Desde finales de enero, el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha intensificado sus ataques contra los derechos de los indígenas. Las políticas del gobierno son cada vez más agresivas y la ONU teme “potenciales genocidios”.
«Cada día, un poco más, los indios son un ser humano como nosotros». Esta frase fue lanzada por Jair Bolsonaro el pasado 24 de enero, durante su emisión semanal en Facebook. No es su primera declaración racista dirigida contra los autóctonos, ni mucho menos. En 2004, les calificó de «apestosos». En 1990, lamentó que el ejército brasileño no haya sido capaz, a la imagen de su homólogo estadounidense, de «aniquilar a los indígenas».
Pero esta frase demuestra un cambio de estrategia. Los ataques racistas se esconden ahora detrás de un discurso de promoción del desarrollo, pues Jair Bolsonaro trata, ante todo, de abrir las puertas a la explotación de los territorios indígenas (TI) a la industria. El 5 de febrero, presentó un proyecto de ley autorizando la explotación minera, gasista, petrolera y agrícola, así como la construcción de infraestructuras hidroeléctricas. La noticia provocó una ola de indignación general, especialmente porque ningún poder de veto es acordado a los autóctonos (salvo por la extracción de oro artesanal). Si bien, la Constitución garantiza que incluso si los TI pertenecen al Estado federal, los autóctonos disfrutan del uso exclusivo de estas tierras.
Según la APIB (Asociación de Pueblos Indígenas del Brasil), el proyecto pisotea el desarrollo económico de los pueblos indígenas y promueve « los intereses económicos de los que apoyan al gobierno de Bolsonaro, aunque ello implique una total falta de respeto por la legislación nacional e internacional ». Si el proyecto de ley es aprobado, un estudio de impacto ambiental podría, por ejemplo, realizarse a distancia.
Para Felipe Milanez, profesor en la UFBA (Universidad Federal de Bahía), «incluso si se encuentra un sesgo jurídico, el proyecto no debería ser aprobado». El pasado mes de septiembre, el presidente de la Asamblea afirmó que nunca incluiría en la orden del día un proyecto de este tipo y, además, el asunto tiene un fuerte potencial de movilización. De hecho, explicó Bolsonaro, el problema no es la obvia inconstitucionalidad, sino « la presión que el proyecto va a enfrentar por parte de los ambientalistas». «Si pudiera, los confinaría a todos al Amazonas, ya que aman tanto el medio ambiente», añadió.
La idea de este proyecto de ley, explica Felipe Milanez, consiste ante todo en enviar este mensaje: « El presidente nos apoya, podemos lanzar las inversiones, después serán regularizadas ». Esto incita y promueve la invasión de los TI, que no ha hecho más que agravarse desde la llegada al poder de Bolsonaro.
En el terreno, los rastreadores de oro y los traficantes de madera también utilizan este mensaje para presionar a los indígenas, apoyados por una minoría de indígenas que apoyan al presidente. «Por un lado, el gobierno está desorganizando el sistema de salud indígena… No se trata de un ataque aislado sino de una ofensiva generalizada a largo plazo -se lamenta Felipe Milanez-. Solo se han encontrado con algo de retraso, especialmente por los incendios en el Amazonas que han atraído la atención internacional».
Desde principios de año, en la frontera con Paraguay, 3.000 indígenas se han visto privados de ayuda alimentaria, mientras que el gobierno está tratando de desmantelar el sistema de salud indígena, ya debilitado por el fin del programa «Mais Médicos» decretado el pasado mes de enero.
El proyecto de ley también puede influir sobre los «aislados», aquellos indígenas que nunca han tenido contacto con el Estado brasileño, o que han roto el contacto con él. El texto prohíbe las actividades en las TI en las que se haya registrado su presencia, pero corresponde al Funai (el organismo responsable de proteger a los indios) establecer estos límites. Sin embargo, el Funai enfrenta actualmente importantes dificultades, paralizado por los juegos de poder, los graves recortes presupuestarios y la desorganización. Mientras el organismo se ha visto debilitado a lo largo de los últimos años, Jair Bolsonaro, por su parte, ha decidido pasar a la velocidad superior.
Así, un misionero evangélico, Ricardo Dias, es el encargado de la protección de los «aislados», uno de los cargos más delicados del Funai. Entre 1997 y 2007, trabajó para New Tribes Mission, una organización estadounidense que trata de evangelizar a los indígenas. Asegura que su mandato será «técnico» y que «no tratará de evangelizar a nadie», pero no consigue convencer, incluso en el seno del Funai, cuyos funcionarios han publicado una carta abierta denunciando los riesgos ligados a su nominación.
Pues, como lo demuestra el pasado, las consecuencias de contactos no deseados ni preparados pueden ser desastrosas. La relatora especial de derechos de los pueblos autóctonos de la ONU denuncia una «decisión peligrosa que podría generar un potencial genocidio para las poblaciones aisladas».
New Tribes Mission, hoy rebautizado con el nombre «Ethnos360», es ya responsable de la muerte de un tercio del pueblo Zo’é, diezmado en los años 1980 por las enfermedades portadas por sus misioneros. Sin olvidar que fue después de este suceso, cuando la Funai modificó sus reglas y Brasil pasó a convertirse en pionero en la política de gestión de los « aislados ». La idea central consistía en respetar el derecho a la libre determinación de los «aislados» y no promover ninguna acción que fomentara el contacto.
Esta política ha influenciado a los países vecinos y conseguir diezmar este concepto sería una victoria para los fundamentalistas. Una grabación telefónica divulgada el 13 de enero por The Intercept muestra el lobby organizado por los misioneros para nombrar a Ricardo Dias. El hijo del presidente de New Tribes Mission Brasil explica: «Vamos a colocar a un nuevo presidente en el departamento de los aislados… Para formalmente cambiar esta política [que consiste en prohibir a los misioneros]». Esta nominación representa « ¡un retroceso de un siglo! », se indigna Felipe Milanez.
Para el investigador, que les estudia desde hace más de una década, «estos misioneros son locos de Dios». Para ellos, el regreso de Cristo no llegará hasta que todos los pueblos del mundo se hayan convertido. Pero los aislados son un verdadero desafío, escondidos en lugares de difícil acceso donde está prohibido entrar sin la autorización del Funai.
A partir de ahora, Ricardo Dias tiene acceso al sistema de vigilancia de los aislado y es responsable de autorizar las visitas. «Detrás de un discurso social de fachada, los misioneros son capaces de todo, matar o morir, para convertir. Sin embargo, necesitan financiación y aliados», asegura Felipe Milanez. Estos misioneros son un regalo del cielo para los explotadores del bosque, que se ven obstaculizados por la presencia de los indígenas.
Estos poderosos lobbies han intentado durante los últimos tres años imponer un líder totalmente a su favor en el seno del Funai. Un pastor y un general se han sucedido al frente de la organización, pero «aunque eran muy conservadores, no eran lo suficientemente radicales a sus ojos y tenían cabeza», explica Felipe Milanez. Por lo tanto, Bolsonaro ha nombrado a alguien cercano a Nabhan García, uno de los representantes más extremistas del lobby agrícola y ahora miembro del gobierno.
Pero es la intervención de Damares Alves, ministra de la Familia, de la Mujer y de Derechos Humanos, la pieza decisiva en la nominación de Ricardo Dias, estableciendo así la alianza entre los lobistas extremistas y los misioneros. También ha permitido a estos últimos obtener un puesto gubernamental, mientras que hace poco tiempo, los evangelistas «clásicos», muy influyentes en el entorno de Bolsonaro, los detestaban.
Estos se explica porque la ministra, ella misma pastora, mantiene una relación muy cercana con la organización misionera Jocum (Jóvenes con una misión – expulsada en 2003 de un TI por proselitismo) y participa en la AMTB (Asociación de Misiones Transculturales de Brasil), que incluye también a New Tribes Mission. «Esta nominación no viene sola, otras más discretas son igual de nefastas. Este es un complejo y sofisticado proyecto de genocidio, no una simple postura política», juzga Felipe Milanez.