Llamamiento abierto a la firma de organizaciones y personalidades dirigido a las Naciones Unidas para que soliciten al gobierno de EEUU el cese del bloqueo a Venezuela. Se presentará a la ONU en el marco de la sesión 48° del Consejo de Derechos Humanos que inicia el 13 de septiembre. Pueden mandar su firma al correo [email protected]
Las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y populares abajo firmantes, hacemos un llamamiento conjunto en favor de requerir a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y a la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales (MCU) en el disfrute de los derechos humanos Alena Douhan, que solicite formalmente al Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) el levantamiento incondicional de las medidas coercitivas unilaterales que ha venido desarrollando contra el país.
Desde el año 2014 el Gobierno de Estados Unidos ha venido aplicando un gran número de medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, que de manera arbitraria y unilateral producen efectos jurídicos y responsabilidad internacional por parte de quien las aplica, y configuran un delito de lesa humanidad ya que dificultan el acceso a bienes y servicios necesarios para el desarrollo social del pueblo venezolano, además de violar el derecho internacional, y el principio de autodeterminación del pueblo.
Durante los últimos años, el régimen de Estados Unidos y la Unión Europea, han incrementado sus agresiones contra Venezuela, comprometiendo las capacidades de respuesta del Estado venezolano ante las dificultades derivadas de la emergencia sanitaria global que representa el virus de la COVID-19, dificultando a las instituciones estatales cualquier iniciativa para comprar las vacunas requeridas, impidiendo el acceso a sus propios recursos depositados en la banca privada internacional.
El objetivo principal del bloqueo financiero de EE.UU., ha sido el negar o impedir a Venezuela el acceso a los medicamentos, alimentos, combustible, servicios, infraestructura esencial, etc. con el fin de provocar una crisis en materia de salud. El bloquear financieramente a un país constituye un Crimen de Lesa Humanidad según la definición dada por el Estatuto de Roma, en su artículo 7. Recientemente, el presidente Joe Biden, ha señalado que se reserva las sanciones de la era de su antecesor, Donald Trump, como opción para mantener al Gobierno venezolano en la mesa de negociaciones.
Tal condicionamiento es ilegal, ilegítimo, inmoral, y criminal, dado que ha sido suficientemente evidenciado por los organismos y relatorías de las Naciones Unidas que tales medidas coercitivas unilaterales “constituyen una violación del derecho internacional”, denegatorias de la igualdad soberana de los Estados, constituyendo una intervención en los asuntos internos de Venezuela. En este sentido, la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU –del 24 de octubre de 1970– reafirma la igualdad soberana de los Estados, la libre determinación de los pueblos y la obligación de todo Estado de no intervenir en los asuntos que no sean de su jurisdicción interna, estableciendo que: “…ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado, a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener él ventajas de cualquier otro. Todo Estado tiene el derecho inalienable de elegir su sistema político, económico, social y cultural sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado”.
En suma, la aplicación de MCU ha implicado un bloqueo de facto contra Venezuela, que infringe las obligaciones contraídas por los países que las imponen en materia de derechos humanos , y que ha tenido como propósito atacar la economía venezolana para acrecentar la presión sobre el país, dificultando la capacidad del Estado venezolano de ejecutar sus responsabilidades internacionales en materia de derechos sociales, en particular las políticas de alimentación, salud, vida, educación, y el desarrollo –agravada por el contexto de la pandemia de la COVID-19–, ya que como efecto del bloqueo los ingresos del Estado se contrajeron en un 99% y el país actualmente vive con el 1% de sus ingresos.
Por último, señalamos que en el Informe realizado por la Relatora en su visita a Venezuela, la alta funcionaria recordó a todas las partes su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales. La Relatora Especial les insta a que resuelvan cualquier disputa a través de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.
Joint appeal to the United Nations for the lifting of the measures against Venezuela
We, the undersigned civil society organizations, social and popular movements, make a joint appeal to request the High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet and the UN Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, Alena Douhan, to formally request the Government of the United States of America (USA) to unconditionally lift the unilateral coercive measures it has been developing against the country.
Since 2014, the Government of the United States has been applying a large number of unilateral coercive measures against the Bolivarian Republic of Venezuela, which arbitrarily and unilaterally produce legal effects and international responsibility on the part of those who apply them, and constitute a crime against humanity since they hinder access to goods and services necessary for the social development of the Venezuelan people, in addition to violating international law and the principle of self-determination of the people.
During the last few years, the US regime and the European Union have increased their aggression against Venezuela, compromising the Venezuelan State’s capacity to respond to the difficulties derived from the global health emergency represented by the COVID-19 virus, making it difficult for State institutions to take any initiative to buy the required vaccines, preventing them from accessing their own resources deposited in international private banks.
The main objective of the U.S. financial blockade has been to deny or prevent Venezuela’s access to medicines, food, fuel, services, essential infrastructure, etc. in order to provoke a health crisis. Blocking a country financially constitutes a Crime against Humanity according to the definition given by the Rome Statute, in its article 7. Recently, President Joe Biden, has indicated that he reserves the sanctions of the era of his predecessor, Donald Trump, as an option to keep the Venezuelan government at the negotiating table.
Such conditioning is illegal, illegitimate, immoral, and criminal, given that it has been sufficiently evidenced by the United Nations bodies and rapporteurships that such unilateral coercive measures «constitute a violation of international law», denying the sovereign equality of States, constituting an intervention in the internal affairs of Venezuela. In this regard, Resolution 2625 of the UN General Assembly -of October 24, 1970- reaffirms the sovereign equality of States, the self-determination of peoples and the obligation of every State not to intervene in matters outside its internal jurisdiction, establishing that: «…no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to obtain advantages from any other State. Every State has the inalienable right to choose its political, economic, social and cultural system without interference in any form by any other State».
In sum, the implementation of the UCM has implied a de facto blockade against Venezuela, which violates the human rights obligations of the countries that impose them, and which has had the purpose of attacking the Venezuelan economy in order to increase the pressure on the country, making it difficult for the Venezuelan State to carry out its international responsibilities in the area of social rights, in particular the policies of food, health, life, education and development – aggravated by the context of the COVID-19 pandemic – and as a result of the blockade, the State’s income has since contracted by 99% and the country is currently living on 1% of its income.
Finally, we note that in the Report made by the Rapporteur on her visit to Venezuela, the High Commissioner reminded all parties of their obligation under the Charter of the United Nations to observe the principles and norms of international law, including the principles of sovereign equality, political independence, non-intervention in the internal affairs of States and the peaceful settlement of international disputes. The Special Rapporteur urges them to resolve any disputes through judicial and other competent international institutions.
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In support of this appeal, the undersigned:
En favor de este llamamiento, abajo firman:
Organizaciones
- Sures
- Fundalatin
- Rompiendo la Norma
- Asociación Venezolana de Juristas
- Red Venezolana de Derechos Humanos
- Movimiento Internacionalista Puente Sur
- Foro Itinerante de Participación Ciudadana. Venezuela
- Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Asamblea Nacional SINOLAN. Venezuela
- Fundación Venezolana por el derecho a la Vivienda
- Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela, MOCEV. Venezuela
- Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz MOMUMAS
- Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. Fenaddeh. Venezuela
- Red Nacional de Comuneras y Comuneros de Venezuela, RNC.
- Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza. Venezuela
- . Coordinadora Popular de Caracas William Mantilla. Venezuela
- Fundación Embajada de Derechos Humanos
- Frente Bicentenario de Mujeres 200. Venezuela
- Movimiento Nacional de Amistad mutua Venezuela Cuba
- Círculos Bolivarianos Socialistas de Costa Rica
- Secretaria Conaicop. Costa Rica
- Núcleo Pcoa. Costa Rica
- Radio Revolución. Costa Rica
- Radio Colombeia. Costa Rica
- Radio Ciudadana. Uruguay
- Febrero Frenteamplista 2020. Uruguay
- Alianza Internacional de los habitantes
- Voces en Lucha. Comunicación popular. España
- Corriente Peronista Descamisados. Argentina
- Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela. México
- Organización Mexicanos Unidos. Tlalpan. México
- Frente Popular Francisco Villa. México
- Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan. México
- Colectivo Refundación PAIS.México.
- Comité de Solidaridad con Venezuela Xalapa Veracruz. México
- Colectivo Regina Martínez De Xalapa Veracruz. México
- Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Brasil
- Coordenação da União Nacional por Moradia Popular. Brasil
- Grupo de intervención legal internacional del Centro de investigación y elaboración para la democracia. Italia
- Asssociation les amis du Venezuela
- Partido Comunista (Suiza). Communist Party (Switzerland)
- Partido Popular Socialista de México
- Jóvenes Por el Socialismo. Mexico
- Movimiento Comunista. Mexico
- Centro de justicia uy Paz CPAZ.Ecuador
- Derechos Humanos San Oscar Romero, Argentina
- Fundación Latinoamericana por la Defensa de los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, FUNDALATIN, Capítulo Argentina
- Colectivo Chavismo Sur. Argentina
- Mobilization Against War and Occupation (MAWO). Canada
- Fire This Time Movement for Social Justice. Canada
Personas individuales
- Rosalinda Chanagá.Venezuela
- Moisés García. Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela, MOCEV.
- William Gudiño, Venezuela
- Holger Ortiz. docente UCV. Venezuela
- Mario Gil Rodríguez Martínez. Venezuela
- Gregorio Ramón Ortega Campos, contador público. Venezuela
- Víctor Raúl Castillo. Venezuela
- Candelaria Alfonso. Investigador UCV. Venezuela
- Ignacio Ramírez Romero. Abogado y defensor de Derechos Humanos. Venezuela
- Gladys Manrrique Díaz. Luchadora Social. Venezuela
- Sergio Rodríguez Gelfenstein – Politólogo. Venezuela
- Raignild Orta. Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz MOMUMAS afiliada a la FDIM.
- Reinaldo Iturriza – Sociólogo. Venezuela
- Dalia Correa Guía, vocera Frente Universitario Columba Rivas. Valencia, Venezuela.
- Virginia King. Defensora de Derechos Humanos. Argentina
- Carmen Vallarino-Bracho. Red de Mujeres contra la Discriminación voy la Violencia. Maracaibo, Venezuela.
- Bianca Javier. Venezuela
- Mireya Otero Silva, luchadora social. Venezuela.
- Sonia Boueiri Bassil. Profesora Universidad de los Andes e investigadora CLACSO. Venezuela
- Emma Ramírez Linares. Defensora de género. Venezuela
- Raignild Orta. Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz MOMUMAS. Venezuela.
- Julio Bayo, militante del campo popular. Argentina
- Atilio Borón – Politólogo. Argentina
- Modesto Emilio Guerrero, periodista Argentina.
- Eduardo Medina Guevara. Costa Rica
- José Ramírez Aguilar. Costa Rica
- Diana Ibarra Marín. Costa Rica
- Wilson Arroyo. Costa Rica
- Jesús Campos Méndez. Costa Rica
- Rubén Suárez secretaria Internacional de Conaicop. Uruguay
- Juan Meriguet Martínez. Ecuador
- Geraldina Colotti, periodista y escritora. Italia
- Dr. Gilberto López y Rivas, profesor investigador del INAH. México
- Luis Hernández Navarro.Periodista. México
- Gilberto López y Rivas. Antropólogo. México
- Alicia Castellanos – Antropóloga. México
- Eulogio Ojeda. Nicaragua
- Lalu Hanuman, Attorney at law, and former Chairperson of the Barbados. Bar Association’s Human Rights’ Committee. Barbados
- Jorge Ariel Sor. Jubilado. Argentina
- Miguel Mazzeo – Escritor. Argentina
- Professor Bill Bowring. President, European Lawyers for Democracy and Human Rights (ELDH). International Secretary, Haldane Society of Socialist Lawyers (England)
- Migdálefer Mazuera. Pastora. Iglesia Presbiteriana. Estados Unidos
- Elena Masera Arigoni Magliaso. Suiza
- Sergio Grez Toso. Historiador. Chile
- Carlos Fernández Liria – Filósofo. España
- Ángel Guerra Cabrera – Periodista cubano- mexicano