Los periodos electorales deben ser momentos de debate sobre los grandes temas estructurales de la sociedad brasileña, apuntando a la naturaleza de nuestros problemas y las soluciones necesarias. Durante 30 años, el MST ha contribuido a la democratización de la tierra, a través de la lucha por la reforma agraria. En febrero de 2014, celebramos […]
Los periodos electorales deben ser momentos de debate sobre los grandes temas estructurales de la sociedad brasileña, apuntando a la naturaleza de nuestros problemas y las soluciones necesarias.
Durante 30 años, el MST ha contribuido a la democratización de la tierra, a través de la lucha por la reforma agraria. En febrero de 2014, celebramos nuestro VI Congreso, con la aprobación de nuestro Programa Agrícola en la defensa de la Reforma Agraria Popular. Luchamos por los cambios en la relación con los bienes de la naturaleza, en la producción de alimentos y las relaciones sociales en el campo. Queremos contribuir permanentemente en la construcción de una sociedad justa, igualitaria y fraternal.
La tierra tiene que democratizarse y cumplir con su función social. El campo debe ser un espacio bueno para vivir, donde las personas tengan el respeto de sus derechos, como garantía de condiciones dignas de vida. Luchamos y exigimos una política efectiva, estructurante y masiva de Reforma Agraria Popular, indispensable para la permanencia de las familias en el campo, con producción y distribución de la riqueza.
Exigimos la actualización inmediata de los índices de productividad prevista en la legislación brasileña, que permita el acceso a la tierra a miles de familias. Necesitamos la implementación de un Plan Nacional de Reforma Agraria – PNRA, con metas de familias a ser asentadas y el establecimiento de prioridades por regiones. Recuperación de tierras a través de la expropiación de los latifundios, recuperación de las tierras ocupadas ilegalmente -de la Unión y de las tierras baldías invadidas por el capital bancario especulativo, principalmente el agronegocio y las transnacionales -así como las haciendas con deudas en los bancos públicos, agencias gubernamentales y áreas identificadas con trabajo esclavo y que no cumplen con la función social.
Reclamos el asentimiento inmediato de más de 120 mil familias que están viviendo en condiciones precarias en centenares de campamentos dispersos por todo el país. Asignación de tierras en proyectos de riego y en torno a los canales de transposición para la Reforma Agraria. Fortalecimiento y la reorganización del INCRA, como órgano encargado de la reforma agraria en el país, con condiciones de ejecución.
Nos sumamos a las luchas y demandas con las otras fuerzas en el campo para la demarcación y legalización inmediata de todas las áreas indígenas y quilombolas y de la posesión de los pueblos ribereños, pescadores y comunidades tradicionales como establece la Constitución Federal.
La no realización de la reforma agraria exacerba los conflictos en el campo: demandamos justicia y castigo a los autores intelectuales y a los asesinos de trabajadores y trabajadoras en el campo.
La agricultura brasileña debe dar prioridad a la producción de alimentos sanos, como un derecho humano y como principio de la soberanía alimentaria. La comida no puede ser mercancía, fuente de explotación, de lucro y de especulación. Para eso, exigimos políticas públicas que garanticen condiciones para la producción agroecológica, sin agrotóxicos, con calidad, diversidad y baratos para toda la población brasileña. El fomento y garantía de producción, selección y almacenamiento de las semillas por los propios campesinos, combatiendo así la producción y comercialización de semillas transgénicas. Estamos en contra de las leyes de patentes y la privatización de nuestras semillas.
Reanudar y garantizar los instrumentos de compra de todos los alimentos producidos por la agricultura campesina, para atender escuelas, sistema de salud, de seguridad y universidades, al instar del Programa de Adquisición de Alimentos -PAA- y Programa Nacional de Alimentación Escolar -PNAE-. La educación es un derecho fundamental de todas las personas y debe ser atendido en el propio lugar donde ellas viven, respetando el conjunto de sus necesidades humanas y sociales.
Necesitamos que todas las áreas de asentamientos y campamentos tengan su propia escuela, con las condiciones necesarias para su funcionamiento. No aceptamos el cierre de ninguna escuela del campo y exigimos la implementación de un programa masivo para erradicar el analfabetismo. Luchamos por la defensa, universalización, ampliación de recursos y el acceso efectivo al Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria -PRONERA-, asegurando que los jóvenes y adultos que viven en el campo puedan avanzar en la escolarización.
El asentamiento es nuestro territorio de lucha, producción, reproducción y garantía de nuestra vida, lugar de defensa y construcción de un modelo de agricultura, con la producción de alimentos y acceso a los bienes sociales y culturales. Para ello, es necesario garantizar condiciones dignas de vida a las poblaciones campesinas y urbanas, para producir una nueva sociabilidad.
Exigimos política de protección de los bienes de la naturaleza, de aguas y fuentes, asegurando que todas las familias campesinas tengan acceso al agua potable y de calidad con saneamiento básico. Rechazamos el proceso de privatización del agua. Implementación de un programa de vivienda popular en el campo, que garantice el acceso rápido y sin burocracia, para eliminar el déficit actual de más de un millón de viviendas en el campo.
La ampliación e implementación del acceso a la agroindustrialización, con la consolidación de un programa nacional, a partir de las cooperativas de los trabajadores y trabajadoras, en forma desburocratizada. Asegurar el desarrollo de tecnologías apropiadas a la realidad de las comunidades campesinas con el desarrollo de programas de maquinaria y equipamientos agrícolas.
Es urgente la reorganización del sistema público de Asistencia Técnica y Extensión Rural, para orientarlo y subordinarlo a las necesidades y objetivos de los campesinos y campesinas, sumando a un programa de crédito rural que contribuya a la estructuración del conjunto de toda la unidad productiva y sus diferentes sistemas de producción, estimulando y fortaleciendo el cooperativismo, la comercialización y la industrialización de la producción. Reclamamos la garantía de los derechos laborales y la seguridad social para los trabajadores y trabajadoras del campo y asalariados.
Es necesario el compromiso de todos y todas para la realización de amplias reformas, principalmente en la política, que democraticen las instituciones y devuelvan al pueblo el derecho de elegir a sus representantes. Y para ello exigimos la convocatoria de una Asamblea Constituyente soberana y exclusiva, en el año 2015.
Estos son algunos de los cambios urgentes y necesarios, para mejorar las condiciones de vida y de ingresos en el campo, que todos los gobernantes electos deben implementar. Reafirmamos nuestra voluntad de luchar de manera permanente por la defensa y construcción de la Reforma Agraria Popular y de la Transformación Social.
São Paulo, 08 2014.
Coordinación Nacional del MST