En el acto de presentación del libro Movimiento obrero de Andalucía (Historia de Comisiones Obreras de Sevilla, 1977-2008) cuya autora es Encarna Ruiz, un camarada me pide escribir sobre la deuda pública. Va por José Luis Molano.
Los líderes de la Unión Europea (UE) han decidido gastar 0,8 billones de euros (800.000 millones) en un plan para rearmarse con la justificación de la amenaza rusa. Financiar, pagar este plan (Rearme de la UE) requerirá, entre otras medidas, emitir más deuda publica. Pero qué es la deuda pública y cómo afecta a la ciudadanía.
El Estado capitalista, en nuestro caso la Unión Europea, tiene gastos (de materiales, de personal, etcétera) que ha de pagar, financiar, normalmente con impuestos que cobra a la ciudadanía (clases sociales). En el caso de España el presupuesto público ascendió en 2023 a cerca de 0,6 billones de euros.
En determinados momentos, el gasto público puede exceder de lo normal lo cual requiere ingresos públicos extraordinarios, que no es conveniente canalizar a través de impuestos (evitar la excesiva imposición y sus problemas de legitimación). Por ejemplo, una catástrofe de grandes dimensiones (crisis financiera y del euro, o la crisis de la Covid en 2020). En lo que nos trae se trata de aumentar el gasto en defensa (gasto bélico), en las dos veces anteriores era mejorar la liquidez del sistema y afrontar la recuperación tras la pandemia.
Cabría preguntarse si el aumento del gasto bélico es una necesidad social, en este caso, más urgente que, por ejemplo, dotarse de mejores servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, cuidados a las personas) o prestaciones (pensiones, desempleo, pobreza). En un artículo anterior (¿Quo vadis Unión Europea?) razonamos que este plan respondía a la necesidad del capital europeo de sobreponerse a su decadencia geopolítica sobre la base del expansionismo exterior y del incremento de la explotación en el interior.
Dejando a un lado ese importante asunto, para abordar el gasto público incrementado se acude a la deuda pública. Por tanto, la deuda pública es una forma de financiar los gastos del Estado.
En este punto puede resultar interesante observar cómo la sociedad, lejos de confiar en las fuerzas del mercado y en la iniciativa privada, delega en el Estado este tipo de asuntos. Aquí los liberales, libertarios o «enemigos» de la iniciativa pública, no suelen sacar pecho para solicitar que sean los individuos o las empresas, el sector privado, los que se encarguen del asunto.
Una diferencia respecto de los impuestos es que la deuda pública es voluntaria (en lo inmediato), o sea la suscribe el que quiere. Para ello, el estado, o la institución pública que sea (la UE, por ejemplo) emite títulos, que representan una parte del gasto necesario, que venden a cambio de una promesa de devolución con un rendimiento (intereses de la deuda pública). Con la venta el Estado obtiene el dinero. Observemos, por tanto, que la voluntariedad del que suscribe (principalmente la clase capitalista) tiene la contrapartida de la obligatoriedad de pagarla por el Estado (financiado principalmente por la clase obrera).
El suscriptor de los títulos no es que sea un patriota dispuesto a sacrificar parte de su patrimonio para defender el interés general, además y sobre todo espera ganar dinero con esta inversión en títulos de deuda pública. Otra ventaja es que, a diferencia de otras inversiones financieras, la deuda pública está respaldada por el Estado, la única institución que no quiebra. Es decir, es una inversión financiera segura.
Así, por ejemplo, si el Estado necesita 1.000 puede emitir 100 títulos cada uno a 10 euros con lo que, cuando los venda (colocación de la deuda pública) reunirá el dinero suficiente para afrontar el gasto que motivó la emisión de los títulos de deuda pública. A cambio, y durante un número de años según el título, deberá devolver los mil euros más el rendimiento (interés), que puede variar según el plazo. Actualmente el porcentaje de este interés ronda el 3 por ciento.
Hay diversos tipos de títulos según el plazo, en el caso de España tenemos: los de corto plazo (máximo un año, letras del tesoro), los de medio plazo (unos 5 años, bonos del Estado) y los de largo plazo que llegan a 30 años son las obligaciones del Estado. A finales de 2023, la deuda pública española rondaba 1,6 billones de euros (en torno al 110% del producto interior bruto).
Como se ve, tarde o temprano, el Estado ha de devolver la deuda pública emitida (amortización de la deuda) más sus intereses (gasto financiero de la deuda o servicio de la deuda), lo que totaliza la carga de la deuda pública. Año tras año, el Estado va dedicando una parte del presupuesto público a pagar esta carga, una partida de los presupuestos generales del Estado (no incluye sociedades como RTVE ni otras administraciones públicas como comunidades autónomas). En España en el año 2023 se dedicaron 128.800 millones de euros al pago de la deuda, de los que 97.500 millones fueron amortización y 31.300 millones de euros se destinaron a intereses (las prestaciones por desempleo ascendieron en ese año a 21.300 millones de euros).
El pago de la carga de la deuda pública se puede abordar con impuestos. También puede recurrirse a nueva deuda para pagar la deuda anterior, es la refinanciación de la deuda. Otra opción es emitir dinero, lo cual genera tensiones inflacionarias que reducen el poder adquisitivo de las rentas.
De esta forma una parte de los impuestos se destina a pagarles a aquellos que prestaron al Estado (clase capitalista). Por tanto, el resto de gastos se ven afectados negativamente porque no crecen lo que podrían crecer e incluso porque disminuyen (sacrificios). En nuestro caso, para aumentar el gasto bélico habrá que contener o disminuir los gastos sociales. En 2023 los presupuestos generales reservaban 12.800 millones de euros a defensa, aunque otras fuentes llegan a duplicarlo; solo la Intervención General de la Administración del Estado contabilizaba15.250 millones ese mismo año.
El gasto bélico beneficia a sus receptores, que son las industrias bélicas propiedad de los grandes capitales. Si además, estos bienes no se producen en Europa (o España) o por los capitales del territorio (europeos o españoles), todo el importe se irá fuera. Encima, si tampoco somos proveedores de esos capitales, entonces el beneficio inducido será nulo (vamos de auténtico primo). En el caso de las armas, hay que decir que como solo son medio de producción de la guerra o actividad bélica, pues corren el riesgo de morirse de risa sin reportar ninguna “utilidad”; caso distinto si ese dinero se invirtiera en tractores, camiones o infraestructuras, que sí revertirían en cuanto inversiones, por no hablar de los beneficios del gasto social. Casi 9.000 millones de euros se reservaron, en 2023, en el presupuesto de defensa para programas especiales de modernizacion y armamento en España.
Por ejemplo, de un presupuesto publico de 1000 si se destina el 10 por ciento a las armas (100), dejarán de ir a servicios públicos; además, otro 10 por ciento irá a pagar el nominal de la deuda publica (100) y otra partida para pagar su rendimiento, pongamos el 3 por ciento (3). Así, de un presupuesto de 1000, 100 irán a armas y 103 a deuda pública.
Por último, hemos de ponderar el efecto redistributivo de este proceso: la deuda pública es una inversión segura para la clase capitalista; el gasto en armas es mayoritariamente una compra a las empresas capitalistas, que pretende defender las propiedades principalmente en manos de los capitalistas; el incremento del gasto bélico se detraerá del gasto social perjudicando a la clase obrera, la principal usuaria (servicios públicos) y destinataria (prestaciones públicas); la devolución de la deuda más sus intereses cuya destinataria es la clase capitalista será afrontada por impuestos pagados principalmente por la clase obrera o mediante emisión monetaria generadora de inflación que castiga sobre todo el poder adquisitivo de la clase obrera.
En fin, una jugada maestra de nuestras élites, gestoras y protectoras del capital europeo, la de endosar sacrificios a la clase obrera (menos servicios y prestaciones públicas, pero más impuestos o inflación) poniendo el Estado al servicio de la defensa de los intereses de la clase capitalista (armas para defender su propiedad y rendimientos para engordar sus bolsillos). Por eso, hoy por hoy, la defensa de los intereses de la población europea (mayoritariamente asalariada) pasa, entre otras cuestiones, por oponerse al esfuerzo bélico y defender la paz.
Pedro Andrés González Ruiz, autor del blog Criticonomia
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