“Feliz Año Nuevo a todos los iraníes en las calles. También a todos los agentes del Mossad que caminan junto a ellos…”(Mike Pompeo)
En el corazón de Persia, cuna de “Las mil y una noches”, se libra una batalla silenciosa con algoritmos, sanciones y narrativas diseñadas para sofocar. Cuando señalamos que la nube digital global reposa en manos de corporaciones occidentales no podíamos omitir una verdad incómoda: el control de la información también es un instrumento de soberanía para los estados, más si están sitiados.
No es mal visto que la mitad de la humanidad dependa de seis empresas estadounidenses, se celebra como triunfo de un ecosistema abierto. Pero cuando el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán gestiona el flujo digital durante un apagón de internet de semanas, Occidente lo tacha de censura totalitaria. La paradoja es reveladora: el monopolio es una cuestión de perspectiva geopolítica. Lo que para unos es infraestructura global, para el otro es un arma; lo que para Teherán es un cortafuegos de supervivencia, para Washington es prueba de tiranía.
En las calles de Teherán, Isfahán y Mashhad, el eco de las protestas que han resurgido a finales de 2025 no resuena como un grito contra los pilares de la Revolución, sino como un rechazo directo y enfocado a políticas económicas específicas percibidas como de corte neoliberal, particularmente el presupuesto nacional vetado en diciembre de ese año que recortaba subsidios históricos y aumentaba impuestos indirectos. Es un clamor por justicia económica en medio de un temporal desatado desde fuera, pero con un detonante interno claro y preciso.
La hiperinflación que devora salarios, la devaluación del rial y la escasez de medicinas se exacerban ante lo que gran parte de la población ve como una capitulación del Gobierno electo a recetas externas de austeridad. Este artículo busca navegar más allá de la simplificación mediática para explorar las raíces de esta crisis, los sectores que sangran bajo el embargo y cómo la compleja red de alianzas internas y la colaboración con China y Rusia tejen un colchón de resistencia, mientras las protestas se centran en un desacuerdo de política económica, no en un cuestionamiento al sistema.
Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, ha tejido una red de sanciones que trasciende lo financiero para convertirse en coerción política total. No solo se congelan activos por más de 100.000 millones de dólares; se busca asfixiar la economía en su nivel más básico. Estas medidas, reimpuestas en 2018 y escaladas en 2025, se visten con el ropaje de la no proliferación nuclear. En la práctica constituyen una guerra económica no declarada, una violación flagrante de principios humanitarios que, lejos de debilitar al establishment, alimentan su narrativa antiimperialista.
Como documentó el Relator Especial de la ONU, estas sanciones equivalen a un “castigo colectivo”. Generan un fenómeno de “sobrecumplimiento” bancario que bloquea incluso transacciones permitidas para alimentos y medicinas. En un mundo donde Occidente estrecha la mano de regímenes autoritarios en Riad o El Cairo, el caso de Irán muestra un orden internacional profundamente sesgado.
La economía iraní, dependiente en un 40-50% de los hidrocarburos, ha sido golpeada por sanciones desde su revolución, con una escalada destructiva en las últimas dos décadas. El congelamiento de fondos dibuja un patrón de agresión financiera sistemática. Tras 1979, Washington congeló unos 12.000 millones de dólares. Entre 2006 y 2015, resoluciones de la ONU y la UE sumaron entre 50.000 y 70.000 millones más. La reimposición de sanciones en 2018 añadió otros 40.000 millones. Y la reactivación de 2025 agregó al menos 20.000 millones más. Estas cifras tienen una traducción humana devastadora. El costo acumulativo se estima en más de 1,2 billones de dólares desde 2011. Por ciudadano, esto representa una pérdida de aproximadamente 14.000 dólares en ingresos per cápita potenciales.
Los sectores más castigados constituyen un mapa de la devastación estratégica. El sector energético ha visto cómo sus exportaciones de crudo caían de 2,5 millones de barriles diarios en 2011 a poco más de 1,5 millones en 2025. La producción se ha contraído entre un 16% y un 26%, dejando infraestructura obsoleta y causando apagones recurrentes. El sector financiero vive una asfixia paralela. La designación del Banco Central de Irán como entidad terrorista en 2019 ha resultado en el congelamiento de entre 100.000 y 120.000 millones en activos en el extranjero. Esto ha elevado el costo de las transacciones internacionales y ha provocado una depreciación del rial cercana al 500% desde 2018, alimentando una inflación proyectada en el 60% para 2026. La manufactura opera a menos de la mitad de su capacidad, con un desempleo juvenil que roza el 30%. Sectores como la construcción, la minería y la agricultura no escapan a la lógica del colapso.
Es en este contexto de asfixia externa donde las decisiones económicas internas adquieren una dimensión explosiva. Las protestas de finales de 2025, que llevaron a cierres masivos del Gran Bazar de Teherán y de mercados clave en otras ciudades, tuvieron un catalizador inmediato y concreto: el rechazo al presupuesto nacional propuesto para 2026, un documento que muchos analistas y actores económicos internos calificaron de «neoliberal» por su paquete de ajuste. Dicho presupuesto, negociado bajo la inmensa presión de la crisis fiscal agravada por las sanciones, proponía reducciones significativas en los subsidios a la energía y los alimentos –pilares del contrato social posrevolucionario–, junto con aumentos en los impuestos al consumo (IVA) y a las transacciones financieras y un ajuste de salarios por debajo de la inflación.
Para la base social de la República, desde los comerciantes bazaaris hasta las clases populares urbanas, esto representaba un doble castigo: el impuesto por las sanciones occidentales más un ajuste interno que cargaba el peso de la crisis sobre los hombros de la mayoría. Por ello, las consignas en las calles no apuntaban al Líder Supremo ni al sistema teocrático, sino al Gobierno del presidente Pezeshkian y a su gabinete económico, acusándolos de implementar las recetas del Fondo Monetario Internacional bajo otro nombre. La ira, por tanto, estaba perfectamente dirigida: era una revuelta fiscal, un rechazo a un modelo económico específico percibido como ajeno y lesivo, no una insurrección existencial.
Esta crisis no es solo resultado de políticas domésticas erráticas, sino la consecuencia calculada de una campaña de desestabilización geopolítica que luego encuentra un punto de ignición interno. Israel, con respaldo estadounidense, ha llevado a cabo una guerra en la sombra de ciberataques y sabotajes. Estados Unidos utiliza las sanciones con el pretexto de contener el programa nuclear iraní, pero el efecto real es perpetuar un ciclo de inestabilidad que beneficia a los complejos militares industriales occidentales. La hipocresía es descarnada: Washington condena el programa nuclear iraní, sometido a inspecciones intrusivas, mientras hace la vista gorda ante el arsenal nuclear no declarado de Israel y firma megacontratos de armamento con Arabia Saudita.
Los costos humanitarios son la página más negra, sistemáticamente subestimada. La “sobreconformidad” bancaria significa que pacientes con cáncer o enfermedades raras se ven privados de medicamentos porque ningún banco europeo se atreve a procesar el pago. Estudios en The Lancet han asociado las sanciones unilaterales con aumentos en las tasas de mortalidad. En Irán esto se traduce en miles de muertes evitables al año. La pobreza afecta a entre un tercio y más de la mitad de la población. Las protestas nacen de esta privación material extrema, agravada por la percepción de que el Gobierno responde con políticas de austeridad impopulares. El núcleo del malestar es la lucha por la supervivencia diaria y el rechazo a un ajuste considerado injusto.
En medio de esta tormenta, surge un fenómeno crucial: la solidez de las relaciones entre los grandes comerciantes (bazaaris), el Líder Supremo Ali Jamenei, y los objetivos de la Revolución. Esta es una alianza histórica forjada en 1979. Los bazaaris vieron en la Revolución un baluarte contra la dominación económica extranjera. Su lealtad a Jamenei se sustenta en un entendimiento mutuo: protección estatal y acceso a redes que priorizan la soberanía económica.
Cuando protestan, sus consignas no son “Abajo la República Islámica”. Son “Reforma o nada”, y se dirigen de manera precisa contra el Gobierno y su presupuesto de corte neoliberal. Es un reclamo dentro del sistema, una presión para rectificar el rumbo económico. Jamenei, significativamente, no condenó las protestas en su esencia, sino que instó al Gobierno a «escuchar las quejas legítimas del pueblo», posicionándose como árbitro por encima del debate económico cotidiano.
Maneja este descontento canalizando recursos hacia instituciones leales como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán CGRI. Este rentismo actúa como un mecanismo de cohesión. Las protestas funcionan, así como una “válvula de escape” para demandas económicas específicas, desactivando la narrativa occidental que sueña con una revolución de colores.
Frente al aislamiento, Irán ha ejecutado un “giro hacia el Este” estratégico. China, principal socio comercial, ha tendido un cable de vida a través del Acuerdo Estratégico de 25 años. Hasta 2025, las inversiones chinas superaban los 4.700 millones de dólares. China compra más de un millón de barriles diarios de petróleo iraní con descuentos, proporcionando un flujo vital de divisas. Esta colaboración es pragmática: China obtiene energía segura e Irán recibe tecnología y un aliado en el Consejo de Seguridad.
Rusia ha consolidado una alianza que trasciende lo circunstancial. El Tratado de Asociación Estratégica Integral de 2025 formaliza la cooperación en economía, energía y seguridad. El comercio bilateral planea duplicarse mediante el uso de monedas locales y el desarrollo del Corredor Internacional Norte-Sur. En defensa, los ejercicios conjuntos y la transferencia de tecnología fortalecen las capacidades de disuasión. Unidos en los BRICS, Teherán, Moscú y Pekín presentan un frente común que contrarresta el unilateralismo occidental.
Irán se encuentra en una encrucijada definida por la presión externa y la resiliencia interna. Asediado por sanciones que congelan su riqueza, encuentra fortaleza en alianzas orientales y en una cohesión social donde el descontento se canaliza hacia reclamos económicos precisos, como el rechazo a un presupuesto neoliberal, dentro del marco del sistema. Occidente ignora tanto los costos humanitarios como la capacidad de resistencia de la sociedad iraní, perpetuando un ciclo que solo fortalece a los más duros en Teherán.
La lección es clara: las sanciones económicas maximalistas no promueven la democracia, son armas de guerra que empobrecen a pueblos soberanos y a menudo precipitan medidas de austeridad interna que generan inestabilidad. Irán emerge no como víctima pasiva, sino como un faro complejo de resistencia nacional, donde incluso las protestas masivas se articulan como un debate económico interno sobre cómo distribuir los costos de un asedio externo, no como un desafío a la soberanía revolucionaria.
En el naciente orden multipolar, la verdadera fuente de desestabilización no emana de Teherán, sino de aquellos centros de poder que pretenden dictar, mediante el hambre y la coerción financiera, el futuro de las naciones que osan defender su independencia. La pared de cristal del asedio es alta, pero desde dentro, Irán sigue escribiendo su propia historia, y sus ciudadanos, al protestar contra un presupuesto, están definiendo los términos de su propia resistencia económica.
Fuente: https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2026/01/14/la-pared-de-cristal-la-resistencia-irani/