Qué fue de Amnesty International

Desde su fundación, el 1 de octubre de 1962, en Gran Bretaña, tras la publicación anterior en el diario The Observer del artículo «The Forgotten Prisoners» (Los prisioneros olvidados), Amnesty International (AI) ha venido desarrollando una tarea a veces importante en defensa de personas detenidas en condiciones injustas, irregulares o inhumanas por regímenes dictatoriales y represivos. En parte gracias al trabajo de AI algunos de estos regímenes han recibido condenas y sanciones internacionales, de entre las que destacan los informes condenatorios de los regímenes racistas de Rhodesia y del apartheid en Sudáfrica, o la prohibición de que este país participara en las reuniones de la Asamblea General (1977). Fue el primer caso en que la Asamblea de las Naciones Unidas votó a favor de las sanciones y el boicot a uno de sus países miembros, en su Programa de Acción contra el Apartheid.  

Según el historiador británico Edward Peters, la idea de fundar Amnesty surgió de la lectura en 1960 de una crónica periodística que relataba la detención y encarcelamiento de dos estudiantes portugueses por haber hecho un brindis por la libertad bajo la dictadura de Oliveira Salazar. Los fundadores, -Peter Benenson (autor del artículo citado antes), Louis Blom-Cooper, Erik Baker- y los miembros del grupo abogados de Justice, fundado en 1957 para exigir el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas de 1948, decidieron formar una organización cuyos miembros tratasen de lograr la liberación de los encarcelados por sus opiniones, cuidar de que tales presos recibiesen un trato justo, desarrollar el derecho de asilo, etc. Benenson y sus colaboradores llegaron a la conclusión de que el medio más efectivo para alcanzar esos fines era la publicidad. 

Cada uno de los grupos de AI desarrolla desde entonces su tarea de dar publicidad a los casos que llegan a su conocimiento, inspirada en los principios de sus fundadores. Cada grupo de AI realiza su trabajo de forma independiente, lo que da como resultado la adopción de puntos de vista distintos y a veces divergentes sobre cuál es la tarea a realizar, cómo llevarla a cabo y qué casos adoptar para su defensa. 

De entre todos los objetivos de la acción de AI, creemos que son cuatro los que, sea cuál sea la sección local de AI implicada, deben inspirar la acción de AI, según sus propios estatutos: 

i) la defensa de los prisioneros de conciencia (personas encarceladas en el ejercicio de su derecho a expresar sus creencias y opiniones de forma pacífica);

ii) la exigencia de juicios públicos, ajustados a Derecho y tempestivos;

iii) la denuncia de las desapariciones forzadas y las torturas; y

iv) el respeto de la legalidad internacional en materia de derechos de la persona (según la Carta y las Convenciones de las Naciones Unidas, fundamentalmente). 

Resulta por lo tanto sorprendente que una sección nacional europea de AI haya enviado a sus corresponsales una carta en los términos que se indican a continuación:

«Queridos amigos:

El pasado mes de abril, Amnistía Internacional publicó un informe pidiendo a las autoridades y la oposición en Venezuela que pusieran fin a la violencia, que llevaran a cabo investigaciones para identificar a los responsables y que participaran en el camino del diálogo para resolver dificultades y desacuerdos. Si bien la situación sigue siendo tensa, y algunos continúan las protestas, las negociaciones nacionales han comenzado y el nivel de violencia ha disminuido considerablemente.

Obviamente, todavía hay problemas relacionados con la gestión de la situación durante este período. Entre los días 7 y 8 de mayo, las fuerzas de seguridad detuvieron en Caracas 243 personas participantes en protestas contra el gobierno. No está claro donde se encuentran los que aún no han sido puestos en libertad. Amnistía teme por su suerte. Se acaba de dirigir una llamada de acción urgente a las autoridades colombianas (sic).

Les rogamos a ustedes que escriban a las autoridades con el fin de instarlas a que revelen el paradero de los detenidos y manifestantes, y asegurarse de que están protegidos contra la tortura y otros malos tratos y de que pueden ponerse en contacto inmediatamente con su familias y sus abogados, y obtener toda la atención médica que puedan necesitar.

Amnesty debería ante todo actuar con más rigor e indicar con precisión el objeto de su campaña: el número y los nombres de las personas detenidas que siguen arrestadas, si los conoce; los datos de su detención y paradero estimado; si han sido presentados ante el juez, etc. Al no hacerlo, por las razones que sean, su intervención toma una dirección y una dimensión distintas, y pasa a tratar la cuestión de la violencia en Venezuela desde una perspectiva política en la que la acusación al Gobierno legítimo del presidente Maduro es transparente y a la vez manipuladora. Y que sitúa en un mismo plano las acciones insurreccionales de la derecha fascista venezolana con las acciones legítimas del Gobierno. El Relator Especial de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, ha sido mucho más prudente en torno a este asunto, y ha puesto en tela de juicio las acusaciones, que ha calificado en bastantes casos de manipulaciones y montajes. 

Tratar los episodios violencia en Venezuela como un mal du temps que aparece como por ensalmo, que viene de todas las direcciones y de ninguna, sin causantes organizados, sin estrategias precisas, sin objetivos políticos concretos es parte de la «línea del partido» (CNN, Vargas Llosa, Naím, Oppenheimer, El País en su conjunto, etc.) en el tratamiento de las noticias provenientes de ese país. Es parte de una matriz de desinformación de los medios y corporaciones mediáticas respecto a Venezuela. En realidad sí hay un causante, en su opinión: el chavismo, pero es un dato que se da por sobreentendido, después de años de demonización. 

A finales de 2013 unas elecciones municipales perfectamente transparentes dieron una victoria consistente a los candidatos chavistas, confirmando lo que se busca a toda costa hacer olvidar: que la mayoría del pueblo venezolano apoya y respalda al gobierno legítimo del país. Fueron las segundas elecciones de 2013; las primeras, en abril, pusieron en la presidencia de la República a Nicolás Maduro. 

Tras las elecciones, los sectores más violentos de los que se viene conociendo con el eufemismo de «la oposición», han pasado a una fase superior de enfrentamiento, por encima por cierto del cadáver político de la Mesa de la Unidad Democrática y de Henrique Capriles, superado éste por los sectores golpistas. Sus líderes: Corina Machado, Leopoldo López, etc. Son los responsables de la violencia, que AI parece desconocer. 

Dichos sectores, abiertamente favorables a la vía violenta, han pasado de la lucha electoral a la lucha callejera, en las llamadas «guarimbas», acciones extremadamente violentas dirigida a expulsar al gobierno legítimo y legal del presidente Maduro. Y por supuesto, han acompañado las «guarimbas» con acciones de acaparamiento de alimentos y productos de uso cotidiano destinadas a potenciar la sensación de caos [E1]. Así pues, tenemos en práctica un programa de sabotaje completo: «guarimbas» en la calle, escasez artificial de determinados productos y desestabilización económica, en particular de la moneda nacional. 

Y en estas, Amnesty nos habla de «resolución de dificultades y desacuerdos», pero nada nos dice de los causantes de la violencia, que ha provocado la muerte de decenas de civiles y policías. AI desconoce el número y nombre de los detenidos y las causas de su detención pero deja adivinar que son muchísimos, omite culposamente las claras informaciones dadas por el Gobierno venezolano y da por buenas unas sospechas de torturas que sólo se basan en infundios.

Y omite también que en algunos casos de malos tratos que se dieron hace algunas semanas sus causantes -miembros de la fuerza pública- fueron detenidos y enjuiciados adecuadamente (lo que constituye una première para la mayor parte de los países de la zona incluidos los de los señores y medios antes citados, etc.)

El presidente Maduro adoptó ante la nueva situación una política de diálogo y paz gracias a la cual se ha podido establecer un diálogo político con sectores de la MUD, representantes de la organización internacional UNASUR e incluso la Nunciatura Apostólica. Se ha entablado una relación constructiva, al margen de los sectores fascistas, que ofrece la posibilidad a medio plazo de lograr acuerdos interclasistas que aseguren la estabilidad.

En este contexto, los sectores golpistas cuentan con la ayuda inquebrantable de senadores y políticos norteamericanos como Bob Menéndez, el republicano Marco Rubio, y los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart. La flor y nata del ingerencismo de Miami ha impulsado una Ley de Sanciones, destinada a crear más dificultades al gobierno venezolano. Estos agentes de la ingerencia contra Venezuela -los mismos que la practican contra Cuba- han autorizado también la continuación de desembolsos de millones de dólares para la financiación de una «revuelta popular» contra el gobierno legítimo de Venezuela. Hay datos irrefutables de ello que, por otra parte, sus autores no esconden.

Así pues, nos hallamos ante un ataque desestabilizador extremadamente duro, que no hace ascos a los actos terroristas, financiado desde dentro y desde fuera por sectores poderosos, y que cuenta con la ayuda de los grandes medios de información internacionales. Es una continuación del golpismo inaugurado en 2002 contra Hugo Chávez, y que no ha cesado desde entonces. 

En estas circunstancias, Amnesty International puede tener un papel. Dos papeles, en realidad: el primero, en la línea de sus fundadores, de brindar ayuda a las personas en las circunstancias en que basó su acción en sus orígenes esta institución; el segundo, mucho más triste, como comparsas conscientes o no de una bien alimentada campaña de todos los medios de comunicación corporativos, de uno y otro lado del Atlántico. En el primer caso, podrá mantener su aureola de neutralidad y objetividad; en el segundo, puede llegar a convertirse en una institución trivial y desprestigiada.