Un mundo en función de intereses privados
El concepto de «capitalismo extremo», promovido por sectores radicales del mercado, plantea un modelo donde los territorios desregulados y la reducción del papel del Estado se presentan como panaceas para la innovación y el crecimiento económico. Sin embargo, detrás de estas propuestas se esconden dinámicas que refuerzan la concentración de poder económico y debilitan las bases democráticas.
En Crack-Up Capitalism, el historiador Quinn Slobodian analiza cómo el capitalismo global se entrelaza con ideales antidemocráticos promovidos por las élites del mercado. Estas élites, como las que respaldan al presidente Donald Trump, no buscan la eliminación de la democracia en su totalidad, sino su neutralización en áreas clave donde la voluntad popular podría interferir con los intereses del capital.
Para los liberales extremos, el verdadero problema de la democracia no es su existencia, sino su capacidad para redistribuir recursos e imponer regulaciones que afecten el libre funcionamiento del mercado. Esta visión plantea una separación entre las decisiones económicas y los procesos democráticos, creando un entorno donde las instituciones estatales quedan al servicio del mercado.
Por ejemplo, en lugar de eliminar la democracia, los radicales del mercado prefieren diseñar democracias limitadas, en las que las decisiones clave estén fuera del alcance popular. En este modelo, el aparato estatal se utiliza para garantizar la propiedad privada, proteger las corporaciones con subsidios y debilitar acuerdos internacionales que limiten la actividad empresarial, como tratados climáticos o normas de competencia global.
Los mecanismos de debilitamiento del Estado en la fragmentación del Estado es una estrategia central en este modelo. Esto incluye:
1. Desmantelamiento de la soberanía estatal: los políticos transfieren poder a actores privados o internacionales mediante tratados de libre comercio y mecanismos de arbitraje que permiten a las corporaciones demandar a los Estados.
2. Reducción de regulaciones: en nombre de la eficiencia, se eliminan protecciones laborales de consumo y ambientales.
3. Privatización de infraestructura clave: servicios básicos se transfieren al control privado, argumentando que mejorará la eficiencia.
El debilitamiento y la desconexión de las instituciones democráticas de las decisiones económicas generan varias consecuencias preocupantes:
a) Aumento de las desigualdades: el poder económico y político se concentra en una élite reducida, mientras las mayorías quedan marginadas.
b) Crisis de gobernabilidad: la fragmentación estatal limita la capacidad de los gobiernos para responder a desafíos como la desigualdad o la inestabilidad social.
c) Depresión democrática: las instituciones democráticas pierden legitimidad al no ofrecer soluciones efectivas a los problemas de la población, alimentando el desencanto ciudadano.
Para poder implementar políticas promercado son necesarias dos cosas. Tomar el Estado y desprestigiar la democracia. En nombre de la eficiencia y la austeridad, la escasez de fondos públicos se orientará a que el gobierno elimine o reduzca regulaciones que protegen a los trabajadores, al medio ambiente o a los consumidores, para satisfacer las exigencias de las élites económicas.
Se propondrán reformas fiscales que promueven recortes de impuestos para las grandes corporaciones y los más ricos, debilitando la capacidad estatal para financiar bienes públicos. Transferir infraestructura clave como carreteras, puertos o servicios básicos al control privado, argumentando mejoras a la eficiencia y la escasez de dinero público.
La fragmentación del Estado es una estrategia que depende centralmente de la colaboración de los políticos, quienes, consciente o inconscientemente, debilitan las estructuras estatales y democráticas en favor del poder del mercado.
En su papel de gestores ante las élites económicas, los políticos actúan como intermediarios que facilitan la implementación de las demandas de las élites radicales del mercado, muchas veces bajo el argumento de atraer inversiones, generar empleo, «modernizar» la economía o volver más eficiente al Estado. Muchos políticos han internalizado los principios neoliberales y ven las políticas de desregulación, privatización y fragmentación del Estado como una carretera hacia el progreso. Camino que en último medio siglo, nunca ha dado resultados.
El rediseño del mundo en función de intereses privados tiene como objetivo final no solo maximizar las ganancias, sino rediseñar el poder global de manera que los intereses privados dominen sobre los públicos. El enfoque del neoliberalismo en fragmentar el poder económico y rediseñar el mundo para los intereses de las élites constituye una de sus manifestaciones más sofisticadas y peligrosas. La fragmentación territorial y la desconexión entre la economía y la democracia no son, como vimos, fenómenos accidentales, sino el resultado deliberado de un proyecto que busca maximizar el control de las élites sobre los recursos y las decisiones globales.
La relación entre el capitalismo extremo y la democracia plantea preguntas urgentes sobre el futuro del Estado-nación y las instituciones democráticas. Si las élites económicas continúan debilitando la capacidad estatal y despojando a las mayorías de mecanismos efectivos de participación, ¿Qué tipo de sociedad estaremos construyendo?