El 3 de enero de 2026, luego de un asedio ininterrumpido de 19 semanas con la tecnología militar más letal del mundo, que dejó un saldo de 105 personas asesinadas acusadas de ser narcotraficantes sin prueba alguna, Estados Unidos invadió Venezuela, violando el derecho internacional. El imperio en declive bombardeó Caracas, Aragua y La Guaira y secuestró al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, dejando asesinados a 32 militares cubanos, 24 militares venezolanos y decenas de civiles. Con semejante asedio militar, a la vez que presionaban sobre el gobierno venezolano, presionaban y presionan aún a los gobiernos de Cuba, México, Colombia, Brasil, Centro América, el Caribe y Sudamérica, para obtener de ellos concesiones económicas y, algo muy importante para Estados Unidos, que tomen distancia de China (aumentándole los aranceles, como es el caso de México, por ejemplo, o expulsándola de rutas marítimas fundamentales, como es el caso reciente de Panamá).
En realidad, el asedio reaccionario e imperialista contra Venezuela empezó bastante pronto. Poco tiempo después de que Hugo Chávez ganara las elecciones nacionales (a fines de 1998), en abril de 2002 la oposición le dio un golpe de Estado cívico-militar e intentó asesinarlo. Dos días después el pueblo venezolano repuso a H. Chávez como presidente de su país.
Desde entonces, son varios los momentos en que la oposición intentó desestabilizar y hacer caer a los gobiernos de Chávez y Maduro. Así, por ejemplo, entre 2002 y 2003 se dio un sabotaje petrolero nacional que duró 63 días. La oposición, altos ejecutivos y sectores sindicales paralizaron PDVSA, exigiendo la renuncia de Hugo Chávez; ocasionaron pérdidas económicas por un valor de 20 mil millones de dólares.
En mayo de 2004 son detenidos 50 paramilitares colombianos en una hacienda del municipio Baruta, propiedad de Roberto Alonso, líder del grupo opositor “Bloque Democrático”. El caso es conocido como “Rancho Daktari”.
Luego, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, entre febrero y marzo de 2014, se dieron protestas violentas a nivel nacional, conocidas como “La Salida”, con el objetivo de sacar a Maduro del poder. En febrero de 2015 se dio un intento de golpe de estado que fue desmantelado (“Operación Jericó”), se planeaba un ataque aéreo al palacio presidencial. En abril de 2017 se dieron nuevamente protestas violentas con varios meses de duración. En abril de 2018 se desarticula una célula terrorista (Operación “Gedeón II”) que buscaba desestabilizar al país.
En agosto de 2018 se da un atentado terrorista contra Maduro con drones explosivos. En abril de 2019 se dio un levantamiento militar (“Operación Libertad”) liderado por Juan Guaidó, que fracasó en pocas horas.
A esto hay que agregar la retención de 31 toneladas de oro que son parte de las reservas internacionales de Venezuela y que están depositados en el Banco de Inglaterra. La oposición venezolana pugna por quedarse (ilegalmente) con esas reservas. La cuestión está en litigio en los tribunales ingleses.
La lucha contra el gobierno de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro se presentaba como una lucha contra una dictadura. Este argumento no dejó de estar presente nunca, hasta la fecha, a pesar de que el chavismo y posteriormente el madurismo ganaron 32 elecciones nacionales y regionales. En las elecciones de julio de 2024 Maduro ganó con más del 51% de los votos; sin embargo, la oposición alegó que hubo fraude y que ellos ganaron con el 70% de los votos. Empero, luego del atentado terrorista contra Venezuela el propio Trump dijo que no le entregaría el poder a Corina Machado porque no tiene el respeto necesario del pueblo para ejercer el cargo. No es una casualidad desde luego que después del secuestro del presidente Maduro no se diera en Venezuela ni una sola movilización de la oposición para reivindicar el acto terrorista de Estados Unidos.
Las medidas unilateralmente impuestas a Venezuela por Estados Unidos, como las sanciones económicas del 2013 al 2019, provocaron una pérdida del 98% de los ingresos económicos de Venezuela por concepto de exportación de petróleo, como lo muestra Francesca Albanese. Luego del bloqueo económico, el producto interno bruto se contrajo en un 80% hasta el 2021, según el Fondo Monetario Internacional, y se produjo una hiperinflación que América Latina no había conocido jamás, alcanzando una tasa anual de 130.060% en 2018. Como consecuencia de la crisis económica, se produjo un éxodo de 7.8 millones de venezolanos. No obstante que la crisis tiene su origen en gran medida en las sanciones económicas, los medios de comunicación han transmitido la idea de que la crisis tuvo su origen en las políticas públicas de los gobiernos de Chávez y Maduro.
No obstante la profundidad de la crisis económica, el gobierno de Maduro logró un crecimiento económico ininterrumpido durante 19 trimestres. El año 2025 Venezuela logró un crecimiento económico del 9%, siendo el país que más creció en Latinoamérica ese año. Desde luego, para los grandes medios de comunicación este hecho incontestable no ha sido motivo de mayores comentarios.
Lo que tenemos delante de nuestros ojos es una lucha de clases en la que la clase dominante estadounidense procura el control del petróleo y de otros recursos naturales existentes en Venezuela. Por su parte, la oligarquía venezolana ha buscado alcanzar el mismo objetivo, y asaltar el poder político, pero subordinada a los Estados Unidos. En ese marco también se han desenvuelto las acciones del gobierno venezolano, lo que no hay que dejar a un lado al momento de hacer un análisis de los hechos ocurridos en este período de tiempo (1999-2026).
Aún hoy en día, después del atentado terrorista del 3 de enero, el pueblo y el gobierno venezolanos siguen amenazados por los buques de guerra y la tecnología militar de los Estados Unidos. No hay tregua para Venezuela. En medio de todos los obstáculos, empero, la dirigencia maniobra para continuar adelante.
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