El 6 de diciembre de 2020, tal como lo estipula su Constitución, los ciudadanos venezolanos están convocados a elegir nuevos representantes a la Asamblea Nacional.
Además de la pletórica diversidad de propuestas políticas (107 partidos en liza, 14.400 candidatos para los 277 escaños parlamentarios), esta elección representa, sobre todo, una salida democrática, legal y pacífica de la crisis política e institucional generada, en enero de 2019, por la autoproclamación de Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela.
En el transcurso del año 2020, las discusiones entre el gobierno y la oposición decidida a retomar la senda constitucional han llevado al establecimiento de nuevas garantías electorales, aceptadas unánimemente por todas las tendencias políticas involucradas en este proceso electoral.
A pesar de sus reiterados llamamientos al diálogo en Venezuela, la Unión Europea se negó a aceptar este nuevo consenso democrático. Y decidió, finalmente, rechazar la invitación del Estado venezolano a enviar observadores para garantizar el buen desarrollo de los escrutinios.
Esta contradicción es producto de la permanente presión de la administración de los Estados Unidos, inmersa en una operación cuya prioridad no es el respeto a la democracia o a los procesos electorales, sino el “cambio de régimen”, cueste lo que cueste. Este alineamiento con la política de los halcones de Washington es una grave señal de abdicación de una política exterior independiente que se venía exhibiendo en numerosos discursos de intención.
Si la Unión Europea apostara verdaderamente a ser un vector de paz en un mundo de turbulencias, no debería sostener la vía de la violencia y de la confrontación en Venezuela.
Por eso pedimos a la Unión Europea que respete el resultado electoral del próximo 6 de diciembre, y apoye la voluntad democrática de los venezolanos.
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