan suprimir una gran parte de esos mercados financieros, cuya función económica real es más que dudosa. O, al menos, si una decisión de ese tipo está en otras manos más anglosajonas, reducir el impacto institucional de dichos mercados en la eurozona, estableciendo una regulación de estricta separación entre banca minorista y banca de inversión. La UE podría legislar, por ejemplo, que los bancos que se dedican al negocio de la concesión de créditos no puedan suministrar crédito en el interbancario, ni operar en los mercados de derivados. O, en todo caso, obligar a que lo hagan con estrictas limitaciones y supervisión directa de las autoridades financieras. Pero eso no lo van a hacer porque los mayores bancos europeos (Deutsche Bank, BNP Paribas, HSBC, Barclays, etc.) son precisamente los grandes suministradores de liquidez a este casino financiero global. ¿Quién se atreve a limitarles el negocio cuando por otro lado son estos bancos los que controlan el crédito a las pequeñas entidades bancarias y al conjunto de la economía?

No es una cuestión económica: es un asunto de poder en el que la Comisión y el Consejo se muestran vulnerables a la influencia política de los consejos de administración de esas instituciones que el FMI denominó eufemísticamente «instituciones financieras grandes y complejas» (LCFIs), cuya complejidad operativa las vuelve más difíciles de gestionar y de supervisar que las grandes o pequeñas entidades tomadoras de depósitos, debido a la diversidad de fuentes de negocio y riesgos de mercado que afrontan, como se constata en la abortada subasta eléctrica de hace unos días, donde algunos de los principales participantes en la puja eran precisamente estos mismos bancos.

Siendo incapaces de tomar una decisión que afecte a los intereses materiales de estos colosos, los políticos europeos han decidido montar un sistema europeo de supervisión y liquidación bancaria, que nunca podrá tomar medidas si uno de estos grandes bancos se encuentra en dificultades, sencillamente porque no se han generado los recursos políticos y legales, que no financieros ni técnicos, para poder hacerlo.