En este artículo el autor sostiene que el entramado criminal puesto al descubierto por la Operación Carbono Oculto deja en evidencia la profundidad con la que el crimen organizado ha penetrado el funcionamiento de la economía brasileña, para lo que contaba con el apoyo político solidario del bolsonarismo y las Big Techs norteamericanas.
Concluye el autor que la única forma de evitar esas situaciones, entre otras cosas, pasa por asumir un control estratégico de la comunicación digital que garantice la soberanía digital nacional.
Con el arranque de la llamada Operación Carbono Oculto, deflagrada por la Policía Federal brasileña, se hizo aún más evidente que el Estado brasileño necesita tener sus propias plataformas y redes de comunicación digital, para que pueda ejercer su soberanía nacional, como le corresponde a un país verdaderamente independiente.
Las acciones de las agencias federales de inteligencia previas a la mencionada operación revelaron una realidad aún más aterradora que la imaginada por la mente de los analistas más realistas. Lo que salió a la luz fue un esquema espantoso que involucraba a la «crema» de nuestras élites financieras, las principales organizaciones criminales del país, varios políticos bolsonaristas y, sin ningún espasmo, a los grandes oligopolios multinacionales que controlan la comunicación digital en casi todo el mundo, las llamadas Big Techs.
Lo que ahora está claro para todos es que el crimen organizado ha penetrado profundamente en actividades de gran relevancia para el funcionamiento de nuestra economía. Tanto es así que, por ejemplo, la distribución de combustibles a lo largo y ancho de Brasil ha sido hegemonizada por el principal grupo criminal que opera en el país. Tampoco hay duda de que una buena parte de nuestra «élite» financiera actúa en completa armonía con los grupos criminales. Además, el apoyo político solidario del bolsonarismo es esencial para posibilitar el avance de este esquema criminal. Pero, es importante enfatizarlo, esta colusión de malhechores no podría sostenerse sin la presencia activa de otro factor: el predominio absoluto de las Big Techs gringas en el campo de la comunicación.
Sin embargo, entre los diversos agentes mencionados anteriormente, los que probablemente desempeñan el papel más decisivo, y en consecuencia, el más nefasto, son los megaconglomerados que dominan las redes digitales. Son ellos quienes interconectan, coordinan y hacen posible el funcionamiento de este enorme complejo al servicio de la criminalidad, en beneficio exclusivo de las clases dominantes. Al ejercer un control casi total de las plataformas de red, los oligopolios de la comunicación pueden actuar para allanar el camino tanto para la consumación de delitos, como para bloquear las medidas que pretendan cohibirlos.
Para ilustrar uno de los casos recientes en los que esta amplia hegemonía se puso flagrantemente al servicio de intereses directamente contrarios a los de nuestro pueblo, podemos citar la ola de rumores relacionados con la ingeniosa modalidad brasileña de pagos por vía digital que está amenazando la supremacía de las tarjetas de crédito gringas, el pix. Cuando, en enero pasado, las autoridades financieras federales anunciaron que tomarían medidas para combatir las prácticas delictivas que se estaban detectando mediante el uso del pix, un conocido diputado bolsonarista puso en marcha en las redes sociales una violenta campaña contra el presidente Lula, con la acusación de que su gobierno planeaba gravar todas las operaciones realizadas a través de este innovador medio de pagos.
No obstante, con los datos revelados en los últimos días, hemos visto que el principal blanco de las medidas era la facción más grande del crimen organizado en Brasil, el PCC. Empero, debido a la campaña de desinformación lanzada por el citado congresista bolsonarista, se creó un clima de fuerte animadversión en buena parte de nuestra población. Como resultado, el gobierno se sintió obligado a dar marcha atrás en sus medidas. De esta manera, gracias a este trabajo disruptivo, las actividades criminales del PCC pudieron seguir adelante sin sufrir ninguna sanción.
¿Habría actuado deliberadamente el mencionado diputado bolsonarista con vistas a favorecer las actividades del PCC, y evitar que los responsables fueran castigados? ¡Bueno!, aunque toda la evidencia disponible nos lleva a responder afirmativamente a esta pregunta, todavía hay personas que se niegan a adherirse a esta conclusión.
Pero, el gran problema no deriva del hecho de que un diputado bolsonarista, notoriamente conocido por sus escasos recursos intelectuales y culturales, haya expresado una opinión difamatoria y mentirosa en las redes, por muy estúpida o maliciosa que haya sido. Lo grave del caso es que el mensaje con absurdas tergiversaciones y falsificaciones se haya difundido a cerca de 250 millones de destinatarios a través de las redes digitales. Sí, ¡por asombroso que parezca!, el mensaje que pretendía impedir que se llevaran a cabo las medidas destinadas a poner fin a las operaciones financieras criminales del PCC llegó a un número mayor de personas que el de toda la población de nuestro país. ¿Cómo fue posible que tal cosa sucediera?
De hecho, el tremendo alcance obtenido por la campaña alarmista y mentirosa impulsada por el parlamentario de extrema derecha se debió a la plena confluencia de intereses que motivaron a todas las partes interesadas en que los delincuentes no sufrieran restricciones en sus acciones. Por lo tanto, el crimen organizado estaba dispuesto a invertir grandes sumas de dinero para pagar todos los millones de disparos que eran necesarios para que el mensaje llegara a toda nuestra población, mientras que las Big Techs recurrieron a los algoritmos bajo su control para asegurarse de que nadie dejara de recibirlo, y de la manera cómo debería recibirlo. A su vez, obviamente, al bolsonarismo le cupo hacer la costura política del plan.
Teniendo en cuenta que el respaldo político es un elemento fundamental para que una sociedad sea vulnerable a los designios de quienes comandan las actividades expoliadoras del crimen organizado; y que, en la actualidad, la formatación del pensamiento político de la población se da, en gran medida, a través de las redes de comunicación digitales, es imperativo que nuestros países empiecen a ejercer su soberanía nacional también en relación a esto.
Es muy importante comprender debidamente este punto. No estamos proponiendo que los conglomerados estadounidenses que actualmente controlan las principales plataformas de redes sean removidos para que el espacio vacante vuelva a ser ocupado por los grandes oligopolios mediáticos de antes (las grandes redes privadas de TV, radio y periódicos). Nuestro propósito es luchar para que el Estado se dedique a crear y expandir sus propias plataformas, bajo reglas soberanas, nacionales y democráticas, que ofrezcan condiciones para que las mayorías populares puedan expresarse de acuerdo a sus necesidades reales, sin estar subordinadas a manipulaciones de algoritmos que, de la manera como son usados ahora, sirven para eternizar la sumisión de las mayorías a los intereses de los grupos privilegiados.
Traducido del portugués para Rebelión por el propio autor.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.