Paulo Guedes tiene un diploma de economía por la Universidad de Chicago. No se conoce ningún trabajo académico mínimamente relevante de su autoría. Fue, y eso lo llena de orgullo, funcionario de Augusto Pinochet, y cree con firmeza irreductible en el modelo económico impuesto por el más sanguinario dictador de Chile. Y también es conocido como activo especulador en el mercado financiero brasileño.
Tiene, pues, todas las credenciales para ocupar el puesto que ocupa: es el ministro de Economía del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Es de su autoría una frase disparada el pasado viernes en un encuentro con empresarios: “Brasil es un pequeño transgresor” en la preservación del medioambiente.
Ministro mentiroso
Así como su jefe, miente descaradamente y sigue impávido.
Y, una vez más, los datos indican exactamente lo contrario de lo que dice el gobierno del peor presidente de la historia de la República.
La Constitución brasileña asegura a todos “el derecho a un medioambiente ecológicamente equilibrado”. Y, atendiendo a esa demanda, en 2004 finalmente el país adoptó un Plan de Acción para Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia Legal.
Resultado: entre aquel 2004 y 2012, hubo una reducción de 83% en la deforestación en la región, atropellando intereses de invasores de tierras y de mineros y madereros al margen de la ley.
Sin tener fuerza suficiente para alterar la Constitución y las leyes de protección ambiental para atender a quienes lo respaldan en el sector del agro, Bolsonaro y su gobierno actuaron en otra dirección: arrollar el sistema brasileño del sector, poniendo en práctica una estrategia fulminante.
Primero, sofocó de manera radical los presupuestos destinados a proteger y fiscalizar el medioambiente. Luego nombró personas absolutamente ineptas para puestos clave en el sector.
Con eso empezó a impedir el trabajo de agencias de protección ambiental y la misma FUNAI, la Fundación Nacional del Indio.
Promover la desforestación
Así, desde la llegada de Bolsonaro al sillón presidencial hubo un bajón de casi el 83% en embargos de actividades de deforestación. También hubo una reducción drástica de 81% en aprehensiones realizadas por el IBAMA, el Instituto Brasileño del Medioambiente. Al menos cinco mil condenas por infracciones ambientales fueron deliberadamente olvidadas, y gracias a esa omisión del gobierno están al borde de la prescripción.
Se trata, evidentemente, de una acción tan macabra como inconstitucional, cuyo resultado es el aumento no sólo de la destrucción del medioambiente si no también de claro incentivo a la impunidad.
De esa manera se llegó a un escenario dilacerante: el año pasado, y en comparación con 2018, o sea, antes de que Bolsonaro ocupase la presidencia, se registró una elevación de 76% en la destrucción de la selva en la región amazónica.
Cuando se observa la deforestación en tierras indígenas, el aumento fue de 138% en el mismo período. Y en las unidades de conservación determinadas por legislación específica, de 130%.
Vale reiterar: eso, en los tres primeros años del actual gobierno.
Ya el índice de emisiones que provocan emergencia climática superó tres veces la meta establecida.
Ese es el país que el ministro Guedes asegura ser un “pequeño transgresor” en la protección ambiental.
¿Ahora quién podrá salvarnos?
Frente a semejante cuadro, tan desesperador como amenazador, la última esperanza es que el Supremo Tribunal Federal cumpla con su deber de hacer respetar la Constitución y ponga un freno definitivo a la obsesión de Bolsonaro con destrozar todo, absolutamente todo que fue construido a lo largo de décadas.
Ojalá actúe a tiempo, y el tiempo que nos queda es ínfimo.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/410996-brasil-clase-magistral-de-destruccion