La autora sostiene en este artículo que la operación Brasil Verde es un fraude, como demuestra que los incendios se mantienen en la Amazonia, cada vez más militarizada.
En 2019 causaron conmoción en el mundo las imágenes de los incendios y la devastación en la Amazonía brasileña, un lugar único en el mundo por su vegetación densa e impenetrable, hogar de innumerables especies animales.
Con una superficie de unos seis millones de km², que pertenece en su mayor parte a Brasil y en menor cantidad a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Surinam y Guyana, continúa estando gravemente amenazada con el riesgo de que grandes extensiones de territorio desaparezcan por los incendios y la deforestación causada por la mano del hombre.
Este 2020, con la pandemia de la Covid-19 acaparando la atención mundial, la destrucción del principal pulmón vegetal del planeta parece pasar desapercibida. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), hasta el 25 de octubre de este año se han detectado 89 mil 604 incendios, 428 más que en 2019, cuando se registraron 89 mil 176. Además, este instituto, que vigila por satélite la situación del bosque más grande del mundo, ha señalado que en septiembre se perdieron 964 km² de bosque, la segunda peor cifra de los últimos cinco años.
Ausencia de una política ambiental
Para uno de los responsables del área forestal de Greenpeace Brasil, Rómulo Batista, las cifras son “el resultado directo de la falta de una política ambiental de este Gobierno. Hemos tenido más incendios que el año pasado”. Al clamor de los ambientalistas alineados contra el calentamiento global, se añaden ahora las grandes finanzas internacionales, que piden a Brasil una política distinta para salvar la selva. El gobierno de Bolsonaro está siendo presionado por fondos financieros mundiales por considerarlo responsable de la falta de aplicación de efectivas regulaciones ambientales que protejan la Amazonía y de una manifiesta laxitud hacia los devastadores agentes que deforestan y contaminan el territorio.
Candido Bacher, director general del banco más grande de Brasil, Itaú Unibanco, en declaraciones a la prensa aseguró que “es una situación muy preocupante. La política ambiental del gobierno sobre el tema de la Amazonía no está funcionando, es prácticamente inexistente”. A nivel internacional uno de los gigantes financieros mundiales, Blackrock, cuyo capital asciende a 7.4 trillones de dólares, el fondo de pensiones del Gobierno de Noruega y la Iglesia anglicana han dejado claro que están dispuestos a retirar sus posiciones en el Fondo Amazónico si Brasilia no hace acciones concretas que den resultados para frenar la destrucción de la Amazonía.
Militarización de la Amazonía: la respuesta de Bolsonaro
La respuesta del gobierno de Jair Bolsonaro ante la emergencia ambiental ha sido llevar a cabo la llamada Operación Brasil Verde, que ha movilizado a tres mil 600 soldados y oficiales de policía ambiental a la selva amazónica en el mes de mayo de este año. La movilización militar debía terminar en julio, pero el Gobierno recientemente ha decidido extender la presencia de las Fuerzas Armadas allí hasta abril de 2021. Esto fue anunciado a la prensa por el vicepresidente, Antônio Hamilton Mourão: “La operación durará hasta abril, la extenderemos hasta ese mes”, señalando además que la intervención del Ejército es necesaria por la debilidad en la actuación de los organismos responsables de la protección del medio ambiente como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Ibama) y del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).
La mayoría de los especialistas y organizaciones ambientales, que critican duramente al gobierno de Jair Bolsonaro, aseguran que la presencia militar en la selva es paliativa e ineficaz, y exigen que se proporcionen los recursos necesarios a los organismos estatales que son históricamente responsables del enjuiciamiento de los delitos ambientales, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama). En respuesta, Bolsonaro ha acusado a través de los medios de comunicación, en numerosas ocasiones, a las organizaciones ecologistas de ser corresponsables del desastre ecológico, afirmando que “Brasil está siendo atacado por una secta ambientalista internacional”. Pero esta ha sido una de las estrategias políticas del Presidente, atacar mediáticamente a las organizaciones ecologistas que lo enfrentan, para que su gestión pueda mantener el apoyo financiero extranjero en el Fondo Amazónico y además destacar en el escenario político y social de Brasil como un defensor de la Amazonía.
Resultados de la Operación Brasil Verde
En cuanto a los resultados de la Operación Brasil Verde, Rómulo Batista señaló a la prensa que “esa operación del Ejército no es más que propaganda. La deforestación no se combate con una operación del Ejército, sino que se trabaja todo el año con inteligencia y coordinación”.
Para los especialistas que siguen de cerca la situación en la Amazonía, la Operación Brasil Verde en lugar de ayudar a reducir el número de incendios, los ha aumentado. Según cifras del INPE, a dos meses de la presencia militar en la Amazonía, en julio de 2020 hubo un 34% más de incendios que en el mismo mes durante el año 2019. La Operación militar, de acuerdo a datos proporcionados por Hamilton, ha generado hasta ahora gastos por 400 millones de reales (82 millones 103 mil dólares ), asegurando que están disponibles otros 180 millones de reales (35 millones 187 mil dólares) para continuar la intervención del Ejército en la región.