Tras una década de sanciones económicas contra Venezuela, los ataques militares de Estados Unidos en realidad no tienen como objetivo detener el tráfico de drogas.
En las instalaciones militares de Venezuela, hombres y mujeres de todas las edades y con distintas condiciones físicas apuntan y disparan en busca de la precisión, cruzan ríos agarrados a una soga, se ocultan entre montículos o trepan a los árboles para ver qué les depara el horizonte. Son más de 8 millones de venezolanos, sin experiencia militar, que decidieron alistarse en la milicia por si Trump decide atacar a su país.
A finales de agosto, el gobierno de Estados Unidos ordenó un incremento de sus fuerzas militares en el Caribe. El despliegue incluyó una flota compuesta por destructores de misiles guiados, buques anfibios, un submarino nuclear y más de 4.500 infantes de marina, además de cazas furtivos F-35 estacionados en Puerto Rico. A este contingente anunciaron que se sumará “próximamente” un portaaviones con otro grupo de destructores. Pasados tres meses de crecientes tensiones, ¿cuál es la realidad en el terreno y qué le espera a Venezuela?
Escalada y narrativa
De acuerdo con Washington, se trata de una “misión oficial para luchar contra el narcotráfico”, algo que incluye supuestos cárteles vinculados al gobierno venezolano. Sin embargo, expertos en distintos medios de comunicación aseguran que este despliegue, el más grande en la región en más de medio siglo, pretende desestabilizar y eventualmente derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos ha reportado el ataque a quince embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico oriental, matando a 64 tripulantes, cuyos nombres y nacionalidades se desconocen, pero a quienes ha acusado, sin pruebas, de ser narcotraficantes.
Además de estos ataques letales, catalogados por el embajador permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, como ejecuciones extrajudiciales, se han registrado provocaciones con aviones de guerra norteamericanos entrando en el espacio aéreo venezolano.
Estos episodios han hecho que la opinión pública nacional e internacional se pregunte si se aproxima o no una intervención militar. Durante la primera administración de Donald Trump, el mandatario aseguró que “todas las opciones estaban sobre la mesa”. Ahora, cuestionado sobre si busca el “cambio de régimen”, ha dicho: “Ya veremos qué pasa”.
Sus declaraciones son ambiguas pero en el terreno de lo fáctico el escenario del año 2019, cuando el diputado opositor Juan Guaidó se autojuramentó como “presidente encargado” de Venezuela obteniendo el reconocimiento de 60 países, y el actual, poseen grandes diferencias. Ya la oposición no tiene un “gobierno paralelo” y Trump asegura no saber quién es María Corina Machado.
“A partir de 2019 vimos una ofensiva mucho más diplomática y mediática. Todos los medios internacionales hablaron de Venezuela diariamente durante dos años”, dijo a Truthdig Ociel Alí López, sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. “Ahora no es el caso. Hoy Venezuela no tiene ese protagonismo, pero ahora sí hay una amenaza militar cercana, un teatro de operaciones en marcha”.
Como guinda para el pastel, Trump dijo que Estados Unidos está evaluando posibles “ataques contra objetivos terrestres” en territorio venezolano. Además, lo hizo en medio de una comparecencia en la que confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.
El analista destacó también los cambios en la región, con gobiernos actuales en Colombia y Brasil que no apoyan un ataque militar contra Venezuela, y el hecho de que se mantienen ciertos vínculos comerciales con Estados Unidos con la licencia de la empresa Chevron para extraer y exportar petróleo de Venezuela.
“La gente en Venezuela también parece menos interesada en el tema. No veo que haya tanto miedo ni personas yéndose del país. En 2019 lo que iba a ocurrir parecía más inminente y al final no ocurrió; ya algunos no lo ven factible”, concluyó.
En resumen, Estados Unidos ha incrementado la amenaza directa aunque no cuente con una fuerza opositora visible y organizada. De hecho, el candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, se encuentra exiliado en España y María Corina está “en la clandestinidad”. En el último llamado a la calle de esta oposición, el 9 de enero del 2025, no aglutinó la cantidad de gente que esperaban y desde entonces no existe ninguna manifestación activa.
Hoy un eventual ataque traería a Trump un costo diplomático y también un costo interno dentro de su propia base de apoyo.. Pero predecir las intenciones del presidente estadounidense es un ejercicio fútil.
Argumentos falaces
El Ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, señaló que, según estimaciones basadas en reportes presupuestarios de interdicción del Departamento de Defensa y la Guardia Costera de EE.UU., el despliegue militar podría costar de 10 a 15 millones de dólares diarios.
¿Todo esto para hundir lanchas en el mar? Pero su objetivo es crear una narrativa con un enemigo que solo puede ser detenido con ataques de esta índole. Ese mismo discurso se extiende al plano interno también para justificar la persecución de migrantes.
La Casa Blanca ha creado la tesis de que el crecimiento de sobredosis en el país representa un “ataque armado” por parte de los carteles, apuntando el dedo a Venezuela, para así justificar el uso de la fuerza letal. El problema es que los datos existentes contradicen la tesis de que Venezuela representa una amenaza “narcoterrorista”.
Las sobredosis en Estados Unidos, que no ha disminuido después de la declaratoria de “guerra contra las drogas” de Trump, se debe sobre todo al consumo de fentanilo, que proviene de México con precursores de China. Y en lo que toca a la cocaína, Venezuela no es un país productor y su rol en el flujo es muy reducido.
“Las cifras que entregan las Naciones Unidas, la misma Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), los estudios entre comillas independientes dentro de Estados Unidos, dicen que entre 80 y 90 % de la cocaína que llega al país viene por el Pacífico”, aseguró a Truthdig María Fernanda Barreto, analista política colombo-venezolana.
Los Informes Anuales de Drogas de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) desde 1999 hasta 2025 fueron examinados por el gobierno venezolano y durante estos 27 años seguidos Venezuela no aparece como un país de relevancia en materia de drogas ilícitas, de estupefacientes ni de narcóticos.
La propia DEA ni menciona a Venezuela en su informe anual de 2024. A lo largo de los años, la ruta por el este del mar Caribe ha representado entre el 5 y el 10% del flujo de cocaína hacia Estados Unidos.
Al respecto, Pino Arlacchi, exsecretario general de la UNODC, dijo abiertamente que la campaña de Estados Unidos tiene como objetivo apoderarse de las reservas petroleras venezolanas, las mayores del mundo.
Sobre el tablero también están otras preguntas: ¿por qué, según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el desempeño antidroga de Venezuela mejoró tras la expulsión de la DEA en 2005? ¿Por qué la mayoría de la droga fluye por países aliados de Washington y con fuerte presencia de agencias estadounidenses? ¿Quién se queda con la mayor parte de las ganancias por el tráfico de narcóticos?
“Estados Unidos, específicamente la DEA y la CIA, es quien administra el negocio del narcotráfico en América”, aseguró Barreto. “Son sus centros económicos, sus bancos, quienes además lavan los capitales. Ese lavado de capitales es una de sus principales herramientas para sobrevivir a las crisis económicas cíclicas propias de su sistema”.
En efecto, bancos como HSBC, Wells Fargo y TD Bank recibieron multas históricas por su vinculación con el lavado de capitales provenientes del narcotráfico.
Hablan las calles
Mientras tanto, en las calles de Venezuela se respiran dos climas: uno de tensión y miedo versus otro de desconocimiento e incredulidad. Pero ambos sectores celebraron la beatificación de los ahora santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles y planean las fiestas decembrinas.
Especular sobre las intenciones y los próximos pasos de la administración Trump no lleva muy lejos. Así que en las calles reinan temas más cotidianos. Por ejemplo: ¿cuánto costará preparar el plato típico navideño en un contexto de devaluación cambiaria diaria junto a un marcador paralelo casi 50% más alto?
Mientras la presión militar es un fenómeno nuevo, Venezuela ha sufrido ataques económicos incesantes en los últimos 10 años, con sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos hacia varios sectores económicos especialmente la industria petrolera.
En 2021, la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, advirtió que, debido a las sanciones, la disponibilidad de alimentos disminuyó en un 73%, 180.000 cirugías no pudieron realizarse por falta de antibióticos o anestesia; 2,6 millones de niños fueron privados de vacunas contra la meningitis, el rotavirus, la malaria, el sarampión, la fiebre amarilla y la influenza mientras que 80.000 pacientes de VIH/SIDA tuvieron que suspender su tratamiento.
Actualmente, Venezuela produce el 97% de los alimentos que consume y la fabricación nacional de medicamentos alcanza el 80%. Hay disponibilidad pero no los suficientes recursos económicos. De hecho, una buena parte de los venezolanos tiene varios trabajos para cubrir sus gastos básicos.
En este contexto, el gobierno venezolano ha tenido que manejar equilibrios difíciles, adoptando una visión más liberal en su intento de estabilizar la economía.
Desde octubre del año pasado, el Banco Central de Venezuela (BCV) viene devaluando progresivamente la moneda nacional. La tasa de cambio entre el dólar y el bolívar creció de 1:40 a más de 1:200 en estos 12 meses.
La presión cambiaria se debe también a una nueva licencia emitida de forma privada a Chevron a finales de julio, que permite a la empresa operar en Venezuela pero limita los pagos en divisas. En este sentido, el BCV ha otorgado a través de las mesas cambiarias una cantidad de divisas 32,26% por debajo del monto correspondiente el año pasado.
Según López, la amenaza militar ha exigido al gobierno destinar recursos a la defensa, reduciendo el aporte de divisas al resto de la economía. “El diferencial entre la tasa oficial y la paralela es casi del 50%. Eso está teniendo un efecto tremendo en los precios, sobre todo en los alimentos”, agregó.
Entre agosto y septiembre, el precio de la carne de primera en los mercados de Caracas saltó de $9,80 a $12,5 por kilo, un alza de 27,5 %. Hoy supera los $15. A esta dinámica se suma el ajuste en el transporte público, que tras permanecer congelado desde abril, subió 60% en moneda local.
En cambio, economistas como Tony Boza tienen una lectura distinta. Para el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, la economía venezolana sufre las consecuencias de la dolarización y de una visión monetarista de los decisores. Aunque reconoce que las sanciones estadounidenses han golpeado la industria petrolera y aislado al país, defiende que la política actual prioriza el control de la inflación sobre el bienestar de la mayoría.
“Según cifras de algunos analistas privados, porque el BCV no lo publica, el tamaño de nuestra economía actual está alrededor de los 140.000 millones de dólares pero la liquidez actual no llega al 3%”, detalló Boza a Truthdig. “En el peor momento, que fue en 1950, circulaba una liquidez que equivalía al 10% del PIB”.
Según el economista, la obsesión por reducir la liquidez para que no genere inflación se traduce en los bajos salarios y pensiones que reinan en el país. El salario mínimo mensual en Venezuela es menor a 1 dólar, y la mayor parte del ingreso se percibe a través de bonos. Desde el 1 de mayo, por decreto del gobierno, los funcionarios públicos reciben 160 dólares mensuales provenientes mayormente del denominado “Bono de guerra económica”.
Además, Boza señala que la entrega de divisas por parte del BCV es un mecanismo poco transparente. “No sabemos si se están entregando los dólares a empresarios que traen insumos para su producción o a empresas de maletín que especulan y generan la brecha cambiaria”, explicó.
El diputado del estado Zulia argumentó que el Estado venezolano “se desentendió” de temas fundamentales como la distribución de la riqueza.
“Se dejó de publicar el coeficiente de Gini porque el salario es el pivote de la distribución de la riqueza y tiene impacto, no solamente en la administración pública, sino también en la privada”, resaltó.
A su juicio, en términos económicos, y en este contexto de creciente presión externa, el país vive un “sálvese quien pueda” que el gobierno debe rectificar.
La respuesta oficial y popular a los ataques estadounidenses
El gobierno, en efecto, ha priorizado el crecimiento económico en su discurso, buscando presentar una imagen de estabilidad propicia a la inversión extranjera. Pero el tema principal en las últimas semanas ha sido la defensa de la soberanía frente a las amenazas crecientes.
En consonancia con esto, el 29 de septiembre se decretó un estado de conmoción externa que se activaría ante cualquier agresión contra el país y otorgaría poderes extraordinarios para la administración y la defensa nacional durante 90 días prorrogables.
La medida fue acompañada por grandes ejercicios militares en La Orchila con la participación de miles de soldados y milicianos, desplegados en maniobras conjuntas, navales y aéreas. Recientemente, Maduro resaltó el poderío del arsenal venezolano de Igla-S, un sistema portátil de defensa antiaérea diseñado por Rusia para derribar aviones, helicópteros y drones a baja altitud.
En simultáneo, Caracas ha acudido a la diplomacia, convocando una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En las últimas semanas, países como Rusia y China, así como organizaciones multilaterales como el Movimiento de Países No Alineados, han condenado las amenazas de Estados Unidos contra la nación caribeña.
A nivel interno, el gobierno de Maduro también ha apostado por una campaña de movilización y asegura que un total de 8.200.000 venezolanos participaron en las dos primeras jornadas de alistamiento militar en la Milicia Bolivariana, un cuerpo voluntario complementario a las fuerzas armadas convencionales.
Anaís Márquez, vocera de la Comuna 5 de Marzo Comandante Eterno en Caracas e integrante de la Dirección Nacional de la Unión Comunera, afirmó a Truthdig que las bases organizadas, incluyendo a milicianos y comuneros, están al pie del cañón.
“Acudimos al llamado que nos hizo el presidente, nos alistamos y nos estamos preparando tanto física como psicológicamente”, explicó. “Este nuevo tipo de episodio de guerra contra Venezuela ha sido una novedad y no podemos negar que nos tiene nerviosos, pero confiamos en un gobierno que ha sabido ser estratega y dar la cara”.
Al respecto, Márquez detalla que todos los sábados se llevan adelante las “preparaciones físicas” en Fuerte Tiuna, una de las instalaciones militares más conocidas de Caracas. “Estos ejercicios están dirigidos a todos los que quieran participar pero asisten los que más tienen conciencia de lo que está ocurriendo. Mientras que la preparación psicológica se enfoca en talleres para desmontar las falsas noticias que se generan especialmente en las redes”.
A su juicio, “si llegasen a tomar a Venezuela por tierra”, el pueblo organizado se desplegaría como la última fuerza. “Preparados no estamos, pero andamos en eso”. En este sentido, Márquez rechaza que Trump y algunos medios hayan optado por burlarse del pueblo venezolano, especialmente de las comuneras y milicianas.
“Es normal que en ese contexto capitalista y patriarcal se busque desprestigiar la conciencia que tenemos para defender a nuestra patria”, declaró. El poder popular en Venezuela ha reivindicado el proyecto y el horizonte socialista en contextos adversos, y Márquez cree que la coyuntura actual no será excepción. “La respuesta, frente a las amenazas y las burlas, será seguir organizándonos”.
La activista de base aseveró que la mayoría del pueblo venezolano “apuesta a que nuestro país siga siendo un territorio de paz, donde se trabaja para lograr sueños”, y que solo la oposición aboga por una intervención militar.
En efecto, encuestadoras como Datanálisis, arrojan que, aunque un sector de la población venezolana quiere un cambio político, sólo 3% apoyaría una intervención militar extranjera.
Las próximas semanas serán decisivas para el resultado de los ataques de Estados Unidos.
Las intenciones de Trump, construidas en base a una narrativa infundada, son todo menos claras, y habrá que ver hasta dónde llega la influencia de neocons como Marco Rubio. Mientras, del otro lado, el gobierno venezolano tiene el reto de mantener el país tan estable como preparado. Por eso, a la desventaja militar intenta responder con la unidad y movilización del pueblo organizado.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.