La política arancelaria de Donald Trump ha sembrado el caos en los mercados, tanto entre sus aliados como entre sus enemigos. Esta anarquía refleja que su objetivo principal no era realmente la política de aranceles, sino recortar los impuestos sobre la renta de los ricos, reemplazándolos por aranceles como fuente principal de ingresos para el Gobierno. Sacar concesiones económicas a otros países forma parte de la justificación que da para este cambio fiscal, presentándolo como un beneficio nacionalista para Estados Unidos.
Su excusa —y quizá hasta se lo cree— es que los aranceles por sí solos pueden revivir la industria estadounidense. Pero no tiene ningún plan para abordar los problemas que causaron la desindustrialización del país en primer lugar. No hay ni un ápice de reconocimiento de lo que hizo exitoso al programa industrial original de EE. UU. (y al de muchos otros países): inversión pública en infraestructura, un crecimiento sostenido en la inversión privada y en los salarios, protegidos por aranceles, y una regulación estatal firme. La política de Trump va justo en la dirección contraria: achicar el Estado, debilitar las regulaciones y vender la infraestructura pública para ayudar a financiar los recortes de impuestos para su clase donante.