Hace más o menos cuatro años por estas fechas, quizá más a finales del año, en las Navidades de 2021, hablábamos varios periodistas con el entonces jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sobre la situación que se vivía en Europa con la acumulación de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania.
Eran semanas en las que los servicios de información británicos y estadounidenses aseguraban que la invasión era inminente, cosa que muchos no terminábamos de creer por las consecuencias que tendría y porque los que lanzaban la advertencia eran los mismos que urdieron las mentiras de las armas de destrucción masiva en Irak.
Recuerdo aquellos días previos a la invasión rusa en estos días de acumulación de fuerzas militares estadounidenses frente a Venezuela. En aquellos días yo era corresponsal de elDiario.es en Bruselas, y lo que trasladaba el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea eran los esfuerzos de Europa por estar en una mesa de negociaciones en las que se sentaban solo rusos y estadounidenses para hablar de la seguridad de Europa, en la línea de lo que hemos estado viendo también estos meses con la Administración Trump.
Y también se trasladaba esa sensación de desconcierto por cuáles serían los siguientes pasos de Putin. ¿Se quedaría en unas simples maniobras de amedrentamiento como decía Moscú? ¿Se lanzaría a una incursión limitada como la de Crimea en 2014?
Lo que casi nadie preveía es lo que pasó: una invasión en toda regla con carros de combate acechando Kiev en las primeras horas del 24 de febrero de 2022.
Pero lo que sí se oía en todos aquellos días eran voces de alerta, de alarma, de condena, de censura por lo que estaba pasando. Es más, ya se venía de sanciones internacionales por la invasión de Crimea, que se han ido multiplicando hasta una veintena de rondas de sanciones europeas en estos cuatro años.
Y el propio Borrell viajó a Moscú para verse con el ministro de Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, justo un año antes de la invasión rusa y se encontró con diplomáticos expulsados y alusiones a los independentistas encarcelados por el 1-O.
Los movimientos diplomáticos, políticos y las presiones de toda índole se venían sucediendo ante lo que a ojos de la comunidad internacional, al menos la UE y el G7, eran unos tambores de guerra ensordecedores.
Hasta tal punto es así, que recuerdo la víspera de la invasión como si fuera ayer: se venía de varios días en los que diferentes fuentes apuntaban a que el ataque sería inminente tras el reconocimiento por parte de Moscú de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, y que pasaría de madrugada: y así fue, a eso de las 600 de la mañana supimos que estaba ocurriendo la invasión. Ese mismo día, el 24 de febrero, se celebró un Consejo Europeo extraordinario y reducido en Bruselas aún con medidas postpandemia en el que los líderes empezaron a anunciar sanciones –se acabó aprobando la expulsión de los bancos rusos del sistema de comunicación SWIFT– y ayuda militar a Ucrania.
Y a esos mismos 27 líderes europeos, que aprobaron sanciones, que denunciaron la acumulación de tropas en la frontera con Ucrania, que movilizaron recursos políticos, mediáticos y diplomáticos –en la ONU, en el G-20– para proteger a Ucrania, ahora no se les oye ante lo que está ocurriendo en el Caribe y el Pacífico Oriental, frente a las costas de Venezuela y Colombia, cuyos dos presidentes están sometidos a sanciones por parte de EEUU, uno por «narcoterrorista» y el otro por «narco» a secas. Y todo sin aportar ninguna prueba.
Del mismo modo que la comunidad internacional lleva dos años evidenciando un doble rasero entre la invasión rusa y el genocidio israelí; entre las sanciones de todo tipo a Rusia y de ningún tipo a Israel; entre la defensa del pueblo ucraniano –con ingentes cantidades de dinero, armas y acogimiento de refugiados– y el abandono al pueblo palestino; en estas semanas se ha evidenciado también que la vida de las 83 personas asesinadas en aguas internacionales por bombardeos estadounidenses no parecen importar mucho, y que la acumulación de soldados, con portaaviones incluido, no merece gran cosa, más allá de las condenas expresadas por Naciones Unidas (e inadvertidas para la UE). ¿Se pueden denunciar las violaciones de derechos humanos, civiles y políticos cometidos por las autoridades venezolanas dentro de su territorio pero no los cometidos por las autoridades estadounidenses, asesinatos incluidos, frente a las costas venezolanas? ¿Se puede hablar de presos políticos y conceder el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, quien defiende la injerencia de EEUU en su país, y dejar impunes las muertes en el Caribe?
¿Qué hará Trump?
En efecto, la posibilidad de ataques en suelo venezolano, anunciados por el presidente de EEUU, Donald Trump, tampoco parece levantar muchas cejas en la UE ni en los gobiernos que la componen, donde ningún país reconoce la victoria electoral de Nicolás Maduro del 28 de julio de 2024 por la ausencia de actas que validen con transparencia los resultados, en línea con lo denunciado en su momento por los observadores de Naciones Unidas y la Fundación Carter. ¿Acaso eso justifica mirar a otro lado ante las ejecuciones sumarias y los tambores de guerra?
Mientras tanto, numerosas líneas aéreas, entre ellas Iberia y Air Europa, han cancelado los vuelos a Venezuela tras las advertencias estadounidenses por la actividad militar en la zona sin que se hayan oído grandes protestas.
Las preguntas que surgen estos días en Washington son como las que oíamos hace cuatro años en Bruselas: ¿Qué querrá Trump? ¿Es sólo amedrentar? ¿Estará forzando la marcha de Nicolás Maduro y ya? ¿Está preparando acciones de sabotaje dentro del país para generar un caos que tumbe al Gobierno y colocar a Corina Machado, que lleva meses alentando una intervención extranjera en su país? ¿Está sopesando bombardeos específicos en dependencias militares con la excusa de que eran plazas dedicadas al «narcoterrorismo del Cártel de los Soles»? ¿Y un ataque al Palacio de Miraflores? ¿Y si el ataque es del tipo de los del Mossad contra Hizbulá en Líbano? ¿Y si a Trump, el presidente del «drill, baby, drill», le bastara con un acuerdo con Maduro que le diera un acceso ingente al petróleo venezolano como el que negoció con Volodímir Zelenski para las tierras raras ucranianas? En un mundo en el que el presidente de EEUU ha impuesto el escaso respeto a las reglas internacionales salvo las del más fuerte y que le sean de su conveniencia, en el que está poniéndolo todo patas arriba con sus aranceles arbitrarios, cobra sentido que empatice con el presidente ruso, que a su vez se saltó las normas internacionales en una invasión que va para cuatro años y que, según afirma la Casa Blanca, está suponiendo 25.000 muertos al mes –eso significaría más de un millón de muertos en todo este tiempo por ambos bandos–.
Informes oficiales que contradicen a Trump
Nadie tiene la respuesta. Solo Trump y, como no se cansa de repetir a los periodistas, no se lo va «a contar a la prensa». Pero lo que todo el mundo sabe en Washington es que algo está cociéndose que va más allá de los 83 asesinatos extrajudiciales en supuestas aguas internacionales.
Hasta tal punto es así, que hace unas semanas el Senado votó una resolución –War Powers Reolution, WPR– que buscaba frenar un ataque a Venezuela por la vía de exigir una autorización del Congreso para ir a la guerra. Aquella votación tumbó la resolución 49-51, pero con la reapertura de la Cámara de Representantes tras el cierre del Gobierno, se ha registrado una nueva resolución para ser votada en los próximos días. En este caso, no se menciona explícitamente un ataque a Venezuela, sino a los cárteles, lo que puede resultar un error táctico en tanto que los republicanos están expresando muchos menos problemas con los asesinatos extrajudiciales de supuestos «narcoterroristas» que con la idea de meterse en una operación para derrocar a Maduro.
En relación con las presuntas narcolanchas, varios senadores demócratas están pidiendo que se publique el supuesto informe del Departamento de Justicia, que adelantó The New York Times, que supuestamente concede amparo legal a los ataques en el Caribe y el Pacífico.
Existen muchas dudas jurídicas sobre ello, en tanto que la base legal de ese informe, según publica este martes The Guardian es que se trata de un mecanismo de defensa regional ante la amenaza de los cárteles a países aliados como México, y que la violencia está financiada con los cargamentos de droga. Un argumento que difiere del de la Casa Blanca, en tanto que no es el que usa Trump en sus comparecencias públicas, cuando habla siempre de que los ataques buscan evitar la entrada en EEUU de cargamentos de drogas «que podrían llegar a matar a 25.000 estadounidenses».
El problema es que la Administración Trump ha sido incapaz de ofrecer una sola prueba de lo que dice en ninguno de los 21 ataques cometidos desde el 2 de septiembre. “Pocas decisiones son más trascendentales para una democracia que el uso de la fuerza letal. Por ello, creemos que la desclasificación y publicación de este documento es fundamental para reforzar la transparencia en el uso de fuerza mortal por parte de nuestras Fuerzas Armadas, y necesaria para garantizar que el Congreso y el pueblo estadounidense estén plenamente informados sobre la justificación legal que respalda estos ataques”, escriben los senadores demócratas en la carta enviada a la Fiscal General, Pam Bondi, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, solicitando la desclasificación y publicación del dictamen escrito por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia.
El 70%, en contra de atacar
Mientras tanto, se ha publicado en las últimas horas que quizá Trump esté dispuesto a entablar una conversación con Maduro, cuenta Axios. Una noticia que llega en paralelo a la designación de Maduro como terrorista en tanto que integrante del supuesto cártel de los Soles, una organización fantasma que utiliza Washington para estrechar el cerco sobre los gobernantes venezolanos. Y que también coincide con el hecho de que el general Dan Caine, el estratega militar detrás de la operación de Trump en el cerco a Venezuela, se ha desplazado a Trinidad y Tobago y a Puerto Rico, donde están estacionados hasta 10.000 soldados, marineros y pilotos en bases militares reacondicionadas después de dos décadas abandonadas.
Al mismo tiempo, el contexto en el que se desenvuelve la Administración Trump es el de que el 70% de la ciudadanía estadounidense se opone a una intervención militar en Venezuela, según una encuesta de la cadena CBS.
¿Qué acabará pasando? ¿Quedará todo en redoble de tambores? ¿Atacará EEUU Venezuela? ¿Cuántas personas más morirán asesinadas en el Caribe y el Pacífico? ¿Derrocará Trump a Maduro? Se verá con el tiempo, y todo indica que se verá con el silencio cómplice de buena parte de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea y sus 27 gobiernos, entre ellos el español. Los mismos 27 que presionaron a los países latinoamericanos en la cumbre de la UE-CELAC de julio de 2023 para denunciar la invasión rusa, pero que en la misma cumbre de estos días en Bogotá no se han movido para denunciar las agresiones y amenazas de la Casa Blanca.
Andrés Gil. Corresponsal en Washington