La neblina estratégica es una buena solución para los distraídos (El Tábano Economista)
Aranceles, deportaciones, anexiones territoriales, control de minerales y energía, intimidación a otros países, apuesta por los combustibles fósiles e incorporación de billonarios al Gobierno, nada de lo que hace Donald Trump, como representante de la élite de poder, es casual. Tampoco lo es el accionar del sistema corporativo del que forma parte, con una estrategia global que va mucho más allá de sus exabruptos.
No se pueden entender los aranceles de Trump sin analizar la lucha de las grandes corporaciones estadounidenses por el control de recursos minerales, energía y rutas estratégicas. El mapa del poder norteamericano no se sostiene sin enclaves como Groenlandia, el Canal de Panamá, Ucrania o la República Democrática del Congo. No es casual que China controle el 60% de las reservas mundiales de tierras raras y el 85% de su procesamiento. Ese dato, por sí solo, explica buena parte del tablero geoeconómico.
Estados Unidos ha dejado en claro que su objetivo no es solo asistir a Ucrania militarmente, sino cobrar lo más posible por esa ayuda, y pronto. La única forma de pago aceptada es la cesión de sus recursos minerales: litio, titanio, grafito, oro, zinc, plomo, níquel y tierras raras. A eso se suman uno de los suelos más fértiles de Europa y reservas de carbón, que —aunque no son objetivo directo de Washington— sí están en la mira de la Unión Europea, en plena disputa imperial por el control del territorio ucraniano.
El modelo es claro: recursos a cambio de supervivencia política. Lo mismo se vio en África. El presidente del Congo, Félix Tshisekedi, ofreció a EE.UU. acceso a minerales clave para la industria tecnológica a cambio de un “pacto formal de seguridad”. Un trueque de permanencia en el poder. Mientras tanto, el grupo M23 —apoyado por Ruanda— controla zonas ricas en oro, cobalto y tantalio del norte del Congo. El ofrecimiento a Trump es una invitación a aplastar a M23 a cambio de minerales esenciales para Apple, HP o Intel, o para el mejor postor.
Nada muy distinto a lo que ocurre en Argentina, donde los recursos naturales también se entregan para sostener un modelo de dependencia, ahora bajo el mando de Javier Milei. La lógica se repite, bajo el disfraz de acuerdos bilaterales, se consolida una transferencia estructural de soberanía.
El acuerdo firmado el 30 de abril entre EE.UU. y Ucrania, vendido como un pacto para la reconstrucción, es en realidad un affaire corporativo con cláusulas blindadas a 20 años. A cambio de “beneficios y regalías mutuas”, Ucrania cede derechos sobre sus recursos naturales, mientras empresas estadounidenses aseguran ganancias en dólares, con rendiciones de cuenta tan difusas como la niebla que cubre Kiev.
Aunque los medios lo presentan como una alianza estratégica, el documento dista de ser un tratado internacional. Fue formalizado como memorándum de entendimiento, evitando así que requiera aprobación de la Rada ucraniana (Parlamento). Un atajo legal para eludir cualquier debate interno.
Según Financial Times, la viceprimera ministra ucraniana Yulia Svyrydenko fue presionada en pleno vuelo hacia Washington que la convino a estar lista para firmar todos los acuerdos o regresar a casa«. Esa “diplomacia” del Departamento del Tesoro pinta de cuerpo entero el margen de maniobra que tuvo Ucrania: piedra, papel o tijera.
Los objetivos reales son los recursos, control y exclusión de competidores, es decir Estados Unidos consigue varias cosas a la vez:
– Acceso a tierras raras (el segundo mayor depósito de Europa).
– Sustitución del combustible nuclear ruso por tecnología de Westinghouse.
– Exclusión de empresas chinas, como China Rare Earth Group, de los yacimientos clave.
– Consolidación del dominio empresarial con contratos blindados hasta 2040.
Y todo esto sin ofrecer garantías de seguridad explícitas. Ucrania deberá cumplir el acuerdo, haya o no acuerdo de paz con Rusia.
El producto central de este acuerdo es el llamado Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Ucrania (FIR). Una sociedad entre la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE.UU. y la Agencia de Apoyo a Asociaciones Público-Privadas de Ucrania. El capital inicial: U$S 5.000 millones (50% EE.UU., 50% Ucrania + UE).
EE.UU. aporta:
– U$S 1.700 millones del presupuesto de ayuda a Ucrania (2024-2025).
– U$S 800 millones del DFC, destinados a préstamos para empresas estadounidenses que operen en Ucrania.
Ucrania aporta:
– U$S 900 millones por privatización de activos estatales.
– U$S 600 millones por emisión de “Recovery Bonds 2030”.
– U$S 1.000 millones de la UE.
La Junta Directiva estará compuesta por 3 representantes de cada país. Los estadounidenses provienen del Departamento de Estado, de Comercio y del sector privado. El elegido del sector empresarial: James Litinsky, CEO de MP Materials, empresa que ya obtuvo derechos exclusivos para explotar el 20% de las reservas de tierras raras de Zhytomyr sin licitación pública, con inmunidad regulatoria hasta 2040 es el que debería genera conflicto de intereses.
Aunque el acuerdo reafirma que los recursos siguen siendo «propiedad soberana» de Ucrania, se establecen mecanismos para la explotación y comercialización controlados por empresas estadounidenses. Varias estatales funcionan como fachada del negocio: UkrRudProm (minería), Naftogaz (gas), VostGOK (uranio) y Energoatom (nuclear).
Un caso emblemático es United Mining and Chemical Company (UMCC), la empresa minera más importantes de Ucrania, especializada en la extracción y procesamiento de minerales estratégicos, principalmente titanio y circonio, esenciales para industrias de alta tecnología y defensa, privatizada parcialmente desde 2023. Hoy el 49% está en manos de fondos como Blackrock, Vanguard, State Street y Hancock Prospecting. Su producto estrella: titanio para Boeing y Airbus.
El 22 de junio de 2023 entró en vigor una nueva ley Nº 3137-IX que permite la privatización a gran escala, exhibiendo las urgentes necesidades económicas de Ucrania. La guerra ha afectado las finanzas públicas (casi la mitad del presupuesto de 2024 se financió con ayuda extranjera) y ha dejado a muchas empresas estatales con un bajo rendimiento. La privatización se considera una forma de aumentar los ingresos presupuestarios y reducir el gasto fiscal en empresas estatales deficitarias.
El impulso simultáneo a la privatización de activos estatales y la firma del acuerdo sobre minerales entre Estados Unidos y Ucrania son iniciativas que se refuerzan mutuamente. Cada una influye en la otra en términos de cambios regulatorios, dinámicas de inversión y gestión de recursos estratégicos. Comprar empresas estatales durante la guerra, es un gran negocio por la incertidumbre que hunde valor.
Los beneficios de estas empresas tendrán exenciones fiscales y arancelarias. Ni Ucrania ni EE.UU. cobrarán impuestos por esas ganancias. Se establece, formalmente, que los beneficios serán reinvertidos en Ucrania. Sin embargo, se garantiza también la convertibilidad libre del grivna a dólares, lo que levanta sospechas sobre la verdadera dirección de esos flujos.
La convertibilidad busca facilitar la repatriación de utilidades y protegerse de la devaluación del grivna. Además, permite cubrir deudas emitidas en dólares, como los bonos corporativos de MP Materials.
También se justifica por la necesidad de importar bienes esenciales para la reconstrucción: tecnología nuclear, maquinaria, repuestos, equipamiento. Todo eso se paga en dólares o euros. Pero el punto central es otro. Las corporaciones necesitan ganancias en moneda dura para satisfacer a sus accionistas globales.
Lejos de reconstruir a Ucrania, este acuerdo la convierte en una plataforma de negocios para las corporaciones estadounidenses, donde la soberanía se hipoteca en nombre de la inversión. La letra chica revela, en realidad, el guion mayor del poder, un modelo extractivo, blindado jurídicamente, legitimado por la narrativa de la ayuda y ejecutado bajo presión diplomática. La niebla no está en Kiev, está en los ojos de quienes aún creen que esto se trata de solidaridad internacional.