El Estado alemán insiste en la necesidad del distanciamiento social, salvo en el caso de las y los inmigrantes rumanos que trabajan en sus granjas. El orden neoliberal de la UE ha profundizado las desigualdades en el mercado laboral del continente, burlándose de la retórica de la solidaridad europea.
Unos días antes de que la Iglesia ortodoxa celebrara la Pascua, miles de personas se amontonaban en un aeropuerto provincial, en la ciudad de Cluj, con destino a Alemania para trabajar en la cosecha de espárragos en medio de la pandemia. Aunque el Estado rumano aplica estrictamente el distanciamiento social y ha impuesto un número récord de multas a quienes rompen el confinamiento, estas personas se apiñaron en autobuses por todo el país (incluso en áreas bajo control militar), fueron abandonadas frente al aeropuerto abarrotado y tuvieron que esperar horas sin equipo de protección.
Aunque impactante, esta escena era representativa de una realidad más general; a saber, que las medidas de distanciamiento social y confinamiento en los domicilios para evitar la propagación de la Covid-19 solo son accesibles para algunas personas. A pesar del confinamiento, millones de personas en todo el mundo deben ir a trabajar no solo para sobrevivir, sino precisamente porque su trabajo es esencial para mantener la posibilidad de confinamiento para todas las demás. Los alimentos necesitan ser recolectados, procesados y transportados. Las infraestructuras deben mantenerse, los servicios básicos deben continuar funcionando. Todo esto es imposible sin personas que hagan el trabajo necesario y las agencias de contratación harán todo lo posible para encontrarlas.
Trabajando los espárragos
Es lo que ocurrió con las y los recolectores de espárragos rumanos. Invocando el riesgo de que se pudrieran los cultivos en los campos, el Estado alemán acudió en ayuda de su sector agrícola persuadiendo a Rumanía para que permitiera que los vuelos chárteres de trabajadores y trabajadoras temporales salieran del país. El Estado rumano se comprometió debidamente a ello, no por obediencia ciega a la hegemonía europea, sino porque la provisión de mano de obra barata y flexible a los países ricos de la UE es una práctica común en Rumanía desde hace tres décadas. También se autorizaron otros vuelos para las y los trabajadores con destino al Reino Unido para fines similares. Menos de un mes antes, a las enfermeras rumanas se les permitió viajar a Austria para ayudar a combatir el virus, cuando el sistema sanitario rumano es uno de los más débiles de Europa.
Contrariamente a las garantías dadas por el gobierno y las empresas que contratan a estas personas, pronto se hizo evidente que corrían un gran peligro. Como era de esperar, muchas de ellas descubrieron que sus salarios no serían tan generosos como habían prometido las empresas contratistas. Varios vídeos las mostraban amontonadas en pequeños barracones, algunas incluso durmiendo en el suelo.
Aislados del resto del mundo, con los pasaportes retenidos por sus empleadores, las y los trabajadores temporales rumanos tenían que trabajar diez horas al día, siete días a la semana y pagar su propia comida y alojamiento. Al mismo tiempo que los testimonios sobre las condiciones de trabajo comenzaron a circular en las redes sociales, un rumano moría trágicamente en una granja de espárragos cerca de Friburgo de Brisgovia después de contraer el virus. Dos semanas después, también dieron positivo casi trescientas personas rumanas de una contrata de la planta procesadora de carne cerca de Pforzheim (en Baden-Württemberg).
La respuesta oficial del embajador rumano, Emil Hurezeanu, fue detallada pero superficial. Elogió a la patronal y a las autoridades alemanas por sus esfuerzos para la organización del trabajo durante la pandemia, pero apenas dijo nada sobre el destino de sus compatriotas que ahora luchan contra la enfermedad. En lugar de defender los derechos de las y los ciudadanos rumanos en el extranjero, parecía más preocupado por garantizar que la migración de mano de obra del este al oeste continúe a toda costa.
El paradójico privilegio de las y los europeos orientales
Por terrible que parezca, no hay nada de extraordinario o inesperado en todo esto. Cientos de miles de trabajadores y trabajadoras agrícolas de América Latina trabajan en condiciones insoportables en los campos de EE UU. Las y los migrantes indocumentados del norte de África y el sur de Asia son explotados en condiciones cercanas a la esclavitud en plantaciones de España, Italia y Grecia. En todo el mundo, las y los trabajadores manuales, especialmente en la agricultura, están siendo explotados y maltratados aún más que antes de la crisis.
Sin embargo, la forma en que las y los trabajadores de Rumanía y otros países de Europa del Este fueron extraditados, sin tener en cuenta su seguridad y con la autorización de su propio gobierno, pone en evidencia los detalles de la migración de mano de obra en la UE, donde un mercado común y fronteras internas abiertas permiten el libre movimiento de las y los trabajadores entre Estados miembros, aparentemente iguales. Sin embargo, detrás de esta igualdad formal se encuentra la soterrada compulsión de la necesidad material que empuja a cientos de miles de personas pobres del este y el sur a desplazarse hacia el oeste.
En el corazón de Europa hay una industria muy rentable que se especializa en importar mano de obra barata del Este a varios países centrales. Este hecho no es nuevo, pero rara vez se considera una característica fundamental del proyecto europeo. En las últimas décadas, la profesionalización de las agencias de contratación y su institucionalización a nivel de la UE le han dado a esta industria una apariencia de legitimidad, sacudida hoy por la mala imagen de las y los inmigrantes pobres obligados a trabajar en granjas alemanas durante una pandemia.
Las y los trabajadores rumanos son un activo económico vital para Occidente, ya que están dispuestos a hacer un trabajo extenuante por un salario mucho más bajo que el de las y los trabajadores locales y pueden llegar legalmente desde su adhesión a la UE en 2007. Esto les coloca en la categoría poco envidiable de personas trabajadoras flexibles que, sin embargo, son relativamente privilegiadas en comparación con las personas migrantes no europeas, refugiadas y trabajadoras sin papeles. Gracias a su pasaporte europeo, reducen los costos de la deslocalización de la mano de obra temporal, lo que hace posible contratarles a un costo menor. ¿Por qué las y los empleadores van a traficar con inmigrantes sin papeles cuando las y los europeos del Este vienen de buena gana e incluso pagan su propio billete?
Este acuerdo permite a las explotaciones agrícolas medianas y grandes de Alemania, Italia, España y el Reino Unido obtener ganancias considerables, al tiempo que imponen condiciones difíciles a las y los trabajadores desplazados que no tienen los recursos necesarios para defenderse. Como dice un viejo adagio, “un trabajador extranjero hambriento vale por dos de casa”. Al final, los productos del trabajo de estas personas migrantes regresan a los estantes de los supermercados alemanes y franceses en Rumanía que, a su vez, expulsan a las y los productores locales del mercado. Así pues, estos últimos se ven obligados a despedir a sus trabajadores y trabajadoras o a reducir sus salarios en un intento de hacer frente a la competencia, perpetuando así un círculo vicioso que genera aún más personas desempleadas listas para irse al extranjero.
Se estima que la migración relacionada con el trabajo del este al oeste se ha duplicado desde que la UE comenzó a expandirse hacia el este en 2004. Esta fluida red de personas trabajadoras, privadas de sus derechos y separadas del mundo del trabajo organizado, se extiende más allá de la agricultura y abarca los cuidados, el transporte, la construcción, la gastronomía, los hoteles y el turismo.
Las personas migrantes se vieron doblemente afectadas cuando el virus comenzó a propagarse en los países occidentales, especialmente en Italia y España, donde trabaja la mayoría de las rumanas. A medida que los bloqueos detuvieron la economía, la mayoría de ellas fueron despedidas y obligadas a regresar a Rumanía, independientemente del grado de relaciones sociales que tuvieran aún allí. En Occidente, se vieron excluidas como trabajadoras baratas y desechables que no tenían derecho a prestaciones u otras formas de seguridad social, y en su país fueron relegadas al ostracismo como portadoras de una enfermedad mortal, no solo del virus, sino también de su condición de personas trabajadoras desempleadas y desprotegidas, lo que estresó aún más un sistema social ya frágil y en ruinas.
Es aquí donde el contrato social en el corazón de la UE adquiere todo su significado: los países centrales acumulan los beneficios producidos por la mano de obra barata de Europa del Este, mientras que se hacen recaer la mayoría de costes sobre ella y sus países de origen. Dado este estado de cosas, parece innecesario hacer más comentarios sobre la pantomima de la solidaridad europea.
Desarrollo muy desigual
La situación actual no comenzó con el coronavirus y no es un mero detalle en la amplia red de relaciones dentro de la UE. Constituye un elemento estructural en el funcionamiento del capitalismo europeo. De hecho, esto es lo que mantiene la cohesión de la Unión y es la clave para su competitividad global en varios sectores, como los cuidados, la manufactura y el turismo. Por tanto, resulta aún más perverso que esta relación de explotación se describa a menudo como un privilegio para las y los europeos orientales que deberían estar agradecidos por poder adherirse a ella.
En general, las y los comentaristas tradicionales elogian la movilidad de los trabajadores y trabajadoras orientales, en lo que ven como un éxito de la transición postsocialista y de la expansión de la UE. Y, si se mira cínicamente, tienen razón: para los aproximadamente cuatro millones de rumanos que han ido a trabajar al extranjero en las últimas tres décadas, haber sido explotados en su país tal vez hubiera sido un destino aún más miserable.
Al mismo tiempo, el capital occidental invertido en Rumanía disfruta de una de las tasas de rentabilidad más altas de Europa. Aunque las tasas impositivas a las ganancias corporativas ya se parecen a las de un paraíso fiscal, en tanto que los impuestos sobre las nóminas son desproporcionadamente altos, las empresas extranjeras pueden registrar ganancias más grandes a través de estrategias de optimización fiscal. Además, el Estado rumano es demasiado débil en el plano institucional y políticamente está poco interesado en la recaudación de impuestos; prefiere mantener el crecimiento económico gracias a una mano de obra industrial barata en el territorio nacional al servicio de la economía de exportación de la Unión Europea, de la que Alemania es la punta de lanza.
Thomas Piketty ha descrito cómo Occidente se beneficia del desarrollo desigual dentro de la UE al extraer recursos y ganancias de los antiguos países comunistas. Los diferenciales salariales son solo una parte de la historia: también se obtienen ganancias exorbitantes gracias a las inversiones, a la privatización de los antiguos activos estatales, a los bajos impuestos y a una legislación generosa que facilita (cuando no legaliza totalmente) expatriar las ganancias del país, de las que solo una fracción regresa a la región a través de los muy publicitados mecanismos presupuestarios de la UE.
¿Cómo se puede suponer que estos países mantendrán bajos déficits mientras invierten en proyectos de desarrollo, infraestructura, salud y educación? Es evidente que no pueden. El ejemplo de Grecia después de la crisis económica de 2009 es, con mucho, el más conocido, pero la situación es similar en la periferia de la Unión Europea que no forma parte de la zona euro.
Una unión solo de nombre
A medida que el coronavirus se ha extendido por Europa occidental, los principales medios de comunicación han denunciado con razón la falta de solidaridad europea con respecto a Italia, abandonada por sus vecinos en el apogeo de una pandemia mortal. Se podría haber presentado un caso similar para Europa del Este, pero no fue así, como de costumbre. Hemos visto una y otra vez que, cuando las cosas salen mal, las jerarquías estructurales dentro de la UE fomentan la prioridad de los intereses nacionales sobre la solidaridad intraeuropea.
Aún más decepcionante, sin embargo, es el ensordecedor silencio de la izquierda occidental sobre este tema. Aunque no es sorprendente, ya que la mayoría de los miembros de la izquierda han tenido dificultades para formular un enfoque coherente de la política europea más allá de los llamamientos abstractos e insustanciales a la solidaridad. Algunos sectores de la izquierda suscriben la idea de que la vuelta al Estado de bienestar de la posguerra solo puede ser posible dentro de las fronteras nacionales y, por lo tanto, tienen poco que ofrecer a las y los trabajadores migrantes. En términos más generales, el desafío consiste en formular un conjunto de reivindicaciones claras desde una posición de debilidad y en un marco institucional que va en contra del trabajo organizado y de la izquierda.
Con pocas ofertas que no sean lugares comunes, no sorprende que muchas personas votantes de la clase trabajadora en países como Polonia, Hungría y Eslovaquia hayan optado por unirse a este desequilibrio estructural detrás del nacionalismo y el proteccionismo de demagogos como Viktor Orbán. El clima político rumano es significativamente diferente, precisamente porque grandes sectores de la población aún dependen de la división desigual del trabajo dentro de la UE. “Prefieren”, como expresó sin rodeos el presidente rumano Klaus Iohannis cuando se le preguntó sobre el atestado aeropuerto de Cluj, ser explotados en Europa en lugar de enfrentar la miseria en su país, donde los salarios son de los más bajos de la UE y el Estado asigna el porcentaje más pequeño del PIB a la atención médica y los servicios sociales.
Dicho esto, incluso si el viento político soplara a favor de la izquierda, ¿qué podría hacer esta? La arquitectura de la Unión Europea, que naturaliza las desigualdades históricamente acumuladas entre países y regiones, no puede ser desmantelada solo mediante reformas políticas, independientemente de su alcance o profundidad. Sin embargo, a falta de ello, algunos cambios a nivel de la UE podrían servir para aliviar la difícil situación de los trabajadores migrantes, darles medios de acción y tal vez incluso allanar el camino para concepciones más radicales.
Entre estas medidas figura la obligación de establecer un salario de subsistencia realista en todos los países europeos. En Rumanía, el salario mínimo neto de 290 euros al mes ni siquiera cubre el alquiler en las grandes ciudades. Un aumento importante en el salario mínimo reduciría significativamente la presión para salir al extranjero y aumentaría el consumo y los ingresos fiscales en el país. Las propuestas de ingreso básico universal a nivel europeo también merecen una atención seria, ya que podrían brindar un alivio inmediato a las personas más vulnerables y así aligerar la presión para trabajar en condiciones peligrosas solo para sobrevivir, como es el caso de muchas personas durante la pandemia actual.
Un enfoque más radical debería considerar poner fin a la situación de Europa del Este como fuente de mano de obra barata. Generalmente, a los europeos y europeas orientales se les paga menos que a sus homólogos occidentales, pero también en relación con la productividad de su propio trabajo. Las empresas de Europa del Este deberían verse obligadas por una ley europea a reducir sus márgenes de beneficio y pagar salarios más altos. También tiene mucha importancia establecer una legislación laboral eficaz. En su búsqueda de inversión extranjera directa, los países de Europa del Este redujeron las tasas impositivas y desmantelaron la legislación laboral de la era socialista que protegía a las y los trabajadores. Esto agravó considerablemente la precariedad del empleo y abrió la vía a la emergencia de un ejército continental de reserva de mano de obra.
Mientras un gran número de europeos orientales, hombres y mujeres, trabajen en Occidente en los principales países de la UE, estos gobiernos deberían verse obligados a asumir una responsabilidad mayor en relación a todos los trabajadores que se encuentren en su territorio. La ampliación y profundización de la seguridad social y la cobertura médica a nivel europeo ofrecería a las y los trabajadores una mayor protección y distribuiría de manera más equitativa los costos de su reproducción social entre los Estados miembros.
Estas propuestas son bastante modestas y básicas, pero son fundamentales para proteger a los millones de personas trabajadoras migrantes en Europa del Este (y otros países) que se encuentran ante amenazas y obstáculos inimaginables todos los días, solo para ganarse la vida. Expuesto por la pandemia, pero arraigado en su funcionamiento, el darwinismo social en el corazón de la UE debe ser objeto de una atención seria por parte de la izquierda. De lo contrario, la alternativa reaccionaria propuesta por gentes como Orbán y Le Pen será la única propuesta.
Florin Poenaru es profesor de antropología social en la Universidad de Bucarest y coeditor de Critic Atac. Costi Rogozanu es escritor y periodista residente en Bucarest y coeditor de Critic Atac
Texto original: Europe. La place des migrant·e·s de l’Europe de l’Est dans le fonctionnement du capitalisme de l’UE
Traducción: Faustino Eguberri para viento sur
Fuente: https://vientosur.info/el-lugar-de-las-migraciones-de-la-europa-oriental-en-la-ue/