Después de 12 días de tensión en el sur de Bahia, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) se aproximan a un acuerdo para suspensión de todas las restituciones de la tenencia previstas en el asentamiento Jacy Rocha, en el municipio de Prado. Con eso, se descarta la posibilidad de una ofensiva de la Fuerza Nacional contra el movimiento popular.
El envío de las tropas federales generó un malestar involucrando a los gobiernos federal y estadual, pues compete a los gobernadores requerir el uso de la Fuerza Nacional. Rui Costa (Partido de los Trabajadores), mandatario de Bahia, llegó a afirmar que “tal acto puede configurar quiebra del pacto federativo y flagrante irrespeto de la ley», además de pedir explicaciones al ministro de Justicia.
Los cien soldados de las tropas federales fueron enviados para acompañar al INCRA en visitas técnicas en los asentamientos Jacy Rocha y Rosa do Prado, ambos en la región de Prado, en el extremo sur de Bahia, y una acción de restitución de la tenencia de la tierra de una pareja expulsada por el MST de una de las áreas.
El acuerdo
Durante la última semana, MST e INCRA se reunieron tres veces. También participaron en los encuentros representantes de la Secretaría de Asuntos Fundiarios del Ministerio de Agricultura y el comando de la Policía Federal en Bahia.
El acuerdo firmado el lunes (14) prevé que la Fuerza Nacional, que llegó a la región el 3 de septiembre, acompañe al INCRA en visitas técnicas a los lotes de las 227 familias que viven en Jacy Rocha y las 300 de Rosa Prado. Los servidores harán el georreferenciamiento de los terrenos. No obstante, no habrá desalojo, ni siquiera de los asentados que no tengan la documentación completa del área.
Fuerza Nacional
El 26 de agosto, agentes de la Policía Militar fueron hasta el asentamiento Jacy Rocha. En la entrada del asentamiento, afirmaron que escoltaban a un representante del INCRA, que estaría en un carro blanco – el supuesto servidor no salió del automóvil y no fue identificado. El objetivo sería restituir la tenencia a la pareja ya mencionada: Aparecida da Silva Sousa Santos y José Carlos Bispo dos Santos, expulsados de la comunidad por el movimiento en noviembre de 2019.
La expulsión ocurrió después de que ellos incumplieran reglas impuestas por el MST en los asentamientos, como ausentarse por más de 30 días del lote sin justificación, no contribuir con el trabajo colectivo, además de portar armas de fuego dentro del área. Los asentados afirmaron además al reportaje de Brasil de Fato que Bispo dos Santos y Aparecida robaban ganado de otros productores rurales y estaban involucrados con el tráfico de drogas en la región.
Pero, ese día 26, sin la identificación del representante del INCRA y ni la presentación de la orden judicial autorizando la restitución de la tenencia, el MST no permitió la entrada de la Policía Militar en el área con la pareja.
Dos días después, la pareja fue hasta Jacy Rocha con otras 13 personas e intentó forzar una recuperación de su antiguo lote. Sin embargo, fueron expulsados del área por integrantes del MST. El episodio fue utilizado por Nabhan Garcia, secretario Especial de Asuntos Fundiarios, que fue personalmente hasta la región, para justificar el pedido de uso de la Fuerza Nacional en la zona, prontamente aceptado por el Ministerio de Agricultura, que solicitó el apoyo de la Fuerza Nacional al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Entonces, se enviaron cien agentes de la Fuerza Nacional a Prado y Mucuri, municipio vecino, donde el MST también mantiene otros ocho asentamientos, después de la publicación del Decreto 493, el 2 de septiembre. El destacamento permanece en la región hasta el 2 de octubre, con posibilidad de renovación por 30 días más.
El envío de la Fuerza Nacional fue criticado por actores del sistema judicial. Los fiscales federales Deborah Duprat y Marlon Alberto Weichert divulgaron una nota pública, el 3 de septiembre (3), condenando la operación.
“En conclusión, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública extrapoló su competencia al editar el Decreto MJSP nº 441, de 2019. El gobierno federal no puede autorizar que la FNSP sea utilizada en ‘acciones de preservación del orden público y de la incolumidad de las personas (…) en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia/DF’, al margen de solicitud previa del gobernador”, señalan los fiscales.
Documentación
Cuando el nombre del integrante del asentamiento aparece en la Relación de Beneficiarios, la familia recibe el instrumento de titulación aplicable al área destinada, para explotación del terreno. Con el nombre en la lista, la permanencia en el terreno está garantizada.
En seguida, el INCRA envía el Contrato de Concesión de Uso (CCU), un documento provisorio de posesión de la tierra. El próximo paso es la entrega de la Concesión de Derecho Real de Uso (CDRU), certificado definitivo del lote.
El INCRA inició las visitas técnicas por el asentamiento Rosa do Prado, donde viven 300 familias, y debe acabar los trabajos en el área el próximo jueves (17), sin desalojos. No hay, aún, un levantamiento sobre cuantas personas aguardan su inclusión en la Relación de Beneficiarios del INCRA. La operación del INCRA en el asentamiento Jacy Rocha comienza este viernes (18).
De las 227 familias del Jacy Rocha, 69 no están en la Relación de Beneficiarios. De esas, 24 están bloqueadas por alguna traba burocrática. Es el caso de Maristela Cunha, dirigente estadual del MST que fue profesora de matemáticas en la Escuela Estadual del Campo Anderson França, que queda dentro del área, en 2013.
Los servidores públicos no pueden ser asentados en tierras destinadas a la Reforma Agraria. Sin embargo, Maristela alega que fue profesora solo durante el año 2013 y como voluntaria en la escuela. El registro del asentamiento, para inclusión de familias en la Relación de Beneficiarios, se hizo en 2015.
“Yo no soy servidora pública, di clases por un año, nunca más. Yo ya fui a la Secretaria de Educación y nada, ya fui al INCRA y nada. Yo vine al asentamiento y el sector de educación necesitaba una profesora, yo ayudé. No puedo ser castigada por eso”, relata.
Los otros 45 que esperan su inclusión en la Relación de Beneficiarios para recibir la concesión reclaman por la demora del INCRA en atender las familias. “Yo llegué aquí hace diez años. En 2015 yo di entrada en el INCRA y hasta hoy no recibí el documento. Vamos a ver lo que van a hacer con nosotros, pero no pueden ponernos para fuera de aquí, si ellos se rehúsan a darnos el documento que estamos esperando”, protesta el asentado.
Buscados por el reportaje, el INCRA y la Policía Federal no se manifestaron hasta el cierre de esta noticia.
Traducción: Pilar Troya, para Brasil de Fato.