Una vez que el general Eleazar López Contreras se encargó de la presidencia de Venezuela en 1935, como heredero de la dictadura política instaurada por el binomio Castro-Gómez, comenzaron a emerger una serie de fuerzas sociales que se gestaron durante los treinta cinco años que había perdurado dicho régimen. Estas fuerzas tuvieron como telón de […]
Una vez que el general Eleazar López Contreras se encargó de la presidencia de Venezuela en 1935, como heredero de la dictadura política instaurada por el binomio Castro-Gómez, comenzaron a emerger una serie de fuerzas sociales que se gestaron durante los treinta cinco años que había perdurado dicho régimen. Estas fuerzas tuvieron como telón de fondo de una parte, una agricultura en estado de postración ocasionado por su anacrónico nivel tecnológico y sus relaciones precapitalistas que la acogotaban; y por la otra, un sector petrolero que pese a la gran depresión de los años treinta en los países desarrollados, había sufrido menos los embates de dicha crisis y lo que era más importante aun: se había convertido en la locomotora de la economía nacional en un breve periodo de tiempo histórico.
La agricultura criolla paulatinamente fue siendo erosionada por los efectos multiplicadores de la extracción petrolera, así como también por las crisis capitalistas de sobre producción de 1922-23 y el crac de 1929; por último, la revaluación del bolívar en 1934 significó el tiro de gracia para nuestra alicaída agricultura de exportación representada por el café, el cacao y algunos rubros ganaderos. La mengua de la agricultura determinó que se acelerara el éxodo rural-urbano y su concomitante proceso de urbanización. Las ciudades comenzaron a crecer demográficamente a costa del campo venezolano y con ello, apareció en nuestras urbes la conflictividad política. De ahora en adelante, la lucha política se dirimiría en Venezuela en los territorios urbanizados.
Frente a la conflictividad política ocasionada por los problemas de nuestra agricultura tradicional y por la desaparición física del Hombre de La Mulera, el gobierno Lopecista buscó afanosamente una salida política a la lucha de clases que amenazaba con llevarse por delante el orden social celosamente protegido por el gomecismo. La salida a la crisis la suministraron hombres de la talla de Alberto Adriani, Arturo Uslar Pietri, Amenodoro Rangel Lamus, Elbano Mibelli, Néstor Luis Pérez y otros más. La propuesta de estos personajes, capitaneados por Adriani, fue la «siembra del petróleo» fundamentalmente en la agricultura, pues, se consideraba que el petróleo era una riqueza efímera comparada con la permanencia de las actividades agrarias. Esta visión de la situación económica venezolana, se afincaba en hacer extensivo a todo el territorio nacional las relaciones de producción capitalistas, que hasta ese momento se anidaban en los campos petroleros. Erigir una agricultura moderna, capitalista, mediada por una fuerte intervención económica estatal, fue el gran sueño de Alberto Adriani.
Para fundar una agricultura en los términos que la soñaban tanto Adriani coma Uslar Pietri, se necesitan dos condiciones de primer orden: El capital y los empresarios agrarios. En la consecución de ambos requisitos se destacó la figura del abogado zuliano Néstor Luis Pérez(1883-1949). Este jurista que había sido encarcelado y expatriado por el gomecismo, fue nombrado Ministro de Fomento en 1936 por el gobierno Lopecista, cargo que desempeñó hasta 1938. Desde su ministerio 7 apuntó tanto al origen como al destino de la renta petrolera en la persecución de los requisitos precitados. En cuanto al origen de la renta petrolera, el ministro Pérez intentó arrancarle a las compañías petroleras parte de sus ganancias extraordinarias, utilizando el expediente de la eliminación de la exoneración de los impuestos de importación, que la legislación vigente para la época, le había otorgado al capital inversionista extranjero. Las compañías demandaron al estado ante la Corte Federal por su pretensión de abolir la exoneración comentada y la Corte falló a favor del capital imperial en tres ocasiones. La negativa a pagar impuestos generales por parte de las compañías petroleras tenía un cariz económico, pues, el monto de las exoneraciones era mayor a toda la renta petrolera pagada al estado por el capital arrendatario.
En relación al destino de la renta petrolera, Néstor Luis Pérez es recordado con nostalgia por los latifundistas criollos, pues, en la Ley Petrolera de l938, dispuso que a los señores de la tierra se les entregara el ½ por ciento del petróleo extraído, cuando el yacimiento se ubicase en terrenos particulares. De esta manera, los terratenientes que habían sido excluidos como beneficiarios directos de la renta petrolera en las leyes de 1921-1922, volvieron a tener su tajada petrolera. Para bien del país esta Ley no llegó a aplicarse y los terratenientes se quedaron con los crespos hechos. Esta aspiración de los terratenientes no era nueva. El primer intento de apoderarse de la renta minera la encontramos en el Código de Minas de 1909-1910, donde se estipulaba que los latifundistas tenían derecho a quedarse con un 33 por ciento del producto extraído de aquellos yacimientos localizados en terrenos privados. Semejante disposición de dicho Código fue fuertemente cuestionada por el capital imperialista inglés (Shell) y de esta manera la Corte Federal anuló dicha disposición en 1912. No obstante, una vez que en la segunda década del pasado siglo se fue revelando la inmensa riqueza petrolera venezolana, los señores de la tierra volvieron a la carga en sus pretensiones rentístico-petroleras. Así, en la Ley Petrolera de 1920, llevados de la mano de los corianos Pedro Manuel Arcaya y Gumersindo Torres, nuevamente fueron incluidos sus intereses en este texto legal, cuando el mismo dispuso que en terrenos particulares dónde se ubicase un yacimiento petrolero, la prioridad para obtener la concesión la tendría el dueño de la tierra, que luego se entendería con las compañías extranjeras.
La inclusión de los terratenientes como beneficiarios directos de la renta petrolera en la Ley de 1920 fue rechazada por el capital imperial, lo que obligó a su reforma, y así en la Ley de l921-1922, los latifundistas fueron nuevamente excluidos de la torta petrolera. Sin embargo, a pesar de que la Ley sólo estuvo vigente nueves meses, benefició a 2.300 latifundistas.
Néstor Luis Pérez fue un intelectual orgánico de los señores de la tierra que buscó trasegarles parte de la renta petrolera, con la intención de crear un empresariado del campo, que le diera salida a la postrada agricultura nacional, tal como lo pretendieron en la década anterior, Arcaya y Torres. Afortunadamente para el país esta idea del zuliano Pérez y de los corianos precitados, fue cortada a tiempo, centralizándose toda la renta petrolera en manos del Estado, tal como quedó establecida en la Ley Petrolera de 1943. De haber triunfado las aspiraciones petroleras de los latifundistas, el camino hacia una democracia representativa se hubiera hecho muy doloroso, y lo que era más peligrosos aún: los señores de la tierra hubieran pretendido acabar con la propiedad nacional estatal de los yacimientos petroleros venezolanos. El hambre viene comiendo.
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