Que la revolución tecnológica basada en Internet es probablemente la más importante de la historia parece evidente y que podría servirnos para un gran avance en nuestra sociedad: reducción horas de trabajo, conservación del medio ambiente, profundización de la democracia, potenciar las relaciones humanas, erradicación de la pobreza y de pandemias, etc. Y, sin embargo, por primera vez en la historia un grupo reducido de personas, como Bill Gates, Mark Zuckenberg, Jeff Bezos, o el fallecido Steve Jobs, tienen la capacidad de dominar el mundo, sin contar con los gobiernos o los parlamentos de países ricos y pobres. Las secuelas de tal dominio son gravísimas para la sociedad, de algunas de ellas hablaré en las líneas siguientes. Y no se produce una respuesta contundente por parte de la sociedad ni por los gobiernos.
El mundo digital tal como se desarrolla, exige una legislación en el marco del Estado de Derecho y de una sociedad democrática donde se protejan la libertad y los derechos individuales. No es de recibo que tal mundo sea la selva, donde domine la ley del más fuerte. Es imprescindible un consenso global entre los distintos Estados sobre el contenido y los instrumentos de esa regulación, para establecer una cierta armonización y para evitar que las grandes corporaciones tecnológicas se aprovechen de las diferencias entre los países.
Las compañías tecnológicas Google, Amazon, Facebook, Apple, son máquinas de fraude fiscal y de destrucción de la solidaridad social, especialmente en la UE, un auténtico coladero fiscal. Un ejemplo nos puede ilustrar. Apple declaró que unos centenares de empleados en Irlanda son los que generan todos sus beneficios, y eso fue posible por un acuerdo con el gobierno irlandés, por lo que solo tiene que pagar un 0,005% de impuestos. O lo que es lo mismo, 5 euros por cada millón de beneficios. Todas esas empresas se declaran sin ningún recato que son socialmente responsables, pero una empresa es socialmente responsable si paga los impuestos que en justicia le corresponden, como hacemos los trabajadores. Si los demás eludiéramos o evadiéramos nuestros impuestos como hacen estas grandes multinacionales, el funcionamiento de la sociedad sería imposible. ¿Cómo se sostendrían las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia pública? Y esos grandes emprendedores, como Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, saben perfectamente que los impuestos públicos posibilitaron la financiación para conseguir Internet, sin el cual sus extraordinarias ganancias no existirían. Mariana Mazzucato en “El Estado Emprendedor”, muestra que muchos avances tecnológicos no se originaron en arriesgadas inversiones privadas, sino en cuantiosas inversiones públicas de las que los economistas no hablan. Se fija en el Ipad de Apple, que debe su «inteligencia» al gasto de EEUU en la carrera espacial. Por eso, cuando en 2013 Apple repartió dividendos para sus accionistas, Mazzucato argumentó que los contribuyentes estadounidenses poseían más derechos que los accionistas. Está en manos de los Estados el corregir esta situación fiscal tan injusta. Pero por aquí no cabe esperar cambios. Por ello, resulta interesante la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict), de la que forma parte Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía de 2001, que tiene por objeto promover el debate sobre la reforma del impuesto a las sociedades a nivel internacional, mediante una discusión lo más amplia e incluyente posible de las normas fiscales internacionales; considerar las reformas desde la perspectiva del interés público mundial en vez del nacional; y buscar unas soluciones fiscales justas, eficaces y sostenibles para el desarrollo.
Otro aspecto no menos dramático de la economía digital hace referencia a la situación laboral. La denuncia un libro de Mary L. Gray y Siddharth Suri GhostWork: Howto Stop Silicon Valley fromBuilding a New Global Underclass (Trabajo fantasma: cómo evitar que Silicon Valley construya una nueva subclase global). Según Gray en una entrevista de la periodista Esther Paniagua, la idea del libro surgió tras llegar a Microsoft en 2012. “Estaba hablando con investigadores que usaban Amazon Mechanical Turk para entrenar sistemas de aprendizaje automático a etiquetado para reconocimiento de imágenes. Descubrí cómo funcionaba la inteligencia artificial, mediante plataformas que asignan a las personas disponibles online tareas a la sombra”. Le sorprendió “que los investigadores no tenían ni idea de quiénes son estos trabajadores, ni les importaba. Por ello, quería saber cómo funcionaba todo el ecosistema de lo que ella denomina «trabajo fantasma”. Examinó el impacto de la automatización en el futuro del trabajo a través de las experiencias de los trabajadores de la economía online bajo demanda (la gig economy), de largas jornadas de trabajo mal pagadas, sin leyes laborales ni beneficios sociales. Son trabajos vinculados con lo que se conoce como “computación humana”: trabajos que empiezan y terminan online y que realizan cualquier tipo de tarea que pueda ser administrada, procesada, efectuada y pagada en línea. Google, Twitter, Facebook, Microsoft generan tareas bajo demanda en estas plataformas. Esta forma de trabajo significa el problema de que podría hacer invisible la labor de cientos de millones de personas. Esta nueva modalidad de trabajo se estudia en el informe de la OIT Las plataformas digitales y el futuro del trabajo. Cómo fomentar el trabajo decente en el mundo digital de 2019, que deberían conocer políticos, sindicatos y ciudadanos en general. Es producto de encuestas a 3.500 trabajadores de 75 países. El 46% informó que realizaba tareas de consultar contenidos, creando cuentas de usuarios falsos en sitios web, pasar imágenes o mirar videos poniéndoles “me gusta” o “compartir”. Otras tareas, como la investigación y el estudio de mercados, se orientan a promover sitios o productos en Internet y las calificaciones no son reales. Los participantes informaron haber hecho reseñas de destinos turísticos sin haberlos visitado nunca.
Los moderadores de contenido son personas educadas, a pesar de pasarse la vida examinando contenido “plagado de imágenes o lenguaje racista, homofóbico o misógino, o violencia”. En unos pocos segundos tienen que juzgar si el contenido viola los códigos morales o éticos de la plataforma, que no necesariamente coinciden con los de los moderadores de otras partes del mundo. Un ex moderador de Facebook describió: “Piensen en un caño cloacal que manda hacia ustedes toda la basura/suciedad/desperdicios/m*** del mundo para que ustedes lo limpien”. Otro dijo: “Hay que examinar unas 8 .000 publicaciones diarias llenas de odio, videos de posible explotación sexual, y violencia”. En ocasiones: “Algunos rechazos parecían dudosos. Por eso, decidí hacer capturas de pantalla. Pero después de recibir un rechazo, mis capturas de pantalla demostraron que estaba haciendo un trabajo perfecto. Pero no pude pedir más justicia, porque podían inhabilitarme. (Encuestado de AMT, India)”.
Hay otro aspecto importante y grave a nivel laboral propiciado por la tecnología digital, que atañe a todo tipo de empresas. Se deberían proteger los derechos laborales frente a la invasión digital de nuestras actividades profesionales. La desconexión digital de los trabajadores fuera de su horario laboral es imprescindible. E igualmente la protección de su intimidad ante el abuso de dispositivos digitales o sistemas de geolocalización en el trabajo.
El libro “La manada digital. Feudalismo hipertecnológico en una democracia sin ciudadanos” de Josep Burgaya, me ha provocado un aldabonazo sobre los grandes peligros a nivel político, social, económico y educativo, como consecuencia de una legislación inadecuada o inexistente del mundo digital online. Más allá de los aspectos fiscales y laborales de la economía de las plataformas ya comentados, que se deberían regular por las leyes de los Gobiernos-evidentemente deberían producirse acuerdos a nivel global-, se requiere una “Ley General de Internet”, que establezca derechos, garantías y prohibiciones, para que se convierta en un mundo civilizado al servicio de toda la sociedad en su conjunto.
Es imprescindible una definición clara de los derechos de propiedad en la Red, para impedir la apropiación, auténtico expolio, y el comercio de datos privados; como también el derecho a la propiedad absoluta sobre el ‘software’ y ‘hardware’ que se compra, prohibiendo el acceso y el control de aquellos que, en teoría, nos los han vendido. Así como la prohibición de las ‘cookies’. “¿Por qué los llaman ‘cookies’, si son unos cabrones que nos vigilan?” Proteger los derechos de propiedad intelectual en Internet, no solo por razones de justicia hacia sus creadores, sino como garantía de su mantenimiento con unos niveles de exigencia y de la posibilidad de vivir de ello.
El derecho a no dejar huella. Irrumpe así, en el novísimo mundo de las redes, un tema antiguo. Ayer la ‘damnatio memoriae’, hoy la obligación del olvido. Sin embargo, ¿en qué se convierte la vida en un tiempo en el que Google recuerda siempre? Debe protegerse jurídicamente el derecho al olvido para borrar todo lo que hemos hecho pasado un tiempo y que no nos condicione toda nuestra vida. Un derecho que, a pesar de ser aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de la UE en 2014, la mayoría de las solicitudes han sido desestimadas por Google, con la excusa de su “interés público”.
Deberíamos disponer del interruptor de acceso y de control de la Red. Hoy estamos permanentemente en ella, al margen de nuestra voluntad. Se nos graba, se nos ponen geolocalizadores, se nos rastrea, aunque no entremos formalmente en Internet a través del ordenador o smartphone. Tenemos derecho a la privacidad –artículo 18 de nuestra Constitución–, que está siendo conculcado, aunque nosotros colaboramos en ello gustosamente. Vivimos en una sociedad “smartphonecéntrica”, de ahí una nueva patología la nomofobia, la imposibilidad de vivir sin nuestro móvil.
El derecho al honor tendría que estar legislado para Internet y las redes sociales. Los internautas tendrían que responder sobre sus comentarios e igualmente establecer unos límites y normas a la publicidad como ocurre en radiotelevisión. Se debería controlar el marketing agresivo y el abuso de los datos personales obtenidos ilegalmente, los métodos de ‘spam’, la publicidad engañosa… Y los perfiles personalizados deberían estar prohibidos.
Hay que poner puertas en Internet y para eso están los Estados
La protección a los menores es crucial, y salvo declaraciones de intenciones se ha hecho muy poco. Tienen acceso a contenidos violentos, pornográficos y apuestas deportivas… Intercambian imágenes y vídeos de contenido sexual. No solo es competencia de los padres. Hay que poner puertas en Internet y para eso están los Estados. Luis Arenas en su libro “Capitalismo cansado. Tensiones (Eco) políticas del desorden global’ señala lo inquietante del uso de la pornografía en red cara a la futura socialización sexual a la que se han de enfrentar las generaciones más jóvenes, esos Pulgarcitos o Pulgarcitas que ha dibujado Michel Serres en su elogio de las generaciones digitales. Su aprendizaje sexual corre el riego de producirse a través de una descarnada y salvaje inserción sin mediaciones, que les enfrente a un espectáculo difícil de gestionar mediante unas estructuras afectivas todavía en formación; que no les permita distanciarse de lo que en un adulto cabe al menos suponer: la capacidad de diferenciar la ficción de la realidad; el mundo de la imaginación perversa del terreno de lo real.
Según un estudio de la Universidad de Middlesex, hay un alto porcentaje de jóvenes varones que creen tener derecho a sexo en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier modo y con cualquiera que lo deseen: es decir, creen tener derecho al sexo bajo el formato exacto en que se lo ofrece la pornografía digital. Los médicos y psicólogos nos avisan de que a sus consultas llegan casos de graves trastornos de control sexual por causa de la pornografía en Internet en niños de apenas doce años. En Japón, que es el segundo país consumidor de pornografía en el mundo tras los Estados Unidos, más de un tercio de los varones entre dieciséis y diecinueve años según las cifras del propio Gobierno no están interesados en el sexo o manifiestan claramente su aversión hacia él. Pero los adolescentes no solo se limitan a consumir pornografía. De hecho, con los dispositivos portátiles, no pocos se convierten en improvisados productores de imágenes sexuales. Fenómenos como el ‘sexting’, el intercambio privado de textos, imágenes y vídeos de contenido sexual por medio de los teléfonos móviles, proliferan cada vez más. Ya se conocen fechorías sexuales grabadas para ser divulgadas con auténtico fervor entre los amigos.
Por último, hay que adaptar la legislación electoral a la existencia del mundo digital. Jornadas de reflexión, limitación de campañas y propaganda electoral tal como están legisladas resultan ridículas con la irrupción de las redes sociales e Internet. Hay que proteger a los ciudadanos electores de las inmensas posibilidades de manipulación política, que se han puesto de manifiesto con Trump, con el Brexit o con Bolsonaro. Y también en España con la extrema derecha, experta en el uso de las redes sociales para sus campañas electorales y difusión de sus mensajes. Con el uso de datos personales, campañas instrumentalizadas desde plataformas digitales, la posverdad, los bots teledirigidos desde países exóticos, si no se legisla, las elecciones se convertirán solo en un espectáculo, si no lo es ya, y la democracia corre peligro de convertirse en una pura farsa.
En base a todo lo expuesto es más que necesaria una legislación estatal y global, para que la red deje de ser un mundo sin ley. Pero es una constante histórica que la sociedad va a un ritmo mucho más rápido que el mundo del derecho. Lo explica perfectamente el libro El derecho ya no es lo que era. Las transformaciones jurídicas en la globalización neoliberal, edición de José A. Estévez Araújo.